Nacional > Elecciones
El Frente quiere limitar el dinero de privados en las campañas electorales
Promueve una ley de partidos para que el Estado se haga cargo de la financiación
Tiempo de lectura: -'
26 de abril de 2016 a las 05:00
La izquierda considera que, cuando se trata de financiar partidos políticos, el dinero que sale de las arcas del Estado es más confiable que aquel que proviene del bolsillo de empresarios privados. A esos billetes, creen, es más fácil de seguirle el rastro y, además, no genera conflictos de intereses o compromisos de los que es difícil prescindir cuando se llega a cargos de gobierno.
Por eso, la bancada de senadores del Frente Amplio instruyó a José Mujica, Rafael Michelini y Enrique Pintado para que acuerden con la oposición nuevas normas de la financiación de los partidos, aspirando a limitar al máximo los aportes privados. Para eso, se plantean la creación de una comisión especial que redacte las normas legislativas pertinentes.
En un escrito al que tuvo acceso El Observador elaborado el martes 19 por la bancada de senadores de la izquierda se establece que esos acuerdos deben perseguir varios objetivos, y entre ellos destacan "el compromiso de los partidos políticos con la ética de la responsabilidad y la reserva moral que debe guiar todo el accionar del sistema democrático y republicano".
En ese sentido, se señala que es necesario "aumentar la confianza de la gente en el sistema político que los representa, promoviendo un marco legal que clarifique absolutamente la relación de los partidos políticos con el dinero y con el sector privado, aventando toda duda sobre eventuales conflictos de intereses".
La izquierda considera necesario "diseñar un marco legal que garantice que el funcionamiento de los partidos políticos tenga máxima autonomía del financiamiento privado, promoviendo equidad, donde los recursos para invertir en campañas electorales provengan exclusivamente del erario público, adherentes y aportes de quienes ocupan cargos en representación de cada partido político".
Además, propone "penalizar severamente las transgresiones al nuevo marco legal que se logre consensuar con todos los partidos políticos" y "promover la implementación de campañas políticas a la medida de la cultura cívica y ciudadana" de Uruguay, donde "la cercanía con la gente y el cara a cara, predominen claramente sobre las campañas basadas en marketing publicitario".
Asimismo, planea profundizar la concresión de convenios con fundaciones u organismos internacionales para mejorar los conocimientos en gestión pública.
.
"El desarrollo de la actividad política concebida como una actividad de servicio no debería depender de la capacidad que se tenga de recibir apoyos privados. Por ello, otra pregunta que deberíamos realizarnos refiere a si en un país como el nuestro, con la población, distancias y cultura cívica que tenemos, se justifica la inversión millonaria en publicidad electoral, fundamentalmente en los canales de televisión. ¿Es correcto que los partidos en campaña electoral nos presentemos de una manera similar a la que lo hacen los productos que se comercializan en el mercado?", preguntó el legislador.
Por otra parte, el diputado del MPP Daniel Caggiani anunció el jueves 21 en el semanario Búsqueda que tiene previsto presentar tres proyectos de ley para obligar a los políticos a prestar declaraciones juradas sobre sus patrimonios y el financiamiento de sus campañas electorales
Por eso, la bancada de senadores del Frente Amplio instruyó a José Mujica, Rafael Michelini y Enrique Pintado para que acuerden con la oposición nuevas normas de la financiación de los partidos, aspirando a limitar al máximo los aportes privados. Para eso, se plantean la creación de una comisión especial que redacte las normas legislativas pertinentes.
En un escrito al que tuvo acceso El Observador elaborado el martes 19 por la bancada de senadores de la izquierda se establece que esos acuerdos deben perseguir varios objetivos, y entre ellos destacan "el compromiso de los partidos políticos con la ética de la responsabilidad y la reserva moral que debe guiar todo el accionar del sistema democrático y republicano".
En ese sentido, se señala que es necesario "aumentar la confianza de la gente en el sistema político que los representa, promoviendo un marco legal que clarifique absolutamente la relación de los partidos políticos con el dinero y con el sector privado, aventando toda duda sobre eventuales conflictos de intereses".
La izquierda considera necesario "diseñar un marco legal que garantice que el funcionamiento de los partidos políticos tenga máxima autonomía del financiamiento privado, promoviendo equidad, donde los recursos para invertir en campañas electorales provengan exclusivamente del erario público, adherentes y aportes de quienes ocupan cargos en representación de cada partido político".
Además, propone "penalizar severamente las transgresiones al nuevo marco legal que se logre consensuar con todos los partidos políticos" y "promover la implementación de campañas políticas a la medida de la cultura cívica y ciudadana" de Uruguay, donde "la cercanía con la gente y el cara a cara, predominen claramente sobre las campañas basadas en marketing publicitario".
Asimismo, planea profundizar la concresión de convenios con fundaciones u organismos internacionales para mejorar los conocimientos en gestión pública.
.
"El desarrollo de la actividad política concebida como una actividad de servicio no debería depender de la capacidad que se tenga de recibir apoyos privados. Por ello, otra pregunta que deberíamos realizarnos refiere a si en un país como el nuestro, con la población, distancias y cultura cívica que tenemos, se justifica la inversión millonaria en publicidad electoral, fundamentalmente en los canales de televisión. ¿Es correcto que los partidos en campaña electoral nos presentemos de una manera similar a la que lo hacen los productos que se comercializan en el mercado?", preguntó el legislador.
Por otra parte, el diputado del MPP Daniel Caggiani anunció el jueves 21 en el semanario Búsqueda que tiene previsto presentar tres proyectos de ley para obligar a los políticos a prestar declaraciones juradas sobre sus patrimonios y el financiamiento de sus campañas electorales
