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El segundo round por ANCAP será en la Justicia
Oposición define estructura de la denuncia penal
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28 de febrero de 2016 a las 05:00
Abogados de todos los partidos de oposición (Nacional, Colorado, Independiente y Unidad Popular) se reunirán esta semana para estructurar la denuncia penal que presentarán contra la gestión del Frente Amplio en ANCAP.
El encargado de coordinar esa reunión será el senador Álvaro Delgado, quien fue el miembro denunciante en la comisión investigadora sobre ANCAP.
La intención es presentar el escrito a la Justicia en marzo en uno de los juzgados especializados en crimen organizado que se encarga de esclarecer, entre otros, los casos de corrupción.
Entre los aspectos a definir, algo en lo que asesorarán los abogados, está el determinar si se presentará una denuncia única de toda la oposición. En ese caso cada partido se hará responsable de los capítulos que denuncié según lo explicó el martes a El Observador el senador Jorge Larrañaga. Otro camino es decidir presentar varias denuncias aunque en forma simultánea; o si habrá una denuncia con los puntos en los que haya coincidencia y luego los partidos, en otro documento, agregarán más elementos.
El Partido Nacional ya decidió que tiene seis temas para llevar a la Justicia donde presume que se pudo cometer algún delito (ver recuadros abajo). El Partido Colorado denunciará cuatro capítulos y el Partido Independiente seis. En varios de los temas a denunciar hay coincidencias, según dijeron a El Observador fuentes parlamentarias.
La Unidad Popular –único partido de la oposición que por no estar en el Senado no integró la comisión investigadora– ya decidió que presentará una denuncia penal contra ANCAP y la semana entrante definirá si se acopla a la estrategia de los demás partidos.
El miércoles pasado, a instancia de Larrañaga, referentes políticos de la oposición se reunieron en el Palacio Legislativo para acordar la presentación de una denuncia penal y dar una señal política de unidad.
Tras la comisión investigadora cada partido presentó su informe al Senado.
La oposición entiende que se cometieron irregularidades en ANCAP –empresa que perdió US$ 602 millones entre 2011 y 2014 y falta agregarle las pérdidas del año 2015– mientras que el Frente Amplio rechaza que se haya cometido irregularidades o algún delito. l
Las denuncias del Partido Nacional
Publicidad
ANCAP gastó US$ 10.7 millones en publicidad en dos años. Ese monto incluyó donaciones, se aclaró desde el oficialismo en la comisión investigadora del Senado. La agencia de publicidad La Diez fue cuestionada desde el principio; su elección fue impugnada por las otras empresas que participaron del llamado y se cuestionaron las comisiones –porcentajes variables- cobradas que generaron dudas en la oposición.
Entre las irregularidades que señala la oposición se confirmó el pago de US$ 370 mil que costó la fiesta para inaugurar la planta desulfurizadora de La Teja, así como el pago de US$ 5.000 en pautas a una radio comunitaria de Quebracho (Paysandú), que según la oposición no estaba emitiendo al aire. También se cuestionaron los costos de los stands de la empresa en ferias petroleras en Paraguay y Rusia.
Transporte de cal
Uno de los temas discutidos en la comisión investigadora fue el transporte de cal de ANCAP hacia Brasil, que se hace a través de una empresa de camiones brasileña que fue contratada en forma directa, es decir, sin licitación. La empresa contratada por Cementos del Plata (colateral de ANCAP) es Palo Verde. Los blancos denunciaron que los costos de llevar cal de Treinta y Tres a Candiota en Brasil son 30% más caros que lo que indica el mercado. La empresa que lleva la cal a Candiota – el recorrido son 300 kilómetros– recibe US$ 85 por tonelada.
Los parlamentarios de la oposición marcaron además que la cal vendida fue en acuerdo con la brasileña Compañía de Generación Térmica de Energía Eléctrica (CGTEE), filial de Eletrobras, la poderosa empresa brasileña de energía. En ese acuerdo firmado en 2010 aparece mencionado Valter Cardeal, un hombre de confianza de la presidenta Dilma Rousseff, cuyo gobierno está jaqueado por acusaciones de corrupción. Cardeal, según publicó la revista Veja en julio de 2015, recibió "propinas" para la campaña política del año pasado.
