El fin del secreto bancario

La larga agonía del secreto bancario en Uruguay, iniciada hace casi tres años, tiene ahora fecha de defunción para el año próximo

La larga agonía del secreto bancario en Uruguay, iniciada hace casi tres años, tiene ahora fecha de defunción para el año próximo. Lo confirmó hace pocos días el ministro de Economía, Danilo Astori, al ratificar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el compromiso de nuestro país sobre intercambio automático internacional de información fiscal sin necesidad de una previa orden judicial. La desaparición del secreto bancario tiene para Uruguay varias consecuencias importantes. Una es que la Dirección General Impositiva (DGI) pasará a tener facultades ampliadas para investigar rentas de personas y empresas con el fin de combatir la evasión tributaria. La acrecentada autoridad de la DGI para hurgar en cuentas personales y de empresas, especialmente en el exterior, conducirá a abatir la evasión y mejorar consecuentemente la recaudación fiscal.

Otra es que, al aceptar las exigencias de la OCDE en este campo, bajo presión de las economías más poderosas que integran ese organismo, se librará del estigma de ser centro de lavado de capitales ilícitos. Esta sombra ha disminuido desde las épocas en que la OCDE mantenía a nuestro país en una lista negra como paraíso fiscal. Pero persiste en cierta medida por las acciones del narcotráfico mundial, que da señales de aterrizar en Uruguay, y de algunas de las revelaciones de los frondosos Panamá Papers. Tiene también el efecto de ahuyentar los capitales de no residentes, mayoritariamente argentinos, que estaban depositados en instituciones uruguayas para escapar a las incertidumbres de su país bajo el kirchnerismo.

Pero este tema ha perdido trascendencia por la emigración ya en proceso de esos capitales, por combinación de nuestra marcha hacia el fin del secreto bancario y de la instalación de un gobierno más confiable en Argentina, que ya ha ofrecido un benevolente plan de blanqueo para depósitos en el exterior. Se sostiene además que integrarse a las más de 90 naciones adheridas al acuerdo de intercambio automático de información fiscal fortalece la reputación uruguaya de seriedad y puede contribuir a ser un factor adicional de atracción para la inversión, tabla de salvataje que busca la administración Vázquez ante los actuales sinsabores financieros del país.

Astori se comprometió con la OCDE, en la reciente reunión en París, a que en setiembre de 2018 Uruguay esté plenamente incorporado al bloque mundial de naciones consideradas transparentes. Para cumplir esa meta el país tiene que completar el levantamiento del secreto bancario con fines tributarios en el curso de 2017 y empezar desde ya a encarar la modificación de la ley que hasta ahora protegía a las cuentas de personas físicas y empresas, fueran o no residentes, a menos que existiera orden judicial para investigarlas. Uruguay ya tiene acuerdos bilaterales concretados o en vías de negociación con 33 países para el intercambio de información fiscal con fines de control tributario.

Bajo el nuevo régimen ese intercambio se ampliará a la mayor parte del mundo. Lo importante es que en este nuevo paso se ofrezca a los ciudadanos todas las garantías del debido proceso y se eviten las malsanas “expediciones de pesca”. El Ministerio de Economía anunció que constituye “uno de los pilares más importantes de la inserción internacional del país”. El concepto es un tanto optimista, ya que la verdadera inserción internacional es concluir acuerdos de libre comercio con el resto del mundo, algo que el gobierno procura y su Frente Amplio sigue obstaculizando.


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