Economía y Empresas > Otro paso
El fin del secreto bancario abre la puerta a un nuevo debate
Las bancos deberán dar información a la DGI y fiscos del extranjero
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24 de junio de 2016 a las 05:00
En el marco de los compromisos asumidos por Uruguay para intercambiar con otros países datos tributarios y financieros en forma automática, el gobierno se apresta a instrumentar cambios legislativos en ese sentido. Expertos consultados por El Observador coincidieron en que el tema será objeto de un intenso debate cuando se ponga a consideración del Parlamento.
La implementación de ese tipo de operaciones no será de un día para el otro, y primero Uruguay deberá corregir algunos aspectos legales como la modificación de la ley que ampara al secreto bancario. Este es un tema que varios tributaristas miran con recelo por el riesgo de vulnerar algunos derechos consagrados en la Constitución, mientras que otros expertos consideran que no hay mucho espacio para negarse a la apertura en materia de acceso a la información tributaria que están pautando las economías desarrolladas.
Esta semana, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri anunció durante un seminario de Tributación en Asunción que el Poder Ejecutivo enviará próximamente al Parlamento un proyecto que incluirá "una nueva flexibilización del secreto bancario". La iniciativa obligará a informar los saldos depositados a fines de cada año de "todos los cuentahabientes" para que sean conocidos por la DGI y las administraciones tributarias extranjeras, según informó el semanario Búsqueda. La exigencia de informar saldos bancarios abarcará tanto a personas físicas como jurídicas.
En diálogo con El Observador, el catedrático de Derecho Tributario Aplicado de la Universidad ORT, Alberto Varela, indicó que una ley que disponga el levantamiento del secreto bancario con carácter general y sin intervención de la Justicia sería "irremediablemente inconstitucional".
La implementación de ese tipo de operaciones no será de un día para el otro, y primero Uruguay deberá corregir algunos aspectos legales como la modificación de la ley que ampara al secreto bancario. Este es un tema que varios tributaristas miran con recelo por el riesgo de vulnerar algunos derechos consagrados en la Constitución, mientras que otros expertos consideran que no hay mucho espacio para negarse a la apertura en materia de acceso a la información tributaria que están pautando las economías desarrolladas.
Esta semana, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri anunció durante un seminario de Tributación en Asunción que el Poder Ejecutivo enviará próximamente al Parlamento un proyecto que incluirá "una nueva flexibilización del secreto bancario". La iniciativa obligará a informar los saldos depositados a fines de cada año de "todos los cuentahabientes" para que sean conocidos por la DGI y las administraciones tributarias extranjeras, según informó el semanario Búsqueda. La exigencia de informar saldos bancarios abarcará tanto a personas físicas como jurídicas.
En diálogo con El Observador, el catedrático de Derecho Tributario Aplicado de la Universidad ORT, Alberto Varela, indicó que una ley que disponga el levantamiento del secreto bancario con carácter general y sin intervención de la Justicia sería "irremediablemente inconstitucional".
De todas formas, en el gobierno aseguran que la intervención judicial seguirá presente.
Varela dijo que en el 2011 la ley 18.718 estableció que para levantar el secreto bancario, la DGI debe probarle al juez que existen indicios objetivos que hacen presumir razonablemente la existencia de "evasión tributaria".
Varela explicó que el secreto bancario forma parte del derecho fundamental a la privacidad y a la intimidad de las personas. "El intercambio automático de información bancaria sin intervención judicial es lo mismo que querer darle al fisco –o peor, a los fiscos extranjeros–, la facultad de intervenir teléfonos sin intervención judicial, o hacer un allanamiento sin intervención judicial, o intervenirle el mail a un contribuyente sin intervención judicial", afirmó el abogado.
Por su parte, el abogado tributarista Carlos Loaiza indicó que era previsible que el gobierno se inclinara por un proyecto con estas características en el marco de los compromisos asumidos en el Foro de Transparencia Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
No obstante, indicó que eso no lo exime de tener que "enfrentar" y "superar" controversias técnicas. En primer término, por el lado de los derechos individuales contemplados en la Constitución, y en segundo lugar, por el lado de las prácticas operativas, que no es seguro que se logren implementar en los plazos comprometidos.
