El gobierno busca cambiar armas por computadoras o bicicletas

Aunque el nombre de la campaña no está oficialmente definido, en el gobierno piensan denominarla como “Armas por la vida”. “Se propone un canje de armas de fuego por armas del conocimiento, del trabajo y el esparcimiento”, explicó la fuente.

La decisión coincide con el avance –el año pasado y el presente– de los crímenes vinculados al narcotráfico que llevaron a la oposición a cuestionar la gestión ministerial. En la región varios países probaron con cierto éxito distintos planes de desarme. En algunos casos, como en Brasil, las campañas se idearon luego de una tragedia que involucró a armas de fuego en una escuela. En otros países, los problemas estructurales de seguridad como en Venezuela y Colombia, llevaron a las autoridades a establecer mecanismos de desarme voluntario e incluso a prohibir su porte en lugares públicos.

En Uruguay, las autoridades entienden que buena parte de las armas en poder de los delincuentes pertenecían a ciudadanos honestos que, por temor, un día decidieron armarse. En robos a casas los delincuentes se llevan las armas y hoy el mercado ilegal es tan grande como el registro de armas autorizadas.

La campaña que propone el Ministerio del Interior buscará contar con el apoyo de “socios estratégicos” como los ministerios de Turismo y de Vivienda y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) para que ayuden tanto con la difusión como con los costos.
Además, en forma paralela al canje de un arma por una computadora o una bicicleta, se lanzará una campaña de difusión para concientizar a la población sobre la obligación del registro legal de las armas. “Llevar un arma es un acto de responsabilidad y ese es el mensaje que se transmitirá” según se explicó a El Observador.

En varias ocasiones el ministro Eduardo Bonomi desaconsejó la compra de armas por parte de personas que no están preparadas para disparar porque, según dijo, se exponen a un riesgo mayor. El ministro repitió ese concepto incluso cuando hubo varios robos a comerciantes que repelieron a delincuentes armados que corrieron distinta suerte.

Tráfico

Las autoridades del Ministerio del Interior entienden beneficioso para la seguridad que la población civil se desarme y que sea la Policía la que combata a los delincuentes. El subsecretario Jorge Vázquez dijo a la prensa que “la Policía entra a todos los lugares que deba entrar”, y descartó que haya barrios controlados por bandas.

Buena parte del plan policial para terminar con el mercado ilegal de armas se dará a partir de la aprobación en el Parlamento de la ley que pasará a calificar como “delito” la tenencia irregular.

El texto que iba a ser tratado a fines del año pasado y quedó para las primeras sesiones de este año, aplicará penas duras a los que tengan armas en forma irregular. Tras su promulgación, los ciudadanos tendrán un plazo de seis meses para entregar su arma o legalizarla. De no hacerlo quedarán expuestos a penas de prisión de entre uno y 12 años. Se dará incluso más años de cárcel cuando una persona armada esté involucrada con una organización criminal.

Con esa base legal, el Ministerio del Interior está decidido a enfrentar el tráfico de armas que nutre a la delincuencia.

Tras la aprobación de la ley sobre armas –que el Poder Ejecutivo espera que sea sancionada por el Parlamento en marzo– se aumentarán las exigencias vinculadas a la tendencia.

El subsecretario Vázquez comentó el martes a El Observador que la aprobación de esa norma “es importante para la Policía” porque ayudará a enfrentar el mercado ilegal de armas y será el primer paso para contar con un registro nacional. Por otro lado, se pondrá en marcha un sistema de “identificación balística” que permitirá a la Policía saber con exactitud quién es el propietario de un arma o incluso conocer ese dato a partir de un casquillo que se encuentre en la escena de un crimen, explicó Vázquez.