El periplo judicial de quienes sufren violencia de género
Deben ir a tres juzgados para lograr prevención, represión y reparación
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26 de noviembre de 2015 a las 05:00
Las mujeres que sufren violencia de género se enfrentan a dar un paso que a veces parece un abismo: denunciar. Hacerlo en Montevideo puede ser sencillo, pero en un pueblo del interior el abismo se multiplica, si eso fuera posible. Y una vez que la Justicia está al tanto del hecho, el camino sigue presentando piedras.
"Hay que concentrar en una unidad la prevención, la represión y la reparación. Que una mujer víctima de violencia de género tenga que concurrir a un juzgado de violencia doméstica (para lograr la prevención), luego a un juzgado penal (para conseguir la represión) y luego a un juzgado civil para reclamar la reparación, eso es revictimización", expresó ayer el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que recibió por estas palabras el aplauso de los presentes.
El documento en el que se desarrolla el Plan de Acción 2016-2019 por una sociedad libre de violencia de género señala deficiencias en el sistema judicial.
"Entre los principales elementos que se desprenden de la implementación de la ley de Violencia Doméstica, se encuentra la persistencia de dificultades de comprensión de la problemática por parte de operadores/as jurídicos, lo que afecta en la valoración del riesgo, la aplicación de los mecanismos de protección y la exposición a la revictimización de las mujeres y de niñas, niños y adolescentes. Adicionalmente, se reconoce un avance en la formación y capacitación de las y los operadores judiciales la que aún es insuficiente (...) La escasa perspectiva generacional, vulnera frecuentemente los derechos de niñas, niños y adolescentes que suelen desacreditar su voz ante las situaciones judicializadas", expresa el documento.
El documento propone la creación de tres Fiscalías más especializadas en Montevideo y en el interior (hoy hay tres) y contar con seis juzgados de Familia Especializados en Violencia Doméstica y la creación en 2018 en Montevideo de tres juzgados Especializados en Urgencia por el Código de la Niñez y la Adolescencia. El documento aclara que esto "requiere asignación presupuestal".
El plan también reconoce deficiencias a la hora de medir el impacto del problema en la sociedad. "El registro y medición de la violencia basada en género es fragmentada según las instituciones que la relevan. No hay un sistema de información a nivel nacional que permita brindar registros armonizados ni conocer a fondo el problema. La recopilación de información es incompleta e insuficiente", asegura.
El gobierno propone que el sistema de tobilleras electrónicas se aplique en cuatro departamentos (Maldonado, San José, Montevideo y Canelones) el desarrollo de dos servicios regionales (Salto y Rivera).
Los medios de comunicación y los periodistas también son señalados por algunos males vinculados a la violencia de género. "Los medios de comunicación (periodistas, dirigentes y empresarios), en su rol de reproductores y creadores de modelos, se mantienen como actores que reproducen los patrones patriarcales y hegemónicos de género", expresa el documento, que vincula estos patrones a una cultura que fomenta la violencia de género en sus múltiples manifestaciones. Se propone, a su vez, otorgar 200 soluciones habitacionales transitorias a mujeres en situación de violencia doméstica y trata de mujeres hasta 2019. l
"Hay que concentrar en una unidad la prevención, la represión y la reparación. Que una mujer víctima de violencia de género tenga que concurrir a un juzgado de violencia doméstica (para lograr la prevención), luego a un juzgado penal (para conseguir la represión) y luego a un juzgado civil para reclamar la reparación, eso es revictimización", expresó ayer el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que recibió por estas palabras el aplauso de los presentes.
El documento en el que se desarrolla el Plan de Acción 2016-2019 por una sociedad libre de violencia de género señala deficiencias en el sistema judicial.
"Entre los principales elementos que se desprenden de la implementación de la ley de Violencia Doméstica, se encuentra la persistencia de dificultades de comprensión de la problemática por parte de operadores/as jurídicos, lo que afecta en la valoración del riesgo, la aplicación de los mecanismos de protección y la exposición a la revictimización de las mujeres y de niñas, niños y adolescentes. Adicionalmente, se reconoce un avance en la formación y capacitación de las y los operadores judiciales la que aún es insuficiente (...) La escasa perspectiva generacional, vulnera frecuentemente los derechos de niñas, niños y adolescentes que suelen desacreditar su voz ante las situaciones judicializadas", expresa el documento.
El documento propone la creación de tres Fiscalías más especializadas en Montevideo y en el interior (hoy hay tres) y contar con seis juzgados de Familia Especializados en Violencia Doméstica y la creación en 2018 en Montevideo de tres juzgados Especializados en Urgencia por el Código de la Niñez y la Adolescencia. El documento aclara que esto "requiere asignación presupuestal".
El plan también reconoce deficiencias a la hora de medir el impacto del problema en la sociedad. "El registro y medición de la violencia basada en género es fragmentada según las instituciones que la relevan. No hay un sistema de información a nivel nacional que permita brindar registros armonizados ni conocer a fondo el problema. La recopilación de información es incompleta e insuficiente", asegura.
El gobierno propone que el sistema de tobilleras electrónicas se aplique en cuatro departamentos (Maldonado, San José, Montevideo y Canelones) el desarrollo de dos servicios regionales (Salto y Rivera).
Los medios de comunicación y los periodistas también son señalados por algunos males vinculados a la violencia de género. "Los medios de comunicación (periodistas, dirigentes y empresarios), en su rol de reproductores y creadores de modelos, se mantienen como actores que reproducen los patrones patriarcales y hegemónicos de género", expresa el documento, que vincula estos patrones a una cultura que fomenta la violencia de género en sus múltiples manifestaciones. Se propone, a su vez, otorgar 200 soluciones habitacionales transitorias a mujeres en situación de violencia doméstica y trata de mujeres hasta 2019. l
