Nacional > EL GUARDIÁN
El mayor sistema de espionaje de la historia del país comienza a operar
Auditorías controlarán la cantidad de interceptaciones
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02 de diciembre de 2015 a las 05:00
Con firmas, abrazos y apretones de manos, representantes del Ministerio del Interior, de la Fiscalía de Corte y de la Suprema Corte de Justicia sellaron el acuerdo sobre la forma en que se implementará el sistema de espionaje El Guardián, que unificará las interceptaciones telefónicas y cibernéticas dispuestas por la Justicia.
Hoy, 22 dependencias policiales tienen la capacidad de interceptar comunicaciones telefónicas: una por cada jefatura de Policía departamental y otras dependencias policiales especializadas, como la Dirección General de Información e Inteligencia y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. "Hay que tener claro que nunca se ha superado el entorno de 100 interceptaciones simultáneas. No hay una interceptación masiva de telecomunicaciones", aclaró el presidente de la SCJ, Jorge Chediak.
El Guardián permite interceptar de forma simultánea el tráfico de 800 celulares y 200 teléfonos fijos, y puede monitorear además correos electrónicos y redes sociales. "Este sistema aumenta mucho la capacidad operativa pero tampoco da una indiscriminada capacidad de interceptación", aseguró el presidente de la Corte, quien aclaró que hay que "concentrar las interceptaciones en aquellas comunicaciones de delitos graves que lo ameriten".
Además de multiplicar la capacidad de interceptar comunicaciones, El Guardián permite aumentar el control sobre estos pinchazos. "El Poder Judicial y el Ministerio Público auditarán la correspondencia entre las medidas de interceptación legal dispuestas por los magistrados penales y las cumplidas por parte de las operadoras de telecomunicaciones", expresa el protocolo firmado ayer en la sede de la Corte.
El protocolo establece que, en paralelo a El Guardián, funcionará un sistema de comunicación interno entre el Poder Judicial, la Policía y la Fiscalía que permitirá monitorear el cumplimiento de las interceptaciones. Se trata del Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL). Este sistema permitirá "verificar el flujo de solicitudes, las decisiones de los magistrados con competencia en materia penal y la respuesta obtenida de las empresas operadoras de telecomunicaciones". En base a este sistema, se realizarán auditorías para descartar que se intercepten comunicaciones sin orden judicial.
"Si hubiera alguna interceptación por fuera de lo pedido por un juez, sería delictiva. Esto que viola el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, puede llegar a tener pena de prisión", destacó Chediak.
La Unidad de Apoyo Tecnológico, que depende de la Dirección de la Policía Nacional, remitirá cada tres meses un informe a la Corte sobre las interceptaciones realizadas.
Resta capacitación
El protocolo establece que la Policía debe solicitar la interceptación a un juez penal a través de un formulario digital que completará en el SAIL. Esa petición llegará a un fiscal actuante, quien se pronunciará sobre la conveniencia de la medida propuesta y se lo derivará al juez. El magistrado resolverá finalmente si intercepta o no las comunicaciones. Cada uno de estos pasos quedará registrado en firmas electrónicas.
"El mecanismo empieza a estar operativo desde hoy", aseguró Chediak. De todas maneras, resta la capacitación de jueces, fiscales y policías.
"Para hacer la capacitación de los operadores judiciales debíamos aprobar el protocolo; (pero) nosotros puntualmente tenemos algunos problemas para instrumentar la capacitación por las medidas gremiales que estamos sufriendo", aseguró Chediak.
Mientras no se ponga en marcha plenamente este sistema de espionaje, se mantendrán las interceptaciones telefónicas que se venían realizando.
Además de la capacitación de los actores intervinientes resta firmar el convenio con las empresas telefónicas, que ejecutarán la interceptación.
