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El Ministerio del Interior quiere habilitar porte de arma a guardias de seguridad de 18 años

También se pretende establecer como requisito que los custodios armados tengan aprobado el ciclo básico
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17 de julio de 2015 a las 05:00

El Ministerio del Interior elaboró un proyecto de ley sobre la seguridad privada en el que propone reducir de 21 a 18 años la edad mínima para trabajar como custodio armado.

El borrador del proyecto de ley, que ya fue enviado a las empresas pero todavía no ingresó al Parlamento, establece que los guardias de seguridad deberán tener entre 18 y 62 años de edad para el caso de los que portan arma y hasta 70 para el resto. Los guardias armados actualmente pueden trabajar entre los 21 y los 65 años.

El texto, que recopila y unifica varias normas sobre la operativa de las empresas de seguridad que actualmente están reguladas por una serie de decretos, también introduce como novedad que los guardias que se inscriban por primera vez para trabajar con arma "deberán acreditar tener aprobado el ciclo básico o su equivalente" al tiempo que los funcionarios que no usarán arma tendrán que "contar con primaria completa", según el borrador al que accedió El Observador. Actualmente para trabajar en la seguridad privada no hay normativa que imponga un nivel educativo mínimo y a ese aspecto queda a criterio de cada empresa.

Para el porte de armas, según establece el reglamento del Registro Nacional de Empresas de Seguridad (Renaemse), los trabajadores deben tomar cursos de entrenamiento y están "obligados a la realización periódica de ejercicios prácticos de tiro". En el caso de los guardias que custodien valores o personas debe cumplir con exámenes médicos y psicológicos, y rendir una prueba física (test de Cooper), que mide la resistencia, velocidad y respuesta del organismo ante la exigencia.

Reacciones

Las empresas de seguridad (que están agremiadas en dos cámaras, una de compañías multinacionales y otra de locales) todavía no tienen posición sobre la iniciativa del Ministerio del Interior.

Sin embargo, el responsable de una firma que opera en el marcado hace 20 años puso en duda la conveniencia de disminuir el mínimo de edad para los guardias armados y la imposición de que en esos casos deban tener aprobado ciclo básico porque el mercado puede verse limitado.

Por su parte, Mauricio Ibáñez, directivo de la Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Unatrase) defendió la propuesta de que los guardias armados puedan comenzar a trabajar en esa condición a los 18 años.

Ibáñez dijo a El Observador que "no hay más gente apta" de entre 21 y 54 años para trabajar en el sector, por lo que es bueno ampliar el rango etario hacia personas más jóvenes. "Y además no hay nada que le impida a un gurí de 18 años hacer el servicio de seguridad y es bueno que eso se refleje", remarcó.

Por otra parte, el sindicalista se pronunció a favor de que se establezca que los guardias armados deban tener aprobado el ciclo básico porque, dijo, "es una manera de levantar los estándares" de la actividad que "cada vez es más tecnificada".

Uniformados

El contralor de los servicios de seguridad privada quedará en la órbita del Renaemse del Ministerio del Interior, donde actualmente están inscriptas 297 firmas en todo el país y casi 21 mil funcionarios. De ellos casi 9 mil están habilitados a trabajar armados. El salario nominal en el sector ronda los $ 20 mil.

Según el proyecto de ley, los trabajadores de la seguridad privada "tendrán la obligación de portar" un carné que los identifique y usar uniforme que "deberá diferenciarse notoriamente del utilizado por el personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, en los que se pueda apreciar con nitidez que se está ante un trabajador de la seguridad privada".

La obligación de usar uniforme no abarca a los investigadores privados y a los guardaespaldas. a quienes el proyecto de ley también engloba en otros aspectos, como la inscripción ante el Renaemse.


Bonomi: empresas son "un problema"

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo el pasado 30 de junio ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado que las empresas de seguridad son "un problema" porque "de alguna manera es como un seguro de paro para gente que pierde el empleo remunerado y que, al encontrarse sin trabajo, recurre a emplearse en la seguridad privada hasta que pueda recuperar el trabajo que perdió o encontrar uno similar, con un sueldo superior".



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