El gobierno creará un FBI uruguayo para la investigación criminal

El Ministerio del Interior creará un grupo de investigación policial que se encargará de tareas similares al del famoso FBI de Estados Unidos, informó a El Observador el director nacional de Polícia, Mario Layera.

La repartición llevará el nombre de Dirección Nacional de Investigación Policial y centralizará las tareas que hasta ahora realizan distintas unidades de investigación repartidas en las 19 jefaturas departamentales, la Policía del Crimen Organizado, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Inteligencia y la Policía Científica.

El ministerio no tiene aún una fecha determinada para el inicio de su funcionamiento, que puede depender de cambios en la legislación.

Según Layera, si bien siempre se vio como "horizonte" la necesidad de tomar esa decisión, la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, vigente desde el 1º de noviembre, hizo que esta idea cobre mayor fuerza.

El objetivo de esta Dirección será la de homogeneizar la forma en la que investigan las distintas unidades policiales, y generar información que permita estudiar "fenómenos delictivos" y no solo delitos aislados, explicó Layera. "Llegó el momento de separar la seguridad de la investigación como ya lo han hecho otros países", dijo.

Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio del Interior consideran que el nuevo código permitirá trabajar más sobre fenómenos delictivos, en lugar de que solo se juzguen delitos aislados. Esto debido a que el cambio en el proceso penal no solo implicó pasar de un sistema escrito en el que los jueces dirigían las investigaciones a uno oral y con mayores garantías donde son los fiscales quienes lideran las investigaciones. También permitió reorganizar la forma en la que se reparten los casos, algo que, según la Policía, era una de las principales debilidades del código anterior.

Antes, los jueces se ocupaban solo de aquellos delitos que ocurrían en su turno, en una fecha y zona determinada. Sin embargo, si el mismo delincuente había cometido un crimen con características muy similares en otra zona, difícilmente se podían vincular ya que otro juez llevaba adelante esa investigación y la comunicación entre magistrados no era frecuente.

Ahora, en Montevideo –donde ocurre la mayoría de los casos–existen fiscalías especializadas en homicidios, drogas, delitos económicos y corrupción, delitos sexuales o de género, y de violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, la excesiva cantidad de tareas administrativas a la que se enfrentan los fiscales, así como los problemas del sistema informático de la Fiscalía denunciados por el gremio, están dificultando el análisis de los casos que llegan.

Por esa razón, Layera dijo que la Dirección Nacional de Investigaciones tendrá una Unidad de Análisis Criminal, que estará encargada de estudiar los fenómenos delictivos.

De todas formas, Layera señaló que al principio esta unidad funcionará con una "estructura flexible" que aportará una "coordinación más efectiva" de las distintas unidades, sin que estas "pierdan identidad".

Fiscales consultados por El Observador coincidieron acerca de que, con la llegada del nuevo código, aumentaron las exigencias en materia de la calidad de las pruebas que debe presentar la Policía.

Antes, cuando los jueces eran los responsables de liderar las investigaciones, estos podían pedirle directamente a la Policía que realizara allanamientos o que condujera a alguna persona a declarar. Ahora los fiscales son los que solicitan a los magistrados que habiliten esas acciones, y para ello deben presentar indicios lo suficientemente sólidos para señalar a un sospechoso.

El presidente de la Asociación de Magistrados, Alberto Reyes, admitió esta situación. "Hay más exigencia en cuanto a la calidad de la información que el fiscal debe presentar ante el juez. Antes el juez se habilitaba a sí mismo, lo que implicaba menor exigencia", sostuvo.

Además, el nuevo código introdujo limitaciones a la acción policial al impedir que los efectivos realicen interrogatorios, un método con el que solían obtener la confesión de personas detenidas. Ahora, solo los fiscales pueden interrogar a un sospechoso y este solo podrá contestar con asesoramiento de su abogado.

Asimismo, la Policía ya no puede detener a una persona sin una orden de captura provista por un juez –salvo que el delincuente sea visto por un agente cometiendo un delito–, algo que antes sí hacían y que les permitía capturar sospechosos a los que en ocasiones se les incautaba objetos robados, drogas o armas. Para obtener una orden de captura, los efectivos deben presentar pruebas.

Layera dijo que esto obliga a "especializar" la tarea de los investigadores. En ese sentido, señaló que buscará que aquellos agentes más formados y con mayor experiencia sean los que puedan postularse para trabajar en la futura Dirección Nacional de Investigaciones.