El gobierno debe poner su parte

Corresponde a la administración Vázquez ayudar a la implementación del Código del Proceso Penal y proveer en el Presupuesto los recursos que aseguren la adecuada administración de justicia.

El retorno sin precedentes de Jorge Chediak a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fortalece las chances de que el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) despegue finalmente en 2017, después de largos años de adormilada hibernación parlamentaria. No será el único problema que enfrentará. A la compleja organización de un sistema que saque a Uruguay de la prehistoria en materia de proceso penal, se agrega la lucha con el gobierno en la discusión del próximo presupuesto, en procura de los recursos que se le negaron a la Justicia en los últimos años para un funcionamiento más aceitado. Chediak ya presidió la SCJ en dos oportunidades, límite fijado por disposiciones vigentes. Pero este precedente ha sido acertadamente abandonado por primera vez para aprovechar la experiencia de Chediak en un año especialmente difícil para el sistema judicial.

Otros dos ministros, Felipe Hounie y Elena Martínez, tenían precedencia en ese orden para asumir la presidencia, que rota cada año. Pero ambos declinaron asumirla, abriendo el camino para Chediak. Martínez explicó: “Entendimos, como razón fundamental, que en un año signado por la entrada en vigencia del CPP la persona más adecuada para llevar la nave a buen puerto es el doctor Chediak”. Está dispuesto que el CPP entre en vigencia en julio de este año, introduciendo un ágil y moderno sistema penal acusatorio en lugar del enredado sistema inquisitorio actual, legado hace siglos por España y que le ha ganado a Uruguay la condena de Naciones Unidas.

Para tratar que todo esté listo a tiempo será decisiva la experiencia en el tema de Chediak, quien participó hace casi una década en la redacción del nuevo CPP y luego trató infructuosamente de sacarlo de cuatro años de letargo en el Parlamento. Pero no le será fácil lograrlo dado los múltiples aspectos que deben solucionarse en los próximos meses. Los juicios pasarán a ser orales y públicos, con un fiscal que investiga y acusa, un abogado defensor de la persona imputada y un juez limitado a dictar sentencia en vez de ser partícipe de la investigación, como ocurre ahora. Esto supondrá designar 30 nuevos jueces, así como 58 defensores públicos para poner esta función en pie de igualdad con los fiscales. La estructura fiscal está más avanzada en su preparación, bajo la conducción del fiscal de Corte, Jorge Díaz. Se necesitarán salas de audiencias más amplias que las actuales para acomodar al público. Y no es asunto menor solucionar el recargo de trabajo para el personal administrativo, que está en litigio con el Estado por aumentos salariales que le correspondían pero siguen impagos.

A la tarea de coordinar todos estos aspectos para el funcionamiento eficiente del CPP se le incorpora al presidente de la SCJ la responsabilidad de revertir la renuencia gubernamental a asignar los recursos que necesita el Poder Judicial, el único de los tres poderes del Estado que no puede fijar su propio presupuesto. Este retaceo no es nuevo pero se agudizó en el gobierno anterior del Frente Amplio, algo atribuible a los enojos de la alianza de izquierda con varios fallos de inconstitucionalidad dictados por la SCJ sobre leyes equivocadas. Depende ahora de la administración Vázquez cumplir su parte, no solo en ayudar a la plena vigencia en fecha del CPP sino también proveer en el Presupuesto los recursos que aseguren la adecuada administración de justicia.


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El Observador

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