El gran fiasco de la operación Hydra en los cambios de Young

La llamada operación Hydra, un enorme operativo policial que involucraba a tres casas de cambio de Young sospechadas de traficar oro y plata desde Argentina y Brasil, terminó siendo un fiasco en el cual estuvo involucrado la Dirección General Impositiva (DGI), que había presentado una denuncia por defraudación tributaria.

El diario El País informó la semana pasada que ocho años después, el 21 de julio, un Tribunal de Apelaciones en lo Penal absolvió a los acusados y cuestionó a la DGI por haber actuado con "ligereza", "imprecisiones" y violando el Código Tributario, ya que no informó a los acusados que los había denunciado.

El Observador accedió ahora al fallo de otro Tribunal de Apelaciones, en este caso en lo civil.

Los hermanos Enrique, Natalia y Nicolás Giordano tenían dos empresas: Geralin SA, conocida como Cambio Lugano , y Giordano e Hijos Sociedad de Bolsa.

En 2008 una escucha telefónica ordenada por la Justicia de Young registró conversaciones que aludían a "la blanca" y la "dorada". No era droga como al comienzo sospechó la Policía, sino plata y oro.

Los hermanos Giordano desarrollaban una actividad de intermediación en metales conocida por las autoridades locales. Como la importación y exportación de metales preciosos es libre en Uruguay, la Policía encausó la investigación hacia un posible lavado de activos. Cuando se determinó que no había ilícito, los sospechosos ya habían sido detenidos.

Entonces el juez hizo algo que según abogados de los denunciados no tiene antecedentes: avisó a la DGI de la situación, ya que ni él ni los técnicos a los que consultó tenían claro si se habían liquidado los impuestos correspondientes.

La DGI presentó una denuncia penal por defraudación tributaria, por fax y antes de que hubieren pasado 24 horas de recibida la noticia del juzgado. En 2008 la DGI solicitó con éxito que los hermanos Giordano y Geralin fueran embargados.

La causa por lavado de activos, mientras tanto, fue archivada en 2010, al no encontrarse mérito.

Hasta 2012, la DGI no dictó resolución. Cuando lo hizo, les imputó una deuda multimillonaria, equivalente a casi US$ 10 millones entre impuestos, multa por mora y multa por defraudación tributaria.

En 2013 los hermanos Giordano impugnaron la resolución de la DGI, luego de esperar cinco años para discutir el tema frente a un tercero imparcial. En esa causa, aún pendiente, sostuvieron que no había impuestos impagos por reclamar por las mismas razones que en su momento el presidente José Mujica empleó para dejar sin efecto la resolución de la DGI que determinaba una deuda por un monto similar al empresario Francisco Casal: el hecho generador del tributo no se verificaba, porque los actos que la ley considera relevantes se desarrollaban fuera del país.

Hace cinco meses, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2° Turno dejó sin efecto los embargos trabados a los hermanos Giordano. El tribunal se avino a los argumentos de los defensores Diego Pescadere y Pablo Barreiro y señaló: "El expediente administrativo ha tenido una demora considerable en su tramitación, extremo que es admitido por la actora al contestar la apelación. Tal demora resulta imputable en forma exclusiva a la administración (...) Transcurrió prácticamente un año calendario sin que se hayan sucedido actuaciones de relevancia significativa y máxime aun que el procedimiento administrativo se inicia en el año 2008, es decir, hace ya más de siete años, un lapso sumamente excesivo para dictar el acto de determinación".

"No puede avalarse la continuación de un proceso cautelar por más de siete años que no tiene a la fecha un fin próximo", afirmó el tribunal.