El Guardián: los abogados temen que se afecte el derecho de defensa

La preocupación radica en que la operativa del sistema (que unifica las interceptaciones, que actualmente pueden ser realizadas por 22 dependencias policiales diferentes) puede poner en riesgo el secreto profesional que rige la relación entre un indagado y su abogado y que constituye "un pilar fundamental del derecho de defensa", expresó a El Observador el presidente del CAU, Eugenio Xavier de Mello.

Los abogados consideran riesgoso que el protocolo de funcionamiento de El Guardián -que fue firmado la semana pasada por la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior- no prevea un mecanismo que asegure que no se interceptarán comunicaciones entre personas indagadas y sus defensores. "El secreto profesional quedaría muy mal parado y se compromete el derecho de defensa", advirtió el presidente del CAU.

La gremial planteó el tema hace algunos meses al Ministerio del Interior junto con otros aspectos del funcionamiento de El Guardián, como un mecanismo de auditoría por parte del Poder Judicial, cosa que se incluyó en el protocolo firmado la semana pasada.

Xavier de Mello dijo que una opción es que el Ministerio del Interior cree una base de datos donde los abogados registren los números telefónicos que utilizan para su labor profesional y cuando El Guardián detecta una comunicación entre el servicio intervenido y alguna de esas líneas automáticamente deje de registrar llamadas o los mensajes.

"Lo importante es que con esa medida o con otra equivalente habría que prestar una solución a este tema para salvaguardar el secreto profesional, que es sagrado para los abogados y para los clientes", insistió Xavier de Mello.

El CAU envió el mes pasado al Ministerio del Interior una nota con sus inquietudes sobre El Guardián, pero hasta el momento la secretaría de Estado no respondió.

Regulación

El martes pasado, la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior firmaron el protocolo de funcionamiento de El Guardián, que si bien ya está en condiciones de ser utilizado, todavía resta cumplir con las etapas de capacitación de los operadores del sistema.

El protocolo establece que en paralelo a El Guardián funcionará un mecanismo de comunicación interno entre el Poder Judicial, la Policía y la Fiscalía que permitirá monitorear el cumplimiento de las interceptaciones. Se trata del Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL).

"El Poder Judicial y el Ministerio Público auditarán la correspondencia entre las medidas de interceptación legal dispuestas por los magistrados penales y las cumplidas por parte de las operadoras de telecomunicaciones", prevé el protocolo.

Además, se establece que la Unidad de Apoyo Tecnológico, que depende de la Dirección de la Policía Nacional, remitirá cada tres meses un informe a la SCJ sobre las interceptaciones realizadas. "Si hubiera alguna interceptación por fuera de lo pedido por un juez, sería delictiva. Eso viola el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, puede llegar a tener pena de prisión?, dijo la semana pasada el presidente de la SCJ, Jorge Chediak,

"El Ministerio del Interior instrumentará un convenio entre dicha cartera, el Poder Judicial, Fiscalía General de la Nación y las operadoras de telecomunicaciones, en el que estas últimas asuman la obligación de proporcionar a la Suprema Corte de Justicia la información detallada de las medidas de interceptación efectivizadas, discriminada por cada magistrado, así como los tipos y medidas dispuestas en los términos que se acordará", dice el protocolo.

"Una vez firmado dicho documento, el Poder Judicial reglamentará el mecanismo por el cual solicitará a las operadoras de telecomunicaciones el detalle de las medidas de interceptación efectivizadas, de acuerdo a la normativa vigente; y en caso de constatar inconsistencias actuará en consecuencia", concluye el protocolo.

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