El gobierno analiza si suscribe un convenio de OIT que limita despidos

En un momento de contracción de la economía –lectura sobre la que el gobierno y privados coinciden– y de negociaciones salariales con pautas discutidas por los trabajadores por entender que harán caer el salario real, el Poder Ejecutivo deberá decidir si aprueba el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que propone una serie de modificaciones que, según expertos laboralistas, obstaculizan el despido de personal.

El gobierno "se comprometió a estudiarlo" dijo ayer a El Observador el ministro de Trabajo Ernesto Murro. También adelantó que cualquier decisión que se tome será en diálogo con empresarios y trabajadores.

Nelson Loustaunau subsecretario de Trabajo, comentó que el gobierno "está obligado por otro convenio de la OIT" a establecer un mecanismo de consulta.

Según fuentes del PIT-CNT, el Ministerio de Trabajo tiene una opinión favorable al convenio, aunque ni Murro ni Loustaunau adelantaron su opinión. La posibilidad de restringir los despidos volvió a poner en veredas opuestas a empresarios y trabajadores.

El Poder Ejecutivo recibió en los últimos días una "minuta de comunicación" desde la Cámara de Diputados para que ratifique el acuerdo que establece que los despidos deben tener una causa justificada que además deberá probarse. La minuta fue promovida por un grupo de legisladores frenteamplistas.

El punto fue analizado a comienzos de abril por el presidente Tabaré Vázquez en una reunión que mantuvo con la cúpula del PIT-CNT. En ese encuentro, el presidente no dio su opinión pero tomó nota, dijo una fuente sindical.

En América Latina sólo Venezuela lo tiene vigente, elemento que las cámaras empresariales muestran como algo negativo. Brasil en un primer momento lo firmó y luego lo denunció, por lo que actualmente no está obligado a cumplirlo.

El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Washington Corallo, alertó que con ese tipo de instrumentos se puede lograr el efecto contrario al que se busca. "El beneficio que en teoría se persigue es inversamente proporcional a lo que proponen sus impulsores", dijo el empresario a El Observador. "No es bueno forzar a tener gente ni está bien visto que una empresa no pueda prescindir de personal si las condiciones cambian", explicó. Para el empresario no se puede pretender que haya un sistema "de inamovilidad".

Los empresarios están convencidos de que el Convenio 158 provocará pérdidas de empleos y hará que los inversores no arriesguen tomando más personal. El directivo de la Cámara de Industrias, Andrés Fostik, opinó que "regular en base a más rigidez en el mercado laboral no protegerá al empleado y menos en las circunstancias actuales".

Desde el PIT-CNT se argumentó lo contrario, al entenderse que el objetivo es evitar los despidos unilaterales.

Se interpreta, según dijo a El Observador el dirigente Fernando Gambera, que el convenio "dará garantías" a los trabajadores. También afirmó que la central sindical mostró varias veces tener una posición negociadora.

"El PIT-CNT no es necio y tomó incluso la idea de apoyar una reducción de la semana laboral para mantener los puestos de trabajo. Nadie serrucha la rama donde está parado", dijo.

"La aprobación del convenio de la OIT –prosiguió el dirigente– va en la misma línea del proyecto de ley de insolvencia patronal por el cual se busca crear un fondo que financie créditos laborales cuando una empresa cierra o es vaciada", agregó. Ese fondo, explicó Gambera, se hubiera activado en casos como los de Fripur o el de Metzen y Sena.

A nivel de especialistas en materia laboral, el convenio de la OIT es un alerta respecto a sus efectos en el mercado laboral.

Un documento del estudio Pérez del Castillo & Asociados concluyó que aunque el despido seguirá siendo libre, habrá "mayores restricciones" derivadas del cumplimiento de nuevas obligaciones. En el caso de despidos comunes deberá haber un preaviso y la justificación de esa medida. También deberá notificarse a los representantes sindicales y en todos los casos pagar indemnización. El convenio no establece la obligación de reintegrar a un trabajador injustificadamente despedido, según el documento del estudio jurídico.

El abogado Matías Pérez del Castillo dijo a El Observador que con el convenio de la OIT el empleador verá limitada "su potestad" de despedir a alguien. Respecto al impacto en el mercado laboral, comentó que "es de esperar que las selecciones de personal sean más rigurosas".

Tampoco descartó que aumenten los contratos laborales precarios (a prueba o a plazo) y disminuyan los contratos indefinidos.

La abogada Lissy Hernández, especialista en temas laborales, dijo a El Observador que el convenio 158 "es inconveniente" para un país que está ávido de recibir inversiones. Dijo que los abogados de firmas extranjeras "siempre preguntan si el país firmó ese convenio de la OIT, que es visto como negativo". Comentó que un trabajador tiene derecho a saber por qué motivos se prescinde de él, pero el convenio no sólo obliga a establecer las causas sino a "probarlas" e "ir dejando esa huella sobre conductas o rendimientos de un trabajador no es fácil para todas las empresas". Hernández se mostró de acuerdo con discutir los montos de las indemnizaciones y consideró que ese pago "es un poco corto" para los que llevan muchísimos años en un empresa.

La indemnización por despido son, como máximo, seis sueldos y es lo mismo para que el estuvo 5 años o 20 años en una empresa.