El monstruo de la regasificación

Gas Sayago es, flagrantemente, un emprendimiento inconstitucional

Cuidado. Le están queriendo hacer creer que el hecho de la semana es el de la supuesta división de la bancada parlamentaria oficialista, a través de la cual se colara una comisión investigadora de la Cámara de Representantes en torno al fracasado proyecto de una planta regasificadora.
Y no es así.

El hecho de la semana es que la siniestra engañifa de la regasificación, ya denunciada en esta columna en octubre de 2014, ha cobrado tales dimensiones de inepcia, dispendio y perjuicio que ha llegado a interpelar la fibra ética de algunos legisladores oficialistas.

Todo en este proyecto es vergonzoso, amañado y falso, y lo ha sido desde el primer día.

Un mamarracho lo es, por cierto, la misma empresa "privada" Gas Sayago SA, cuyos propietarios son, por partes iguales, las estatales UTE que presidía y aún preside Gonzalo Casaravilla, y ANCAP, que presidía el infaltable Raúl Sendic, bajo la bendición del entonces ministro de Industria y Energía, Roberto Kreimerman y su colega de gabinete, el titular de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo: como se ve, no todos ellos ejemplares del zoológico del MPP, y no todos ellos en apariencia estatistas, desde que sumaran dos empresas públicas y el resultado que obtuvieran fuera una privada.

Gas Sayago es, flagrantemente, un emprendimiento inconstitucional, violatorio del artículo 188 de la Carta y, a la luz de sus actos, un diseño premeditado para sustraer el negocio de la regasificación del contralor público.

Otro mamarracho lo es que la que se presentara como la "obra del siglo" en Uruguay ese emprendimiento de casi US$ 1.300 millones que, por cierto, correspondía a un valor económico de más de US$ 2.700 millones, a la luz de su extensión por un plazo de 15 años y a razón de un canon a percibir de más de US$ 15 millones mensuales, quedara librada al sigiloso ejercicio inconstitucional de la increíble Gas Sayago, que por ello abriera los pliegos de la obra un 18 de abril, la adjudicara reservadamente un 2 de mayo, y lo anunciara un 15 del mismo mes.

Y que irresponsablemente se comportara, al poner, por sí y ante sí, todo el diseño del negocio y los términos de su ejecución en manos del estudio jurídico Posadas, Posadas & Vecino, cuyo exhaustivo aporte informativo a la comisión investigadora ahora conformada por iniciativa del diputado herrerista Pablo Abdala aguardamos con inocultable expectativa.

Mamarracho, también, lo es que el diseño de esta incalificable operación incluyera, en esas mismas dos semanas, la garantía "subsidiaria, absoluta, ilimitada, irrevocable e incondicional" (Diario Oficial, 14 de octubre de 2013) del Estado uruguayo, puñalada a la cosa pública que se diera a pesar de que las garantías exigidas al contratista GNLS SA, una empresa de papel, comprada por unos pocos pesos cuando se llamaba Riklur Company SA, se limitaban a la nadería de US$ 100 millones.

Deténgase un segundo. Leyó bien. Quienes armaron este espanto le otorgaron la obra al segundo de cuatro oferentes y al único que técnicamente no reunía los requisitos incluidos en las bases del llamado. Lo hicieron en dos semanas, y pese a que el beneficiario aún no había traído a la mesa ni a la constructora OAS, ni a la operadora japonesa Maruveni. Nos dijeron con aspaviento que tal beneficiario era Gaz de France, cuando resultó que lo era una de sus subsidiarias, la brasileña GDF Suez Energy Latin American Participaçoes, que terminó reduciéndose a una sociedad uruguaya de estante, domiciliada en la calle La Cumparsita. Y a tal gigante corporativo el régimen frenteamplista le concedió la garantía ilimitada del Estado uruguayo... ¡pese a que las bases del llamado especificaban que el ganador no podría presentar una oferta financieramente restringida, o de "project finance", sino ya financiada!

