El impeachment no es la solución

No le fue mal al PT en las dos administraciones de Lula. Los vientos de cola internacionales favorecieron la implementación de políticas sociales y un correcto manejo macroeconómico le permitió a Brasil crecer económicamente y en su imagen en el escenario internacional. El Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 deberían haber sido como las frutillas de la torta para que el mundo mirara a Brasil. En vez de frutillas, lo que el mundo vio no fue agradable. Revueltas sociales, descontento popular, infraestructura pobre. En ese sentido, y en el deportivo, el Mundial fue un fiasco y hay aún dudas de que los Juegos Olímpicos no sigan el mismo camino.

Además, el espejismo económico duró tanto como la bonanza internacional y las medidas que se requieren para poner la casa en orden se fueron posponiendo. Es preciso revertir un muy generoso sistema de pensiones que permite jubilarse a muy temprana edad (por debajo de los ya bajos 60 años). Es necesario un cambio en la estructura impositiva, cuya carga es onerosa pues ronda el 35% del PIB, a cambio de la cual los ciudadanos reciben malos servicios.

Pero sobre todo, lo que ha quedado patente en las dos administraciones de Lula y en lo que va de Dilma en el poder, es la baja calidad institucional de Brasil. Que un partido deba pagar a los parlamentarios de otros partidos para aprobar leyes habla muy mal de su sistema político. Y haya participado o no Lula de la repartija, es verdad lo que le reconoció a Mujica y que Mujica cándidamente repitió: que Brasil no era gobernable sin esos arreglos.

Para peor, a ese escándalo sucedió el de Petrobras, la gran compañía petrolera estatal que en tiempos de Lula había descubierto inmensas reservas oceánicas de petróleo. Pero en ese momento pocos sabían del mecanismo de financiación política de esa enorme empresa en contubernio con los más destacados empresarios del país, especialmente del sector de la construcción. Financiación, y consecuentes cargos de corrupción, que hoy involucran a más de la mitad de los 513 integrantes de la Cámara de Diputados, la misma cámara que votó el juicio político a Dilma. Y a muchos senadores que dieron sus votos para apartarla del cargo.

La corrupción del “mensalao” y del “petrolao”, algo vigente por muchos años en el gobierno del PT, abarcan a casi todos y ponen en tela de juicio la capacidad de Temer –otro sospechado– de recobrar la confianza de la ciudadanía y del sector empresarial para que Brasil salga de la aguda recesión que sufre desde 2015. También juega contra Temer la incierta duración de su mandato –180 días– y, en caso de destitución de Dilma, la culminación del mandato de esta hasta 2018. Mandato que puede además caer por orden judicial si Temer es investigado o quedar reducido a la nada si no logra los apoyos necesarios para un paquete de medidas que implicará ajustarse el cinturón por el lado de los ingresos y de los gastos para reducir un déficit del 7% del PIB.

De no menor importancia es el hecho de que el delito de que se acusa a Dilma –maquillaje de las cuentas públicas para ocultar el verdadero déficit fiscal– no justifica, para muchos constitucionalistas, el inicio del juicio político. Pero esto va en línea con lo señalado anteriormente: la baja calidad institucional de Brasil. Mientras no la solucione, Brasil seguirá siendo la potencia del futuro. Temer podrá hacer algunas cosas excepto poner el bisturí a fondo donde es necesario. Por ello, el impeachment no es la solución que Brasil requiere. Sí es la que parecen aceptar, por ahora, políticos y ciudadanos. El futuro es una incógnita pero no es auspicioso.