El garrote y la zanahoria

Debate en torno a las asignaciones familiares como estímulo para enviar los hijos a la escuela
Marina Arismendi y Ana Olivera, principales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), proponen desde hace algunos años que no se quiten las asignaciones familiares a quienes incumplen con las contrapartidas, como enviar a sus hijos a la escuela o realizarles controles periódicos de salud.

Entienden que esa penalización implica "culpabilizar" doblemente a familias ya de por sí muy desfavorecidas.

"Si el Estado no puede ir a buscar a 7.000 niñitos que se le escaparon de la escuela, bueno... cerremos", comentó Arismendi hace unos años. Sin embargo algunas autoridades de la Enseñanza, empezando por Héctor Florit, consejero de Primaria, sostienen que la coerción es una de las herramientas básicas para estimular la asistencia a clases, según comprobaciones científicas.

Las asignaciones familiares, una partida de dinero por embarazada y por hijo para los hogares de menores ingresos, se establecieron por ley de 1943, junto a los Consejos de Salarios.

Su forma y monto han ido variando. Hoy el Banco de Previsión paga unas 485.000 asignaciones familiares, que benefician a la mitad de la población menor de 18 años. Casi 400.000 de esas transferencias integran el Plan de Equidad, bajo control del Mides.
El monto es muy variable: entre 350 y 1.400 pesos por mes por el primer hijo, según una escala decreciente. A cambio, los beneficiarios deben cumplir algunas obligaciones elementales (https://www.bps.gub.uy/3540/plan-de-equidad.html).
La pobreza disminuyó de manera drástica en Uruguay desde el fin de la crisis de 1999-2002, pero aún afecta a unos 330.000 personas, la mayoría radicadas en la capital del país y su área metropolitana. La pobreza se calcula según métodos cuantitativos, en función del ingreso en dinero y poco más, lo que permite comparaciones internacionales.

Pero la pobreza y la marginación también tienen una dimensión síquica y cultural que son mucho más complejas de medir –y de erradicar.

La pobreza en general sube y baja según la coyuntura económica. Pero el desempleo entre la población más pobre es tres o cuatro veces superior al que afecta a las clases medias y altas. Y hay un núcleo duro, unas 140.000 personas que viven en 30.000 hogares, incapaz de beneficiarse durante los períodos de auge.

Esa población padece viviendas inadecuadas, hacinamiento, violencia familiar, embarazo adolescente, deserción escolar, escasa o nula calificación laboral, discapacidades físicas o sicológicas, adicciones y antecedentes delictivos.


En esta discusión merodea cierta desconfianza en torno a las motivaciones político-partidarias de la dirección del Mides, un feudo del Partido Comunista desde que fue creado, salvo en el período 2011-2015, cuando José Mujica destituyó a Ana Vignoli y lo cedió al Partido Socialista.
El Mides, una de las caras bonitas del Estado, es un escaparate mucho más codiciado que, por ejemplo, el peliagudo Ministerio del Interior. Algunos desean que el Mides dependa menos de los mandos de turno y un poco más de criterios objetivos.
Y hay otro asunto de fondo: cuánta coerción, cuánta libertad. Es una discusión antigua e interminable, en Uruguay y en el mundo, que determina la arquitectura de las políticas sociales. No es un punto trivial sino de primera importancia: práctica, ideológica y moral.

El dilema entre el garrote y la zanahoria viene desde el fondo de los tiempos. En la mayoría de los casos, se opta por una combinación de ambos a la vez, aunque la tendencia dominante sea en favor de la libertad.

Una combinación de garrote con zanahoria acabó casi por completo con los niños que mendigaban por las calles de Montevideo: la amenaza de penalizar a los padres por incumplir con los deberes de la patria potestad, y la promesa de asistirlos con dinero si los enviaban al médico y a la escuela.
La actitud de esos padres, como la de los automovilistas ante los nuevos controles electrónicos de velocidad y semáforos, dice –como Albert Camus– que buena parte de las personas finge respetar el derecho y sólo se inclina ante la fuerza. Una multa de 8.000 pesos por exceso de velocidad es inolvidable, y además objetiva: casi no hay razón de queja.
Hay mucha literatura sobre estos asuntos y una gran variedad de experiencias. Pero, en resumidas cuentas, los planes sociales sin coerción –sin una sanción concreta y conocida para quienes incumplen el contrato– pueden ser tan nocivos como la pobreza misma.

Es un principio moral y práctico que todo derecho se sostenga en obligaciones. Dar a cambio de nada suele ser asistencialismo, paternalismo o mera demagogia.

Sin obligaciones a cambio, los planes sociales degeneran en dádiva permanente; tienden a perpetuar la pobreza pues ayudan a convertirla en una cultura, una forma de vida; y estimulan la creación de nuevos pobres. Al fin, no es un camino hacia más justicia y libertad, sino hacia la servidumbre.


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