El gobierno apela a “líderes positivos” para bajar los delitos

La idea del ministro Eduardo Bonomi (Interior), ya transmitida al presidente José Mujica, es que la seguridad no es un problema sólo de la Policía por lo que debe abordarse con una “respuesta integral”. Para ello se buscarán alianzas con otros organismos, incluida la Intendencia de Montevideo, que deberán apoyar los trabajos de campo de los uniformados una vez que la Policía actúe en una zona. Según supo El Observador, los ministros Bonomi y Daniel Olesker (Desarrollo Social) ajustaron ayer con sus equipos, los detalles del plan que hoy presentarán al Consejo de Ministros que se reunirá en la residencia de Suárez en lo que se prevé una larga sesión.

Desde el Ministerio del Interior se informó a El Observador que en las zonas “deprimidas en materia de presencia del Estado”, donde faltan desde plazas hasta escuelas, la policía concretó una serie de incursiones que tuvieron éxitos puntuales pero no perduraron en el tiempo. Así hubo respuestas periféricas que cercaron barrios, se hicieron controles nocturnos, hubo requisa de armas, se revisó a los taxis que entraban a esas zonas y estuvieron los megaoperativos que involucraron a decenas de efectivos que, con orden de allanamiento, fueron en busca de delincuentes.

Esos operativos tuvieron el apoyo previo de tareas de Inteligencia. Esas medidas, que en buena parte respondieron a un reclamo de la población de mayor seguridad, generaron efectos positivos y dejaron claro que la policía entra a todas las zonas. No obstante, fuentes ministeriales consultadas ayer por El Observador reconocen que los esfuerzos “fueron insuficientes”.

De acuerdo a cifras del Observatorio de Criminalidad de Ministerio del Interior, en el primer semestre, las seccionales 16ª, que cubre desde Maroñas a Camino Maldonado y la 24ª del Cerro, fueron las que presentaron más rapiñas.

La propuesta del gobierno es que detrás de los operativos policiales ingresen a los barrios conflictivos los técnicos del Ministerio de Desarrollo Social para atender a la población. Eso se dio en forma parcial con servicios del Mides y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para la atención primaria de la salud.

En esta nueva etapa, se intentará una mayor agresividad de los servicios sociales e involucrar no sólo a Interior y Desarrollo Social, sino también a otros ministerios como Educación y Deportes que encararán las políticas de largo plazo.

Las autoridades del interior tienen la convicción que en los barrios con altos índices de delincuencia se forman “líderes negativos” vinculados a la droga, que sólo se podrán combatir con “líderes positivos”, como lo es un profesor de educación física trabajando en plazas de deportes públicas que serán remozadas. Ese es un ejemplo donde deberán intervenir el Ministerio de Deportes y la comuna, se explicó.

El Poder Ejecutivo había tomado nota del modelo colombiano que aplicó en la ciudad de Medellín, donde en 1991 dominaban las bandas de narcotraficantes. La estrategia en las tierras del narco Pablo Escobar, no fue llevar más policías sino invertir en educación. Interior invitó incluso el año pasado al experto colombiano Jorge Melguizo, de la alcaldía de Medellín, a dar una charla a los policías uruguayos. “Hemos llevado todas las herramientas del Estado a las zonas pobres donde el Estado no había llegado.

Cuando el Estado no llega, en Colombia, llega la guerrilla, los paramilitares, la mafia, los delincuentes y los politiqueros. Llegamos con soluciones integrales, con proyectos urbanos, sociales, culturales y educativos”, explicó en una entrevista con El Observador. El proyecto Medellín tentó a Bonomi que en setiembre pasado visitó Colombia junto a otros jerarcas ministeriales.

Las medidas de seguridad que se preparan ahora serán complementarias o forman parte de las anunciadas en junio cuando el tema ocupaba la mayor atención de la población. El Poder Ejecutivo busca que el Parlamento apruebe antes de fin de año los proyectos enviados, entre los que están la regulación del mercado de la marihuana, la internación compulsiva de adictos, el aumento a las penas a los menores delincuentes, y el que repara económicamente a los familiares de víctimas de homicidios que ocurrieran tras una rapiña, secuestro o copamiento.