El de Mujica fue el gobierno que más droga incautó

La comparación del promedio anual de incautaciones de drogas realizadas entre los gobiernos blancos, colorados y frenteamplistas desde 1990 hasta 2015 muestran que la administración de José Mujica (2010-2015) fue la que decomisó más cantidad de marihuana y cocaína. A su vez, durante la presidencia del líder del MPP fue el período en que hubo más procesados por causas vinculadas al narcotráfico.

La semana pasada el Ministerio del Interior y el senador colorado Pedro Bordaberry protagonizaron una disputa pública respecto del narcotráfico. El legislador propuso un pacto político contra los narcos, lo que generó la reacción oficial.

Mientras Bordaberry promovió cambios normativos y realizó críticas a la gestión del ministro del Interior, Eduardo Bonomi (está desde 2010 en el cargo), los datos de la Brigada Antidrogas muestran que el período en que el emepepista estuvo a cargo de la seguridad pública fue el quinquenio con más incautaciones.

Es cierto también que cada gobierno operó con realidades diferentes. Es posible creer que el avance en las incautaciones y los procesados no solo sea por un progreso en la lucha contra el narcotráfico sino también porque hay mayor cantidad de drogas en las calles, algo que no se puede medir.

También es verdad que el avance del narcotráfico sí se advierte en otras realidades que años atrás no existían, como los ajustes de cuenta entre delincuentes. Por más que hayan crecido las incautaciones y los procesados, el deterioro de la seguridad pública es evidente y así lo reconoce la izquierda.

Más allá de que la administración Mujica fue la que decomisó más drogas en términos reales, las cifras de la Dirección General de Represión del Tráfico de Drogas muestran al mismo tiempo un incremento en las incautaciones de marihuana y cocaína de período a período, salvo dos excepciones (ver infografía): el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) incautó menos marihuana que el de Jorge Batlle (2000-2005) y el de Batlle incautó menos cocaína que el de su antecesor, Julio María Sanguinetti (1995-2000).

El registro de incautaciones toma el período comprendido entre 1991 y 2015. Ante la falta de información sobre el primer año del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), el Equipo de Datos de El Observador comparó los datos con base en un promedio anual.

El gobierno de Mujica también casi duplicó las incautaciones de pasta base en relación a la administración que le antecedió, aunque para esa droga solo hay registros desde 2004.

Por su parte, al comparar la cantidad de procesados, las administraciones frenteamplistas se despegan de las anteriores. Durante el período de Mujica hubo 3.507 procesados en causas vinculadas al narcotráfico y en el primer período de Vázquez fueron 2.733. Durante la administración de Batlle los procesados por este tipo de delitos fueron 1.342, menos de la mitad que en el primer gobierno de la izquierda. Sus antecesores lo siguieron de lejos. Mientras gobernó Sanguinetti hubo 340 personas procesadas y en el período de Lacalle fueron 311.

En declaraciones publicadas por El País en su edición del 24 de enero, Bordaberry propuso un acuerdo político contra narcos que incluía cambios normativos. La respuesta del Ministerio del Interior llegó mediante un editorial publicado en el sitio web de esa secretaría de Estado.

"Un pacto que no puede ocultar la miopía –que ya es ceguera a esta altura– al no reconocer el trabajo de una cartera que ha venido advirtiendo y actuando en consecuencia a esas advertencias para ser considerada una isla por organismos internacionales", sostuvo el editorial.

"Aquel Uruguay que se esforzaba en abrirse paso pronto dejó espacio a un Uruguay de mezquindades y egoísmos que dejaron en solitario a quienes advertían una y otra vez el Uruguay que se vendría y para el que debíamos estar preparados. Así llegaron los crímenes por ajustes de cuentas, las luchas por territorios, los conflictos entre delincuentes, el crimen organizado con alto poder de fuego. Un enemigo para el que se debía estar preparado y al que le dimos demasiada ventaja por ser tan mezquinos", agregó el escrito.

Bordaberry continuó la polémica durante una entrevista en el programa En perspectiva de radio Oriental. "La verdad que cuando estaba mirando esto y veía la reacción del Ministerio del Interior, decía '¡pero la pucha!'. Presentamos proyectos, trabajamos, alertamos sobre un tema, no nos dan pelota", afirmó.

"De repente hay que salir a juntar firmas y bueno, y de repente nos contestan con una campaña 'ser narco no es delito', y bueno, y ahí veremos, ¿no?", ironizó.

El legislador aludió de esa manera a uno de sus anteriores cruces con el ministro del Interior. En 2014 el colorado promovió una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad a 16 años que no prosperó. La campaña del Frente Amplio se centró en el eslogan "ser joven no es delito".