Opinión > EL HECHO DE LA SEMANA/ M. ARREGUI

El gato arriba de la mesa

Las Fuerzas Armadas deberán reducir sus pasividades, mientras esperan que la Nación resuelva qué quiere de ellas
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03 de junio de 2017 a las 05:00
El Parlamento tendrá que considerar una reforma del sistema de jubilaciones militares: una discusión que sangra más al gobierno, otra vez dividido, que a la oposición, y en el que se juegan muchos votos de gente sencilla.

La cabeza de uno de los bandos es el ministro de Economía, Danilo Astori, quien esgrime razones financieras y de justicia; y enfrente está el MPP de los viejos guerrilleros tupamaros, que lideraron el Ministerio de Defensa Nacional entre 2010 y 2016 y mantienen un extraño vínculo de comprensión mutua con los soldados.

En 2015 el gobierno transfirió 400 millones de dólares al Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Este segmento del sistema de pasividades, que paga casi 55.000 prestaciones mensuales, es por lejos el que requiere mayor asistencia por persona: unos 8.000 dólares por afiliado y por año.

Uruguay tiene la población más envejecida de América Latina y el peso de la seguridad social es grande y en aumento. Las condiciones mínimas para jubilarse son relativamente benignas, según una comparación internacional, por lo que sólo cabe esperar un endurecimiento progresivo: más aportes, más edad para el retiro, menos retribuciones.

Los agujeros en el presupuesto del Estado, que son grandes desde 2012, se tapan con una creciente deuda pública. Entonces, cuando el agua ya llega a la cintura, se tiende a una mayor rigurosidad, como quien recorre su casa arreglando goteras y apagando luces.

De hecho, el proyecto de reforma del Servicio de Retiro y Pensiones militares es una transacción que empalidece los deseos originales de Danilo Astori, bastante más radicales.

El jueves, en Búsqueda, el ministro advirtió que el ensanchamiento del déficit puede ser "una de las peores consecuencias del adelantamiento de los tiempos" electorales, ya que, "queriendo obtener ventajas desde el punto de vista político", se toman decisiones "que perjudican al país, particularmente en el terreno fiscal".

Desde la restauración democrática en 1985, todos los gobiernos redujeron el gasto militar, en términos absolutos y relativos. Al fin de la dictadura, el presupuesto de Defensa significaba el 3,61% del PBI, y en 2014 equivalía al 1,1%. La inversión fue raquítica y el material, salvo los fusiles y poco más, es casi simbólico.

(Las misiones de paz en el exterior, en Camboya, Mozambique, Angola, Haití o RD Congo, sirvieron para mejorar una parte del equipo, como los blindados, y para elevar el entrenamiento y los ingresos de la tropa).

Un recorte similar ocurrió en Argentina después de la guerra del Atlántico Sur de 1982, aunque otras naciones del área, como Venezuela, Colombia, Chile o Brasil, mejoraron radicalmente sus armas durante los años de auge de las materias primas.

Sin embargo los militares uruguayos conservan un sistema de retiro relativamente ventajoso perfeccionado durante la dictadura. Comparado con el sistema común, la edad de retiro promedio de los militares es muy baja: 49 años. Y los haberes máximos son más de 100% superiores a los topes que impone el BPS para las mejores jubilaciones civiles.

El proyecto de ley que ingresó al Parlamento aumenta la edad para el retiro militar, incrementa los años de aportes, sube las contribuciones de los afiliados y fija un tope de la jubilación de $ 101.108 pesos al día de hoy. Propone una larga fase de transición entre el sistema actual y el nuevo, para respetar derechos adquiridos, por lo que la reforma –si es aprobada– demorará muchos años en beneficiar a los contribuyentes.

En buena parte del mundo los sistemas de jubilaciones y pensiones se crearon a partir de los militares. No sólo formaban un cuerpo ordenado, con reglas estrictas y de largo plazo, sino que además casi monopolizaban la fuerza bruta. En Uruguay el sistema comenzó a erigirse sobre un decreto de 1838, que fijó una pensión para los militares en retiro incapacitados, y que luego se extendió gradualmente a los funcionarios públicos.

Es cierto que la función militar tiene sus peculiaridades, como las tienen la tarea policial o el deporte profesional. No se concibe a un anciano saltando de un helicóptero para marchar y combatir. Pero el retiro para los militares no es necesariamente el fin de sus días laborales: suelen desarrollar otras tareas remuneradas, en otros ámbitos.

Estas cuestiones remiten a otras. La función de las Fuerzas Armadas y su misma existencia es un debate que asoma, más implícito que explícito, por aquí o por allá, y que al final siempre se evade. Los militares uruguayos sufren un menoscabo material y moral permanente por viejas cuentas mal saldadas, y porque pegarles se ha vuelto gratuito.

Mientras tanto, con sus equipos bajo mínimo e incapaces de retener al personal especializado, no están en condiciones de controlar el espacio aéreo y el territorio marítimo, zonas abiertas al abuso y al saqueo.

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