El FA se decidió a aumentar las penas para combatir al delito

Desde el año 2012 impulsa más sanciones a pesar de resistencias internas

E

n los últimos cinco años, es decir desde la administración de José Mujica hasta hoy, el Frente Amplio viró en parte su concepción sobre cómo enfrentar a la delincuencia y empezó a aceptar aumentar las penas para varios delitos. El cambio se impulsó pese a que algunos legisladores de izquierda rechazan que se siga ese camino para controlar la violencia en la sociedad, que también es creciente, según datos oficiales.

En los últimos dos gobiernos del Frente, el anterior y el actual, se mantuvo al mismo ministro, Eduardo Bonomi, y a Jorge Vázquez como subsecretario, pero el presidente Tabaré Vázquez anunció en abril "un cambio de rumbo" en materia de seguridad.

En el primer gobierno de Vázquez (2005-2010) se optó por atacar las causas sociales que llevan al delito. Además se votó la ley de humanización carcelaria que liberó presos que hubieran cumplido parte de su condena. La oposición puso el grito en el cielo. El ministro del Interior de entonces era el socialista José Díaz.

En este nuevo período de Vázquez, y con reclamos de la sociedad que ubica al tema seguridad como la principal preocupación según las encuestas, el gobierno optó por seguir la línea del anterior y aceptó aumentar algunas penas, aunque no al nivel que lo reclaman blancos y colorados.

Una de las promesas electorales del hoy presidente fue bajar las rapiñas 30% al final del período.

El último aumento de penas se aprobó esta semana en el Senado –el proyecto irá ahora a Diputados– y refirió al narcotráfico y los crímenes transfronterizos. Fue uno de los proyectos acordados entre el Frente, la oposición y Vázquez en el marco de los encuentros sobre seguridad en la Torre Ejecutiva.

Ahora ingresó al Senado un nuevo proyecto para aumentar la pena mínima para el delito de homicidio de dolo eventual, y considera un agravante el matar a un policía, un juez o un fiscal (ver nota abajo)

La nueva posición del Frente, fue "felicitada" por el senador colorado Pedro Bordaberry, que en el debate del miércoles sobre narcotráfico marcó lo que consideró "un cambio del Frente Amplio" que ahora acepta subir las penas. Esa "felicitación" no fue aceptada por la bancada oficialista.

Para la izquierda, el tratamiento a la delincuencia y su reinserción es un tema sensible.

En este período, para aumentar penas, la bancada debió aplicar la disciplina partidaria con el objetivo de alinear a los legisladores.

Las senadoras Constanza Moreira (Casa Grande) y Daisy Tourné (Socialista) dijeron que votaban a "disgusto" y "con más dudas que certezas" el proyecto sobre narcotráfico. La senadora Daniela Paysée (Frente Liber Seregni) opinó que aumentar penas "per-se" no soluciona los problemas y "no es la política del Frente Amplio".

Bordaberry retrucó con informes internacionales sobre los efectos en la baja del delito que implica aumentar penas y pidió pensar también en las víctimas y en las personas honestas.

Cronología

No es la primera vez que el Frente recurre a la mano dura, término que rechaza el ministro Bonomi que prefiere hablar de "mano justa".

En el año 2012, el Parlamento votó la ley 19.007 que subió las sanciones para los delitos contra la administración pública y tráfico de pasta base.

Al año siguiente se aprobó la ley 19.055 que aumentó la pena para los menores que cometen delitos graves y gravísimos. Se propuso subir de 5 a 10 años la pena de privación de libertad para esos menores.

El defensor de oficio de adolescentes, Daniel Sayagués, dijo en aquel entonces a El Observador que la baja de las reincidencias se debió a que se cortaron las fugas y se estableció un mínimo de 12 meses efectivos de privación de libertad a los adolescentes de entre 15 y 17 años que cometieron rapiñas.

A fines del gobierno de Mujica, en agosto de 2014, se aprobó la ley 19.247 que aumentó las penas por porte, comercialización y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.

Ese año también se aprobó la ley 19.196 de responsabilidad penal de los empresarios por su presunta culpa en accidentes laborales. Las cámaras empresariales rechazaron esa ley. En los hechos, desde su aprobación, bajaron los accidentes laborales y no hubo empresarios presos, según se destacó desde el sindicato de la construcción, uno de los sectores más expuestos.

En marzo de 2014, Mujica impulsó un proyecto que estableció 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría para los que contravengan normas sobre la explotación de juegos de azar en lugares públicos o de acceso al público. El gobierno anterior y el actual intentaron regular las tragamonedas que operan sin controles.

En 2015, ante el problema del robo de ganado, el Ejecutivo propuso un proyecto para el delito de abigeato, aumentó las penas y estableció agravantes para algunos casos. El Parlamento también lo votó.

Cuatro proyectos en marcha


Hasta ahora cuatro proyectos sobre seguridad, de los acordados con el presidente Tabaré Vázquez, tienen sanción de una de las dos cámaras parlamentarias. Esos textos llegaron hace dos meses al Parlamento. Desde el Partido Nacional hubo quejas por la lentitud en el tratamiento, mientras que desde el Partido Independiente, el senador Pablo Mieres –impulsor de las negociaciones– dijo que se trabaja "a un ritmo satisfactorio".



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