El franqueo de Franco

¿Por qué Franco Macri tomó la decisión de comprar el Correo por US$100 millones en 1997?

Por Dardo Gasparré

En 1997, al filo del siglo XXI, solo alguien fuera de sus cabales podía ofrecer US$ 100 millones anuales para operar el Correo argentino. No solo la competencia de los correos privados había aniquilado el interés comercial del otrora monopolio estatal, sino que era notorio que la época de la carta en papel iba camino a la muerte, como el chasque o la diligencia.

¿Por qué Franco Macri, que no estaba precisamente fuera de sus cabales, tomó semejante decisión? Y aquí empieza un análisis de fondo, para que el público uruguayo entienda mejor que el argentino el tema, sin distorsiones, operaciones de prensa ni pasiones políticas o ideológicas.

Lo que hizo papá Macri, (para evitar confusiones lo llamaremos Franco, su nombre-oxímoron) es lo mismo que hizo tantas veces en su carrera empresaria. Y lo que hicieron muchos otros, algunos por valores mayores en las últimas siete décadas - y no cuento a los kirchnertestas Lázaro Báez & amigos, porque esa es de otro fuero judicial. El truco comienza al conseguir un contrato con el Estado. Puede ser una licitación para construir cualquier cosa, o para dar servicios tecnológicos, o una tercerización para dar servicios de documentación personal, una privatización o similares. No importan demasiado las evaluaciones de rentabilidad. Lo que importa es tener un contrato con el Estado.

A partir de ese momento, empieza una escalada. Primero el privado trata de subir el precio de lo que se factura por alegadas fallas o adicionales en que habría incurrido el Estado o a bajar el canon por iguales razones. Luego va construyendo un caso para tener bases para un juicio en contra del Estado, siempre multimillonario, siempre por culpas en que pareciera que el Estado incurriese deliberadamente. En la inmensa mayoría de los casos, el juicio contra el país prospera por sentencias favorables y otras veces el Estado deja caer los plazos procesales y pierde el pleito.

La etapa siguiente es el modo de pago de esa sentencia, que se resuelve por el pago liso y llano o por arreglos compensatorios con el privado, que suelen ser más gravosos que todo lo descripto. En este proceso, se pierde de vista el objeto original del contrato. Por eso en la larga historia del prebendarismo argentino hay tantos ejemplos de obras que empiezan y jamás concluyen. Son solo excusas para litigar contra el Estado bobo. Basta analizar los legajos de las últimas décadas de Cartellone, Roggio, Calcaterra, Pescarmona, Chediak, Petersen, Techint, Panedile, Siemmens, y una larga lista para ver repetido como en un juego de espejos el procedimiento. Como el juicio suele durar varios años y varios gobiernos, el gobierno que paga no es nunca el que contrató, con lo que se esfuman las responsabilidades hasta la nada. ¿Se trata de la comisión de delitos? No. De ningún modo. Es solo alguien inteligente negociando con alguien bobo.

Para los grandes contratistas, se trata de un negocio a largo plazo. Sus sistemas de lobby y sus organizaciones jurídicas suelen ser tan grandes como sus estructuras técnicas. Por lo menos los costos. Franco ha recorrido estos caminos muchas veces, como tantos otros. En 1994, por caso, el Banco Central dejó caer exprofeso los plazos para incluir en la quiebra de un banco de la familia Bulgheroni a Bridas, la empresa emblemática de la familia, que ésta había comprometido como garantía de la deuda de su fallida entidad. La orden emanó directamente del presidente Menem. Cito este caso como ejemplo, por su alevosía, pero hay muchos miles (sic) similares. El viernes el gobierno rescindió sin causa un contrato con Odebrecht, futuro juicio milmillonario perdido.

El proceso de quiebra de la empresa de Correos, que estalla ahora por la puerilidad e impericia del aparato de Cambiemos, que nunca debió meterse en el tema, es anecdótico. La ley de quiebras, otrora una pieza de fuste, fue reemplazada por leyes progresistas de bajo nivel jurídico, que permiten que los concursados licuen sus deudas hasta la nada, (sobre todo con alta inflación) beneficiando solo a algunos jueces, síndicos y cómplices que terminan administrando eternamente la empresa, so pretexto de preservar las fuentes de trabajo. Las cifras de indexación que han arrojado el peronismo y sus fiscales no tienen ningún valor legal. Se basan en aplicar criterios e índices prohibidos por las leyes. Es solo efectismo político. En la realidad, la quiebra del correo con este arreglo o sin él, vale cerca de cero.

Pero, como en una prueba de cartomancia de René Lavand, el querido mago argentino que solía acompañar sus trampas de una sola mano con la frase “no se puede hacer más lento”, el truco está en otro lado. El truco está en los juicios de Franco contra el estado. Esos juicios sí se indexan, sí tienen intereses, sí tienen efecto internacional, sí se ganan y sí se pagan. ¿Cuánto suman esos pleitos? Nadie lo sabe. Seguramente algunos cientos de millones de dólares, cuando se hagan las cuentas. Desesperado por el error cometido, Mauricio salió a decir que volverá todo a fojas cero y que se incluirá en un paquete de negociación tanto los juicios a favor como los juicios en contra, con un equipo de los tres poderes, inquisidor y supervisor. Nadie imagina cómo se haría algo así. Prestidigitación jurídica que puede hacer que Franco termine cobrando del Estado en vez de pagarle. Como siempre.

De paso, si la idea presidencial prospera, no vendría mal revisar todos los casos de juicios de contratistas y licitadores contra el estado, con el mismo sistema que Macri hijo propone para este caso. Tal vez se pueda ahorrar algún punto de déficit, sin exagerar. Grandes contratistas que han tenido y tienen juicios contra el país comparten la mesa con el Presidente y siguen simultáneamente ganando adjudicaciones. O usando los juicios ganados para negociar nuevas concesiones. Los contratos de Cerro Dragón y Chevron no han sido revisados ni investigados por nadie, pese a que su importancia es mucho más grande. ¿Será que son perfectos? Sería raro. PAE, la empresa de la familia Bulgheroni que tenía la explotación de Cerro Dragón hasta 2017, recibió sin licitación en 2007 una prórroga anticipada de 40 años en ese contrato provincial/nacional, con condiciones que no resisten el análisis de un perito mercantil. Bulgheroni no era hijo de Néstor Kirchner, claro.

Una referencia para entender mejor lo consolidado y añejo de estas costumbres. En los ochenta denuncié en mi columna de Ámbito Financiero que la ciudad de Buenos Aires había renovado el contrato a Manliba, una empresa recolectora de basura de Franco, sin licitación alguna. El gerente general, un joven ejecutivo, me llamó para pedirme que escuchara a sus abogados que tenían una explicación adecuada. Lo hice. La explicación era así: Franco le había ganado un juicio con otra de sus empresas, por otro tema, a la Ciudad. En vez de pagarle la sentencia, se había acordado que en compensación se le renovaría la concesión de Manliba. Pedí entonces la sentencia: el estado había dejado caer los plazos y había perdido el juicio deliberadamente. Pero eso no se podía probar, claro. El joven gerente general, que entonces ni soñaba con ser político, era Mauricio Macri.

No se puede hacer más lento...