Este último mamarracho fue defendido, a tambor batiente y en reportaje a este diario, por parte del entonces director nacional de Energía del MIE, Ramón Méndez, con el argumento de que UTE extiende de modo corriente este tipo de caución... aunque echando al olvido que no era de UTE de la que tenía que hablarnos, sino también de ANCAP y el hijo bobo de ambos, Gas Sayago, que no contratan, o tienen forma de contratar, con garantía ilimitada. Será igualmente interesante, por tanto, oír lo que este municipal funcionario tendrá para aportar al conocimiento de la comisión que se forme.

Y ojalá tuviéramos aquí espacio para continuar por el camino de desgranar las groseras ofuscaciones con las que el régimen ha acompañado esta historia.
Empezaríamos, tal vez, por el hecho de que el proyecto sea tan realista como construir una base en la luna: el de construir una planta que produzca gas natural licuado a razón de 10 millones de metros cúbicos diarios, cuando el país no podría absorber ni el 5% de ese monto.

Cuando el mismo régimen nos decía que estaba impulsando la creación de fuentes alternativas de energía. Cuando resulta palmario que no hay voluntad alguna en Argentina de participar del proyecto que solo tendría sentido de contar con participación argentina.

El régimen lo sabe. Lo sabe usted. Lo sé yo. Lo sabe la oposición: el hoy intendente municipal de Maldonado era, a la sazón, integrante del Directorio de UTE. Y lo sabe cualquiera de sus vecinos. Pero seguimos nadando distraídos en el mar de falsedades. Que si empezamos a exportar gas ya a comienzos de 2017. Que si Shell nos compraría (!) el excedente. Que si aún no se ha decidido nada respecto a un proyecto que está tan muerto como Juan Díaz de Solís.

Que si hay interesados en explotar el negocio. ¿Y por qué? Pues porque Gas Sayago cumple a la perfección su único y secreto cometido: el de existir, dar empleo a los adherentes, consumir recursos del contribuyente en salarios, honorarios profesionales, consultorías, gasto corriente, a razón de US$ 18 millones, desde 2011. Trece años de frenteamplismo lo avalan: no hay proyecto que pueda sacar la cabeza de la caja del acomodo presupuestal.

Hemos llegado al extremo, en este punto, de celebrar el cobro de US$ 100 millones por concepto de indemnización, tras la penosa huida de los dos coautores de la improvisación: GNLS y la constructora brasileña OAS. Como si esa celebración pudiera compensar el daño financiero infligido a más de 350 subcontratistas nacionales cuyos cedulones pronto recibirá el Estado, o el ambiental que supone el abandono de unos míseros pilotes en la bahía de Montevideo, que ahora se quieren maquillar como "activos para la continuación del proyecto", cuando todos sabemos que es a lo que va a quedar arqueológicamente reducido el legado de la administración Mujica.

Sería un supremo error el de distraer las actuaciones de la comisión investigadora en pequeñeces como lo es la mención a un supuesto "jefe de la casa civil" de la Presidencia de la República en un caso de corrupción investigado en Brasil, en referencia a OAS. Sería enredarnos en una exploración inconducente, cuando todos murmuramos el nombre de quien se trata, y sabemos que su acción era la de un meterete dominado por el furor de concretar alguna cosa de las que nunca pudo concretar el frenteamplismo.

El servicio de la comisión investigadora debería ser, pues, el de poner fin, de una buena vez y para siempre, a la insanía de Gas Sayago y este proyecto, basado en un supuesto imposible y en una ejecución incompetente y costosa: ruinas que no se exigiera a la constructora retirar de la costa; contratos redactados de tal jaez que no permitieran la rescisión ante la falta de avance de las obras, forzando al Estado a aguardar seis meses para meramente ponerles fin, y al país a financiar la espera; obligaciones supuestamente asumidas ante el armador del barco regasificador que podrían representar un terrible regalo griego, hoy celosamente ocultado por la ministro de Industria y Energía.

La trágica saga frenteamplista de la regasificación tiene que llegar a su fin hoy antes que mañana, y por la mañana antes que por la tarde, y su canijo balance debe sumarse al de sus otras intrascendencias y desmanes.
Nada hemos hecho para merecer más perjuicios.


Acerca del autor