El gobierno le soltó la mano a Maduro

Usted piensa que a mí me gusta la cara de Maduro?", suele preguntar de manera retórica un integrante de primera línea del gobierno uruguayo. No hace falta esperar por la respuesta de frase que encierra el espíritu de resignación que algunos integrantes del gobierno experimentan cuando las dinámicas políticas internas opacan una tradición y reputación consolidada en materia internacional.

El gobierno uruguayo fue el único de América del Sur que se tomó tantas horas para meditar sobre la situación de un país en el que el estado de derecho viene en franco retroceso desde hace mucho tiempo.

A pocas horas de que la Justicia venezolana interviniera el Parlamento, Perú quitó a su embajador en Caracas. Argentina manifestó su "gran preocupación" por los hechos en curso. Chile se manifestó en términos similares y llamó a su embajador en consulta. Brasil repudió el hecho y alertó sobre una ruptura del orden constitucional. En un tono similar se expresó la diplomacia paraguaya. Colombia llamó a su embajador en Venezuela. Incluso Ecuador y Bolivia se manifestaron: uno convocando al diálogo y el otro en defensa del gobierno de Maduro.

Pero el silencio del gobierno uruguayo fue profundo y prolongado, contrario a lo que la cancillería suele hacer ante cada hecho significativo que ocurre a nivel global desde que el país ingresó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Ese silencio no decía mucho acerca de lo que estaba sucediendo en la interna del gobierno, que discutió como hacer para mantener el delicado equilibrio de no salir con una declaración local que provocara costos políticos en tiempos de rendición de cuentas y no quedar tan expuesto a nivel internacional.

La mejor fórmula que encontró la diplomacia uruguaya para salir de ese escollo fue sumarse a una movida regional que condenó la situación en el país caribeño al tiempo que señaló que la injerencia de la Justicia venezolana en las competencias del Parlamento atentan contra los valores democráticos.

"Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay, países miembros de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR), condenan la situación creada a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afectan a la Asamblea Nacional de ese país y a los parlamentarios electos por voto el popular en diciembre del 2015", afirma el comunicado que suscribió el gobierno uruguayo.

En ese comunicado no se utiliza explícitamente la fórmula "golpe de estado", aunque se hace una detallada descripción de lo que ello implica para el caso de Venezuela.

"Causa alarma el anuncio de que el Tribunal asumirá las competencias del Poder Legislativo, así como la decisión de limitar las facultades de la Asamblea Nacional y restringir la inmunidad parlamentaria de sus miembros, hechos que atentan contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y a la separación, independencia y acatamiento de poderes públicos, pilares del Estado de Derecho", establece el comunicado.

Por si fuera poco la manifestación colectiva da por hecho que el gobierno venezolano no garantiza de manera "efectiva" la separación de poderes ni se respeta el Estado de Derecho ni se respetan a los derechos humanos, así como las instituciones democráticas. Y culminan con un llamado para que se restablezca pronto "el orden democrático".

En otras palabras, el gobierno uruguayo cree que en Venezuela hay una dictadura, aunque cueste decirlo y aunque tan solo días atrás decidió no apoyar la aplicación de una cláusula democrática al gobierno de Maduro.