El Frente, la Corte y una colección de reproches

El oficialismo y los magistrados cruzan críticas y reclamos en la opinión pública cada vez que pueden
Con la Constitución en el medio del debate, y después del descanso de enero, el Frente Amplio (FA) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) reactivaron en febrero un enfrentamiento que desde 2013 sube de tono. Las nuevas críticas del presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, al Poder Ejecutivo por la falta de fondos otorgados y las acusaciones de "avasallamiento" del oficialismo por el fallo de la corporación contra la ley 19.310 que buscó zanjar el diferendo salarial entre los judiciales y el gobierno fueron los últimos motivos que tensaron la relación.

Mientras la Corte volvió a alzar la voz tras el levantamiento de la feria judicial, en el Frente Amplio la reacción llegó después del feriado de Carnaval, cuando los legisladores comienzan a planificar el año legislativo.

Durante una entrevista con El Observador TV Pérez Manrique afirmó el jueves 11 que el conflicto salarial "envenenó" la relación entre los magistrados y el Poder Ejecutivo. Pero más allá de esa "toxicidad" las diferencias vienen antes.

Los reclamos de más presupuesto por parte de la Corte son constantes desde el Presupuesto de 2010 y además se sucedieron en cada Rendición de Cuentas. La piola se tensó más cuando en el Presupuesto 2015, en medio del conflicto salarial, el Frente Amplio no otorgó fondos incrementales para el Poder Judicial.

Las partes se enfrentan en un reclamo de la norma presupuestal anterior por los enganches de los sueldos de los ministros de Corte.

Mientras sube el tono del debate y ahora la Corte anuncia que dejará de pagar la tasa de saneamiento por no tener fondos, el oficialismo tiene dentro de sus prioridades para el 2016 elaborar una reforma constitucional que entre otros aspectos contemple modificaciones al sistema de justicia.
Aunque todavía no hay un plan definido, en reiteradas entrevistas los líderes del MPP, los senadores José Mujica y Lucía Topolansky plantearon la posibilidad de crear un Tribunal Constitucional fuera de la órbita del Poder Judicial.

Aquel verano de 2013


Las críticas del oficialismo a las autoridades judiciales comenzaron a levantar temperatura en el verano de 2013 cuando la Corte dispuso el traslado de la jueza penal Mariana Mota y también resolvió las inconstitucionalidades del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y de la ley interpretativa de la Ley de Caducidad.

Si bien la semana pasada quien levantó la voz fue el sector Asamblea Uruguay, liderado por el ministro de Economía, Danilo Astori, el expresidente Mujica (2010-2015) fue en los últimos años uno de los abanderados de las críticas a la Corte. Es que durante su período fueron declaradas inconstitucionales normativas consideradas fundamentales para el oficialismo. "Al parecer la Constitución se opondría a que pague más el que más se beneficia. Entonces, habrá que plantearse cambios constitucionales", dijo Mujica en 2013 al conocerse el fallo contra el ICIR.

Además Mujica también tuvo en contra una resolución que lo obligó a sustituir el ex ministro de Salud, Jorge Venegas, por estar inhabilitado para ejercer el cargo.

Uno de los temas que embarcó a toda la izquierda contra la Justicia fue el traslado de Mota, que ocupaba el juzgado penal con más investigaciones sobre desapariciones ocurridas en dictadura (1973-1985). Tanto la primera línea del Frente Amplio como el PIT-CNT salieron al cruce de la resolución.

En ese momento el excanciller y actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo a La Diaria que con el traslado "pierden las víctimas". "Habrá dinosaurios contentos", afirmó.

Más allá de fallos adversos, el Frente Amplio también tuvo resoluciones a su favor. En 2008 la Corte falló a favor del Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS), que había sustiuido el IRPF a los jubilados, normativa que sí había sido considerada inconstitucional. En 2009 la corporación declaró inconstitucional la Ley de Caducidad y cambió una posición de 20 años. En tanto, en 2013 e desestimaron recursos la normativa que habilitó la patente única y en 2014 contra la ley de Faltas.


Las perdidas


Conflicto salarial

En diciembre de 2015 fueron declarados inconstitucionales los artículos 2, 8 y 9 de la ley 19.310, aprobada en 2014 en busca de solucionar un diferendo salarial entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Los astoristas acusaron a la Corte de generar "riesgo institucional" por tomar atribuciones exclusivas del Parlamento como fijar salarios e interpretar normas, según entienden.

La ley de Pluna

El cierre de la exaerolínea Pluna enredó al Frente Amplio al punto tal que el proceso tuvo un fallo en contra de la Suprema Corte de Justicia. En noviembre de 2013 tres de los cinco ministros de la corporación advirtieron que los artículos 1, 2 y 3 de la ley que creó el fideicomiso de Pluna violan la Constitución. La consecuencia inmediata del fallo fue la anulación del pasaje de los aviones al fideicomiso y el remate. En ese sentido, los aviones de la exaerolínea que se mantenían a salvo del concurso de acreedores, pasaron a la masa concursal para ser rematados nuevamente pero con la finalidad de pagar las deudas que dejó la empresa. Los juicios con acreedores se mantienen hasta hoy.

Impuesto al campo

Los artículos 1 y 2 del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) fueron declarados inconstitcuionales por entender que "la propiedad inmueble rural únicamente puede ser gravada mediante impuestos departamentales o nacionales de carácter adicional de inferior cuantía a los departamentales". El oficialismo aprobó un impuesto sustitutivo.

Traslado de la jueza Mota

La jueza Mariana Mota fue trasladada en febrero de 2013 del juzgado penal de séptimo turno hacia uno civil. La magistrada era una de las que investigaba más casos sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura. Dirigentes del Frente Amplio, del PIT-CNT y radicales marcharon contra el Poder Judicial. Hubo incidentes y detenidos. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) rechazó el reclamo que Mota impulsó contra la Corte por su traslado. El fallo sostuvo que el traslado se produjo junto al de otros siete jueces.

Caducidad

La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley que restableció en el artículo 1° el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en la dictadura y además eliminaba su prescripción. En la práctica el fallo cerró la posibilidad a abrir nuevas investigaciones.


Las ganadas

La revancha con el IASS

Después de que en 2007 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas solo para el caso de los jubilados, el Frente Amplio impulsó el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social como un tributo exclusivo para los pasivos. La Corte falló en favor del nuevo impuesto pese a sucesivos recursos.

El Sucive y la ley de faltas

En 2013 la Suprema Corte de Justicia falló en favor de la ley que estableció el Sistema Único de Cobros Vehiculares, normativa que puso fin a la guerra de patentes entre intendencias y es presentada como uno de los mayores logros de la administración de José Mujica (2010-2015). En 2014 la Corte desestimó recursos contra la ley de faltas. La normativa promovida por el Ministerio del Interior consagró que la pena siempre debe ser de entre siete y 30 días de trabajo comunitario y renovó las infracciones a sancionar.




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