Remolcador Ky Chororo
El remolcador Ky Chororo estuvo casi un año y medio sin funcionar. ANCAP lo mandó construir a la Armada Nacional junto con dos barcazas por los que pagó US$ 12,5 millones. Las barcazas se entregaron a tiempo pero el remolcador, por un problema de sonorización, no se pudo usar durante casi un año y medio. En ese lapso, ANCAP tuvo que alquilar remolcadores a privados, lo que le costó US$ 5 millones. ¿Quién se beneficia de que no esté funcionando el remolcador que mandó construir ANCAP?, preguntaron los senadores del Partido Nacional en la comisión investigadora. Actualmente el remolcador Ky Chororo está en condiciones de trabajar.
Exor y Trafigura
Dos negocios que involucraron a empresas del exterior, también suscitaron la atención de la oposición. La empresa Exor intermedió en la cancelación de deuda de ANCAP con la venezolana Pdvsa, lo que implicó una rebaja en el monto a pagar. Ancap negó en el Parlamento haber contratado los servicios de Exor y aclaró que fue Pdvsa la que lo hizo; pero Exor demandó a Ancap ante la Justicia –por el pago de la comisión derivada de la intermediación–, lo que generó que la estatal uruguaya finalmente le pagara en etapa de conciliación US$ 3.5 millones.
El otro caso involucra a la empresa multinacional Trafigura en un negocio de intermediación entre ANCAP y Petroecuador, que implicó US$ 6.000 millones en combustibles. Trafigura ganó US$ 200 millones por concepto de honorarios, según se informó, y ANCAP se quedó con US$ 6 millones. Trafigura está acusada de corrupción en varios países.
Importaciones
Compras de petróleo y gas no aparecen en los registros de Aduana y el trámite empezó a regularizarse cuatro años después de concretadas las importaciones. En ese caso la oposición considera que se puede estar ante infracciones aduaneras.
También hubo diferencias entre los barriles de petróleo importados y los registros. El senador Pablo Mieres (Partido Independiente) denunció que entre los años 2011 y 2014, ANCAP compró crudo y pagó US$ 125 millones de más, en relación a los precios del mercado.
El encargado de coordinar esa reunión será el senador Álvaro Delgado, quien fue el miembro denunciante en la comisión investigadora sobre ANCAP.
La intención es presentar el escrito a la Justicia en marzo en uno de los juzgados especializados en crimen organizado que se encarga de esclarecer, entre otros, los casos de corrupción.
Entre los aspectos a definir, algo en lo que asesorarán los abogados, está el determinar si se presentará una denuncia única de toda la oposición. En ese caso cada partido se hará responsable de los capítulos que denuncié según lo explicó el martes a El Observador el senador Jorge Larrañaga. Otro camino es decidir presentar varias denuncias aunque en forma simultánea; o si habrá una denuncia con los puntos en los que haya coincidencia y luego los partidos, en otro documento, agregarán más elementos.
El Partido Nacional ya decidió que tiene seis temas para llevar a la Justicia donde presume que se pudo cometer algún delito (ver recuadros abajo). El Partido Colorado denunciará cuatro capítulos y el Partido Independiente seis. En varios de los temas a denunciar hay coincidencias, según dijeron a El Observador fuentes parlamentarias.
La Unidad Popular –único partido de la oposición que por no estar en el Senado no integró la comisión investigadora– ya decidió que presentará una denuncia penal contra ANCAP y la semana entrante definirá si se acopla a la estrategia de los demás partidos.
El miércoles pasado, a instancia de Larrañaga, referentes políticos de la oposición se reunieron en el Palacio Legislativo para acordar la presentación de una denuncia penal y dar una señal política de unidad.
Tras la comisión investigadora cada partido presentó su informe al Senado.