Loaiza indicó que podría aprobarse una ley para que el secreto bancario sea levantado sin necesidad de autorización judicial como hasta ahora, e interpretarse que con esa modificación alcanza para abandonar el secreto bancario como se le conoció hasta ahora. Pero también dijo que se puede entender que esto no sea suficiente porque se vulneran derechos protegidos constitucionalmente.
El experto indicó que una línea a favor del levantamiento del secreto bancario supone que el concepto de intimidad no abarca a la intimidad económica en cuanto a que las personas deben ser transparentes respecto a su capacidad contributiva. Además, se podría considerar que el hecho de que no haya intervención de un juez no supone que no haya una protección jurisdiccional; y tercero, que la obtención de información es una medida preparatoria y cautelar para asegurar el cobro de los impuestos.
En tanto, Martha Roca, del departamento impositivo de Ernst & Young, sostuvo que el gobierno está "muy abocado" a mantener los compromisos con la OCDE y de transparencia internacional para que Uruguay siga considerado como un país que cumple con los estándares de transparencia internacional. "Nos hemos tratado de despegar del concepto de paraíso fiscal y ahora estamos en las antípodas. Es como que pasamos de ser el peor de la clase a ser el abanderado", dijo.
A comienzos de junio, Uruguay ratificó ante la OCDE su compromiso de avanzar para la aplicación de los acuerdos automáticos de información fiscal sin orden judicial previa con terceros países a partir de setiembre de 2018. Esa iniciativa es llevada adelante por 82 jurisdicciones, y está previsto que comience a ser implementada por 54 países a partir de setiembre de 2017.
Varela explicó que el secreto bancario forma parte del derecho fundamental a la privacidad y a la intimidad de las personas. "El intercambio automático de información bancaria sin intervención judicial es lo mismo que querer darle al fisco –o peor, a los fiscos extranjeros–, la facultad de intervenir teléfonos sin intervención judicial, o hacer un allanamiento sin intervención judicial, o intervenirle el mail a un contribuyente sin intervención judicial", afirmó el abogado.
Por su parte, el abogado tributarista Carlos Loaiza indicó que era previsible que el gobierno se inclinara por un proyecto con estas características en el marco de los compromisos asumidos en el Foro de Transparencia Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
No obstante, indicó que eso no lo exime de tener que "enfrentar" y "superar" controversias técnicas. En primer término, por el lado de los derechos individuales contemplados en la Constitución, y en segundo lugar, por el lado de las prácticas operativas, que no es seguro que se logren implementar en los plazos comprometidos.
Loaiza indicó que podría aprobarse una ley para que el secreto bancario sea levantado sin necesidad de autorización judicial como hasta ahora, e interpretarse que con esa modificación alcanza para abandonar el secreto bancario como se le conoció hasta ahora. Pero también dijo que se puede entender que esto no sea suficiente porque se vulneran derechos protegidos constitucionalmente.
El experto indicó que una línea a favor del levantamiento del secreto bancario supone que el concepto de intimidad no abarca a la intimidad económica en cuanto a que las personas deben ser transparentes respecto a su capacidad contributiva. Además, se podría considerar que el hecho de que no haya intervención de un juez no supone que no haya una protección jurisdiccional; y tercero, que la obtención de información es una medida preparatoria y cautelar para asegurar el cobro de los impuestos.
En tanto, Martha Roca, del departamento impositivo de Ernst & Young, sostuvo que el gobierno está "muy abocado" a mantener los compromisos con la OCDE y de transparencia internacional para que Uruguay siga considerado como un país que cumple con los estándares de transparencia internacional. "Nos hemos tratado de despegar del concepto de paraíso fiscal y ahora estamos en las antípodas. Es como que pasamos de ser el peor de la clase a ser el abanderado", dijo.
A comienzos de junio, Uruguay ratificó ante la OCDE su compromiso de avanzar para la aplicación de los acuerdos automáticos de información fiscal sin orden judicial previa con terceros países a partir de setiembre de 2018. Esa iniciativa es llevada adelante por 82 jurisdicciones, y está previsto que comience a ser implementada por 54 países a partir de setiembre de 2017.
