Nacional > Frente Amplio
El MPP presentó las declaraciones juradas de sus legisladores
El diputado Tierno dice no tener un solo peso; Martínez Huelmo declara $15.300.000
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25 de agosto de 2016 a las 05:00
De los legisladores electos por el Movimiento Participación Popular (MPP), el que declaró tener más patrimonio es el senador Rubén Martínez Huelmo, un dirigente llegado desde el Partido Nacional que dice tener un total de $15.300.000 que surgen de ser propietario de la mitad de una casa y de un auto Cherry QQ. El que tiene menos es el diputado Martín Tierno -uno de los fundadores del MPP- que declara no tener ni un peso guardado ya que carece de propiedades y de depósitos bancarios.
Esta son las dos puntas de las declaraciones juradas de los legisladores del Movimiento de Participación Popular (MPP) publicadas ayer en la página web del sector liderado por el expresidente José Mujica.
La iniciativa pone en práctica una parte de un proyecto de ley presentado por el MPP que propone que los legisladores, ministros de Estado, intendentes, presidentes de empresas públicas y ministros de la Suprema Corte de Justicia, entre otros, divulguen el detalle de sus bienes.
El MPP considera que todo aquel que maneje o reciba dineros públicos debe dar cuenta de su patrimonio.
Por tanto, también propone que las empresas que licitan obras y servicios públicos, así como gerentes y directivos de mutualistas, envíen la documentación a la Junta de Transparencia para que esté bajo custodia. Hasta ahora solo las declaraciones del presidente y vicepresidente de la República deben ser publicadas.
La iniciativa que está a consideración de una comisión de la Cámara de Diputados ha despertado reparos en varios sectores del Frente Amplio que, como la lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic, considera que esa información puede servir para que potenciales delincuentes sepan quién tiene y dónde guarda el dinero.
En la declaración de bienes difundida por el MPP se informa que los legisladores del sector tienen topeado el cobro del sueldo de parlamentario que representa unos $135 mil pesos.
Los legisladores mujiquistas perciben unos $58 mil pesos y vuelcan el resto en las arcas del grupo.
Allí consta que, por ejemplo, el diputado y excandidato a la presidente del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, tiene un patrimonio de $1.063.409 que es el total de la suma de un apartamento y dos autos, y de la resta de una deuda hipotecaria.
Su colega Sebastián Sabini tiene $3.507.457 producto de una casa en las piedras y un auto, en tanto que Cecilia Bottino tiene $7.225.200 que es la suma de lo que valen una casa en Paysandú, otra en Valizas, un auto y una moto.
El diputado Daniel Caggiani explicó los motivos de la publicación de estos datos. "Se han dicho inexactitudes acerca de que esta ley puede violar la privacidad de las personas. Nosotros creemos que no puede haber ciudadanos clase A y ciudadanos clase B, puesto que ya hay más de 45 mil funcionarios que tienen que dar a conocer susdeclaraciones juradas año a año", dijo Caggiani.
En la exposición de motivos del proyecto, el MPP asegura que es necesario avanzar con esas modificaciones para "continuar trabajando para mantener la cultura de la honestidad, aumentando los niveles de transparencia, previniendo y combatiendo los posibles casos de corrupción".
"Pretendemos seguir avanzando en un camino cada vez más transparente donde todas las personas físicas que manejen fondos públicos, incluso perteneciendo a instituciones u organizaciones privadas, deban rendir cuentas de sus bienes e ingresos", indica el texto.
Esta son las dos puntas de las declaraciones juradas de los legisladores del Movimiento de Participación Popular (MPP) publicadas ayer en la página web del sector liderado por el expresidente José Mujica.
La iniciativa pone en práctica una parte de un proyecto de ley presentado por el MPP que propone que los legisladores, ministros de Estado, intendentes, presidentes de empresas públicas y ministros de la Suprema Corte de Justicia, entre otros, divulguen el detalle de sus bienes.
El MPP considera que todo aquel que maneje o reciba dineros públicos debe dar cuenta de su patrimonio.
Por tanto, también propone que las empresas que licitan obras y servicios públicos, así como gerentes y directivos de mutualistas, envíen la documentación a la Junta de Transparencia para que esté bajo custodia. Hasta ahora solo las declaraciones del presidente y vicepresidente de la República deben ser publicadas.
La iniciativa que está a consideración de una comisión de la Cámara de Diputados ha despertado reparos en varios sectores del Frente Amplio que, como la lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic, considera que esa información puede servir para que potenciales delincuentes sepan quién tiene y dónde guarda el dinero.
En la declaración de bienes difundida por el MPP se informa que los legisladores del sector tienen topeado el cobro del sueldo de parlamentario que representa unos $135 mil pesos.
Los legisladores mujiquistas perciben unos $58 mil pesos y vuelcan el resto en las arcas del grupo.
Allí consta que, por ejemplo, el diputado y excandidato a la presidente del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, tiene un patrimonio de $1.063.409 que es el total de la suma de un apartamento y dos autos, y de la resta de una deuda hipotecaria.
Su colega Sebastián Sabini tiene $3.507.457 producto de una casa en las piedras y un auto, en tanto que Cecilia Bottino tiene $7.225.200 que es la suma de lo que valen una casa en Paysandú, otra en Valizas, un auto y una moto.
El diputado Daniel Caggiani explicó los motivos de la publicación de estos datos. "Se han dicho inexactitudes acerca de que esta ley puede violar la privacidad de las personas. Nosotros creemos que no puede haber ciudadanos clase A y ciudadanos clase B, puesto que ya hay más de 45 mil funcionarios que tienen que dar a conocer susdeclaraciones juradas año a año", dijo Caggiani.
En la exposición de motivos del proyecto, el MPP asegura que es necesario avanzar con esas modificaciones para "continuar trabajando para mantener la cultura de la honestidad, aumentando los niveles de transparencia, previniendo y combatiendo los posibles casos de corrupción".
"Pretendemos seguir avanzando en un camino cada vez más transparente donde todas las personas físicas que manejen fondos públicos, incluso perteneciendo a instituciones u organizaciones privadas, deban rendir cuentas de sus bienes e ingresos", indica el texto.