La oposición entiende que se cometieron irregularidades en ANCAP –empresa que perdió US$ 602 millones entre 2011 y 2014 y falta agregarle las pérdidas del año 2015– mientras que el Frente Amplio rechaza que se haya cometido irregularidades o algún delito. l
Las denuncias del Partido Nacional
Publicidad
ANCAP gastó US$ 10.7 millones en publicidad en dos años. Ese monto incluyó donaciones, se aclaró desde el oficialismo en la comisión investigadora del Senado. La agencia de publicidad La Diez fue cuestionada desde el principio; su elección fue impugnada por las otras empresas que participaron del llamado y se cuestionaron las comisiones –porcentajes variables- cobradas que generaron dudas en la oposición.
Entre las irregularidades que señala la oposición se confirmó el pago de US$ 370 mil que costó la fiesta para inaugurar la planta desulfurizadora de La Teja, así como el pago de US$ 5.000 en pautas a una radio comunitaria de Quebracho (Paysandú), que según la oposición no estaba emitiendo al aire. También se cuestionaron los costos de los stands de la empresa en ferias petroleras en Paraguay y Rusia.
Transporte de cal
Uno de los temas discutidos en la comisión investigadora fue el transporte de cal de ANCAP hacia Brasil, que se hace a través de una empresa de camiones brasileña que fue contratada en forma directa, es decir, sin licitación. La empresa contratada por Cementos del Plata (colateral de ANCAP) es Palo Verde. Los blancos denunciaron que los costos de llevar cal de Treinta y Tres a Candiota en Brasil son 30% más caros que lo que indica el mercado. La empresa que lleva la cal a Candiota – el recorrido son 300 kilómetros– recibe US$ 85 por tonelada.
Los parlamentarios de la oposición marcaron además que la cal vendida fue en acuerdo con la brasileña Compañía de Generación Térmica de Energía Eléctrica (CGTEE), filial de Eletrobras, la poderosa empresa brasileña de energía. En ese acuerdo firmado en 2010 aparece mencionado Valter Cardeal, un hombre de confianza de la presidenta Dilma Rousseff, cuyo gobierno está jaqueado por acusaciones de corrupción. Cardeal, según publicó la revista Veja en julio de 2015, recibió "propinas" para la campaña política del año pasado.
Remolcador Ky Chororo
El remolcador Ky Chororo estuvo casi un año y medio sin funcionar. ANCAP lo mandó construir a la Armada Nacional junto con dos barcazas por los que pagó US$ 12,5 millones. Las barcazas se entregaron a tiempo pero el remolcador, por un problema de sonorización, no se pudo usar durante casi un año y medio. En ese lapso, ANCAP tuvo que alquilar remolcadores a privados, lo que le costó US$ 5 millones. ¿Quién se beneficia de que no esté funcionando el remolcador que mandó construir ANCAP?, preguntaron los senadores del Partido Nacional en la comisión investigadora. Actualmente el remolcador Ky Chororo está en condiciones de trabajar.
Exor y Trafigura
Dos negocios que involucraron a empresas del exterior, también suscitaron la atención de la oposición. La empresa Exor intermedió en la cancelación de deuda de ANCAP con la venezolana Pdvsa, lo que implicó una rebaja en el monto a pagar. Ancap negó en el Parlamento haber contratado los servicios de Exor y aclaró que fue Pdvsa la que lo hizo; pero Exor demandó a Ancap ante la Justicia –por el pago de la comisión derivada de la intermediación–, lo que generó que la estatal uruguaya finalmente le pagara en etapa de conciliación US$ 3.5 millones.
El otro caso involucra a la empresa multinacional Trafigura en un negocio de intermediación entre ANCAP y Petroecuador, que implicó US$ 6.000 millones en combustibles. Trafigura ganó US$ 200 millones por concepto de honorarios, según se informó, y ANCAP se quedó con US$ 6 millones. Trafigura está acusada de corrupción en varios países.
Importaciones
Compras de petróleo y gas no aparecen en los registros de Aduana y el trámite empezó a regularizarse cuatro años después de concretadas las importaciones. En ese caso la oposición considera que se puede estar ante infracciones aduaneras.
También hubo diferencias entre los barriles de petróleo importados y los registros. El senador Pablo Mieres (Partido Independiente) denunció que entre los años 2011 y 2014, ANCAP compró crudo y pagó US$ 125 millones de más, en relación a los precios del mercado.
