El problema es la política, no la economía

Las dos caras del gobierno y la divergencia de posiciones que genera incertidumbre
La semana que mostró las dos caras del gobierno y la divergencia de posiciones genera incertidumbre y conspira contra las oportunidades
En esta misma semana, en la que el equipo económico se preocupó de transmitir señales positivas de la economía uruguaya a los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial, de la calificadora Fitch Ratings, a los empresarios que fueron al almuerzo de ADM y a la opinión pública, la bancada parlamentaria mostró la otra cara del gobierno.

El gobierno es un conjunto; no es un presidente y punto. Es lo que emergió de las elecciones de 2014, con un Poder Ejecutivo moldeado al ideal del presidente Tabaré Vázquez, y con una bancada legislativa producto de una interna del Frente Amplio que ganaron los sectores de más izquierda.

Eso se expresa en un peso político para el Movimiento de Participación Popular (MPP), la lista 711 (de Raúl Sendic), el Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), los que acompañaron a Constanza Moreira (Casa Grande y el Ir) y algunos otros que coinciden con ellos.

El Frente celebró que por tercera vez consecutiva lograba mayoría absoluta en ambas cámaras, pero eso solo le asegura independencia frente a la oposición.
La Liga Federal (Darío Pérez y Sergio Mier) es un grupo de poco peso (dos en cincuenta) pero con rebeldía como para enfrentar la voluntad mayoritaria.

Por un lado, Vázquez y Astori dan la batalla para mantener la economía estabilizada, sin que caiga en recesión, aceptando más inflación de la necesaria pero sin que se dispare, ajustando las cuentas fiscales para impedir deterioro. Y para eso aumentan impuestos y resignan gastos, incluyendo partidas para educación.

Por otro lado, la bancada asume la defensa de los sectores que se perjudican por postergación de partidas presupuestales.

Y esa confrontación de visiones en la Rendición de Cuentas no se da a través de conversaciones prolijas, sino en un escenario de confusión, que es de sainete.

Horas de reunión contra reloj. Discusiones que arrancaban después del desayuno y se extendían hasta la madrugada. Y sin "humo blanco".

Eso haría creer a la opinión pública que lo que estaba en juego era algo trascendente, una reforma estructural, una decisión que cambiara el rumbo de una política o que implicara algo removedor.
La expresión aludía a que el monto en cuestión, el gasto que el Ejecutivo pretende dejar sin efecto durante 2018, es una porción chica, muy chica, del total de Presupuesto.

Pero no era eso lo que percibía la gente, y obviamente de lo que han tomado nota agentes económicos.

Desde afuera

Justamente, dos ejecutivos de Fitch Ratings llegaron esta semana a Montevideo para la revisión anual de los datos económicos y financieros de Uruguay, a efectos de hacer el informe que dará nota al Uruguay.

En marzo, Fitch había advertido de que "las calificaciones de Uruguay podrían verse afectadas negativamente por la imposibilidad de estabilizar la creciente carga de la deuda general de gobierno", por "la falta de revertir el deterioro a corto plazo en las perspectivas de crecimiento", o por la "erosión" de los factores externos.

Y sobre posibilidades de mejora, expresó que eso sería si el gobierno adoptara medidas "políticas" para lograr "una trayectoria de la inflación más favorable", así como "la consolidación fiscal consistente con una trayectoria de la deuda pública en declive", y la concreción de "inversiones" o "mejoras de productividad" para incrementar la tendencia de "crecimiento a medio plazo".

Fitch tiene a Uruguay en la frontera entre grado inversor y grado especualtivo.

En su caso, una "perspectiva de baja" sería un golpe feo. Así lo entendió el gobierno y procuró tener elementos para mostrar que no merece que le pongan flechita para abajo.

En las últimas semanas, aunque la economía siga estancada con las proyecciones de PIB con leve contracción para este año, y persistan las presiones inflacionarias, hubo señales positivas.

El contexto externo dio cierto alivio, los mercados mostraron confianza en el país en la emisión de bonos, los precios tienden a desacelerarse, y se anunció una megainversión privada.

El gobierno vio una oportunidad. Si mostraba responsabilidad en la "consolidación fiscal", firmeza en no ceder ante sindicatos por pautas salariales indexatorias, eficiencia para asegurar la planta de celulosa con el impacto que eso genera, y seriedad para la espera a un tiempo mejor, eso podría ser recompensado con más confianza.

El gobierno tiene un problema con la economía, aunque eso no es dramático. Porque el problema mayor lo tiene con la política.

"(Es) la economía, estúpido", fue la frase que se hizo famosa por una terna de consejos que el asesor de Bill Clinton, James Carville, planteó durante la campaña electoral estadounidense de 1992, cuando su candidato competía con el entonces presidente George W Bush.

La sugerencia era para alertar sobre lo que le importaba a la gente, al electorado.

Aconsejaba imponer la idea de "cambio" en contraposición con la de "más de lo mismo", tener en cuenta la importancia del sistema de salud y de entender que lo relevante para la gente era "la economía" (y no la política exterior).

Mensaje que no tranquiliza

Hoy a la gente le importa la economía, y sus preocupaciones están en lo que siente en su vida cotidiana, pero están impregnadas por el mensaje político que llega del gobierno, del conjunto del gobierno: presidente y legisladores.

Y ese mensaje no tranquiliza. Preocupa. Inquieta. Genera incertidumbre.

Los analistas de las calificadoras se llevan en la cabeza el mismo combo que recibe la opinión pública uruguaya.

Hay señales de la economía que muestran una ventana de oportunidad, y el gobierno –el presidente y su equipo económico– hacen las tareas para aprovecharla.

Sin embargo, el mismo gobierno, pero a través de los legisladores oficialistas, resiste varias de esas medidas.

Y eso no solo corre para el ajuste fiscal sino también para intentos de ampliar acuerdos comerciales, o asegurar inversiones (la terminal de Buquebus, por ejemplo).

Los legisladores tienen derecho a votar de acuerdo a sus principios. Pero la divergencia entre el Ejecutivo y el Legislativo conspira contra las oportunidades de recuperación.

Es la política. El problema es la política.

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