"El Ministerio del Interior instrumentará un convenio entre dicha cartera, el Poder Judicial, Fiscalía General de la Nación y las operadoras de telecomunicaciones, en el que estas últimas asuman la obligación de proporcionar a la Suprema Corte de Justicia la información detallada de las medidas de interceptación efectivizadas, discriminada por cada magistrado, así como los tipos y medidas dispuestas en los términos que se acordarán. Una vez firmado dicho documento, el Poder Judicial reglamentará el mecanismo por el cual solicitará a las operadoras de telecomunicaciones el detalle de las medidas de interceptación efectivizadas, de acuerdo a la normativa vigente; y en caso de constatar inconsistencias actuará en consecuencia", concluye el protocolo. l
Hoy, 22 dependencias policiales tienen la capacidad de interceptar comunicaciones telefónicas: una por cada jefatura de Policía departamental y otras dependencias policiales especializadas, como la Dirección General de Información e Inteligencia y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. "Hay que tener claro que nunca se ha superado el entorno de 100 interceptaciones simultáneas. No hay una interceptación masiva de telecomunicaciones", aclaró el presidente de la SCJ, Jorge Chediak.
El Guardián permite interceptar de forma simultánea el tráfico de 800 celulares y 200 teléfonos fijos, y puede monitorear además correos electrónicos y redes sociales. "Este sistema aumenta mucho la capacidad operativa pero tampoco da una indiscriminada capacidad de interceptación", aseguró el presidente de la Corte, quien aclaró que hay que "concentrar las interceptaciones en aquellas comunicaciones de delitos graves que lo ameriten".
Además de multiplicar la capacidad de interceptar comunicaciones, El Guardián permite aumentar el control sobre estos pinchazos. "El Poder Judicial y el Ministerio Público auditarán la correspondencia entre las medidas de interceptación legal dispuestas por los magistrados penales y las cumplidas por parte de las operadoras de telecomunicaciones", expresa el protocolo firmado ayer en la sede de la Corte.
El protocolo establece que, en paralelo a El Guardián, funcionará un sistema de comunicación interno entre el Poder Judicial, la Policía y la Fiscalía que permitirá monitorear el cumplimiento de las interceptaciones. Se trata del Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL). Este sistema permitirá "verificar el flujo de solicitudes, las decisiones de los magistrados con competencia en materia penal y la respuesta obtenida de las empresas operadoras de telecomunicaciones". En base a este sistema, se realizarán auditorías para descartar que se intercepten comunicaciones sin orden judicial.
"Si hubiera alguna interceptación por fuera de lo pedido por un juez, sería delictiva. Esto que viola el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, puede llegar a tener pena de prisión", destacó Chediak.
La Unidad de Apoyo Tecnológico, que depende de la Dirección de la Policía Nacional, remitirá cada tres meses un informe a la Corte sobre las interceptaciones realizadas.
Resta capacitación
El protocolo establece que la Policía debe solicitar la interceptación a un juez penal a través de un formulario digital que completará en el SAIL. Esa petición llegará a un fiscal actuante, quien se pronunciará sobre la conveniencia de la medida propuesta y se lo derivará al juez. El magistrado resolverá finalmente si intercepta o no las comunicaciones. Cada uno de estos pasos quedará registrado en firmas electrónicas.
"El mecanismo empieza a estar operativo desde hoy", aseguró Chediak. De todas maneras, resta la capacitación de jueces, fiscales y policías.
"Para hacer la capacitación de los operadores judiciales debíamos aprobar el protocolo; (pero) nosotros puntualmente tenemos algunos problemas para instrumentar la capacitación por las medidas gremiales que estamos sufriendo", aseguró Chediak.
Mientras no se ponga en marcha plenamente este sistema de espionaje, se mantendrán las interceptaciones telefónicas que se venían realizando.
Además de la capacitación de los actores intervinientes resta firmar el convenio con las empresas telefónicas, que ejecutarán la interceptación.
"El Ministerio del Interior instrumentará un convenio entre dicha cartera, el Poder Judicial, Fiscalía General de la Nación y las operadoras de telecomunicaciones, en el que estas últimas asuman la obligación de proporcionar a la Suprema Corte de Justicia la información detallada de las medidas de interceptación efectivizadas, discriminada por cada magistrado, así como los tipos y medidas dispuestas en los términos que se acordarán. Una vez firmado dicho documento, el Poder Judicial reglamentará el mecanismo por el cual solicitará a las operadoras de telecomunicaciones el detalle de las medidas de interceptación efectivizadas, de acuerdo a la normativa vigente; y en caso de constatar inconsistencias actuará en consecuencia", concluye el protocolo. l
