El secreto mejor guardado


Columna de opinión publicada en El Observador Agropecuario

Por Pablo Carrasco, especial para El Observador

En el transcurso de los últimos siglos los activos como fuente de la riqueza han ido evolucionando. En el siglo XIX la tierra simbolizaba y generaba la riqueza de los ciudadanos, ya en el siglo XX la industria con sus íconos General Electric o General Motor ostentaban ese prestigio, mientras que en el siglo XXI los Bill Gates o Steve Job sustituyeron los Henry Ford o Tomas Edison con sus tecnologías digitales.

Con retraso, en 1948, el Uruguay de Maracaná crea el Instituto Nacional de Colonización (INC): "...para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural".

En su primer artículo, esta ley realiza un completo diagnóstico de los problemas de la agropecuaria y sus protagonistas. No solo se buscaba redistribución de la riqueza, esto es la tierra, sino que se ponía al latifundio como el padre de todos los males. La sola división de la tierra mejoraría la producción, sentencia la ley, y el acceso a la tierra de los trabajadores rurales los incluiría como agentes económicos.

Ambos supuestos son al día de hoy completamente falsos. En un país con enormes impuestos ciegos a la tierra y donde los costos han inviabilizado la producción intensiva como pequeños animales, horticultura o fruticultura, los modelos productivos viables son aquellos que tienen escala económica. En este contexto, los pequeños campos de Colonización explotados por colonos pobres se caracterizan por la baja productividad y los problemas ambientales por todos conocidos y con sus excepciones confirmatorias de la regla. Tampoco esta ley rescata a la familia rural que, con los números actuales del negocio, necesitaría 1.000 hectáreas para ganar lo mismo que trabajando como capataz de una estancia.

Este Instituto soñado por el socialismo ya que incluye reforma agraria y elimina la propiedad privada, responde a realidades campesinas europeas de 1848 cuando Marx hizo sus profecías, época que sigue siendo hoy el abrevadero de análisis de esta ideología respecto a la interpretación del mundo.

En silencio, este Instituto se ha convertido en la empresa pública nacional con mayor patrimonio. Los US$ 2.500 millones que valen sus 600 mil hectáreas son dados en arrendamiento a 3.300 familias por una renta completamente subsidiada que significa renunciar a una cifra cercana a los US$ 75 millones anuales, en la medida que lo que cobra el INC de arrendamiento es la misma cifra que lo que gasta para recaudarlo.

A esto habría que sumarle los US$ 30 millones anuales gastados en compra de tierra.

Al presente este Instituto plantea una intolerable injusticia ejerciendo la discriminación positiva hacia un único tipo de trabajador y un gasto indecente para un país que podría resolver con ese capital, temas como la educación, la vivienda y buena parte de la pobreza. A cambio de tal esfuerzo de la sociedad en beneficio de pocas personas, en tierras de colonización abunda el uso irregular, los pastoreos y medianerías agrícolas con terceros. Esto ha sido y continua siendo así ya que el problema no está en los gobiernos de turno sino en la mala idea que resultó esta ley.

En momentos que el partido de gobierno trabaja denodadamente para crear nuevos impuestos, parecería que nuestra sociedad debería discutir los destinos de estos activos respetando los derechos adquiridos de los colonos. Parece evidente que en lugar de discutir lo que vamos a hacer con el dinero de un petróleo que no tenemos, lo hagamos con una tierra que sí tenemos.