El tarifazo eléctrico de Macri en Argentina: ahora o nunca

Aprovechó el momento positivo de su gobierno para aplicar una medida poco simpática
Por la plata no se preocupen, es problema mío", decía Axel Kicillof, con su característica actitud de suficiencia. Corría el año 2012 y el entonces viceministro explicaba el plan con el que se suponía que se superarían los cuellos de botella en materia energética.

Con una matriz insumo-producto, el joven economista explicaba que sería el Estado quien fijaría los costos de la electricidad y el margen de rentabilidad que deberían tener las empresas. Cuando los representantes de las compañías –que con grandes dificultades apenas podían cubrir sus costos salariales y ya habían dejado de hacer inversiones de porte– preguntaron de dónde saldrían los recursos para esa ganancia a fijar por el gobierno, el funcionario les respondió que él se haría cargo.

Pero lo que quedó en claro fue que el "problema mío" al que hizo referencia Kicillof terminó siendo un problema del fisco, que aumentó su nivel de subsidios a la energía hasta el punto en que terminaron por representar casi uno de cada cuatro puntos del gasto público.

Finalmente, el esquema ideado por Kicillof terminó con la peor combinación posible: hubo apagones en todos los veranos subsiguientes, mientras el nivel de subsidio estatal era cada vez más pesado en términos del PBI.

Ahora, lo que ahora los funcionarios del nuevo gobierno macrista están dejando en claro es que, a diferencia de lo que decían sus predecesores, "el problema" no es algo de lo que ellos estén dispuestos a hacerse cargo. La resolución publicada el miércoles es bien clara desde el mensaje político: ya no hay margen para regarle electricidad a quien la pueda pagar.

Y deja la sensación de que, en el debate interno del gobierno, los partidarios del "shock" se impusieron sobre los que promovían un camino gradualista.

Esto ocurre, en parte, por la urgencia de un sector que necesita recursos para hacer inversiones en una red colapsada. Y en parte, porque el gobierno asumió que el "timing" político y económico es el correcto.

Luego del debate

Durante todo el año de la campaña electoral se había desarrollado un debate entre los economistas respecto de cómo debía realizarse el ajuste tarifario. Quienes criticaban el gradualismo señalaban que, dado el gran nivel de atraso tarifario en zonas como la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, los remedios parciales resultarían ineficaces.

La argumentación era que, en un país donde la gente tiene un fino olfato para leer la situación económica y cuenta con una gimnasia indexatoria, los aumentos graduales siempre serían neutralizados por aumentos preventivos de precios. En definitiva, que el resultado sería el de quedarse con el retraso tarifario en términos reales pero con inflación más alta.

Pero claro que la otra opción, la del aumento brusco, necesitaba un cierto marco político y social: la propia Cristina Kirchner se había asustado, después de ver las protestas que sufrió su colega Dilma Rousseff en Brasil por el aumento del boleto de colectivo, y había decidido no avanzar en el plano de las tarifas.

La actitud de los macristas parece dejar en claro que este es el momento, dada la autoridad y la simpatía que genera todo nuevo gobierno –en el caso de Macri, con un 70 0% de aprobación–.

De manera que se avanzó con la misma tónica con la que se decidió levantar el cepo cambiario o avanzar en temas políticos controversiales. Es decir, con la convicción del "ahora o nunca".

Paradójicamente, el colapso del sistema eléctrico terminó jugando a favor de la opción del shock, dado que se terminó generando entre los usuarios el convencimiento de que facturas bimestrales equivalentes a unos 200 pesos uruguayos podrían tener algo que ver con la crisis del sistema.

A la espera de la boleta

El primer paso consistió en anunciar un nuevo esquema tarifario para el segmento mayorista, es decir lo que las distribuidoras deben pagarle a las generadoras. También se adelantaron planes dirigidos al sector residencial, como el del premio al bajo consumo y una "tarifa social" para los sectores de bajos ingresos.

Todavía faltan precisiones sobre cómo quedará el cuadro tarifario, porque resta saber cuánto será el margen de las empresas distribuidoras. Pero los expertos hablan de una suba mínima de 300%.

La suba puede ser impactante cuando se la expresa en términos porcentuales, pero se hace mucho menor cuando se la convierte a pesos: aun con el incremento, es probable que ningún hogar porteño pague por la luz tanto como lo hace por la TV cable y la conexión a internet.

Mientras tanto, quienes se apresuraron a festejar, una vez más, fueron los operadores bursátiles, que compraron con entusiasmo las acciones del rubro energético. Los títulos de la transportadora de energía Transener avanzaron 5,5% y los de la distribuidora eléctrica Edenor subieron 4,6%. También los papeles de Pampa aumentaron 4,2 por ciento.

Lo que el mercado está dando por sentado es que las compañías distribuidoras deberían tener una mejora en su actual ecuación económica. A fin de cuentas, el diagnóstico que compartían todos los analistas es que el gran problema era la inversión insuficiente, y que eso no se modificaría si las operadoras no contaban con tarifas y márgenes adecuados.

No por casualidad, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, justificó el shock tarifario en "el abandono (por el anterior gobierno) de criterios económicos en la definición de precios, que distorsionó las señales económicas, aumentando el costo del abastecimiento, desalentando la inversión privada".

Entre el ahorro y la tarifa social

El objetivo de política económica detrás del tarifazo es contribuir a un recorte del gasto público, de manera de ayudar a la meta de achicar el déficit fiscal a un nivel de 4,8 puntos del PIB hacia fin de año.

¿A cuánto ascenderá ese ahorro por subsidios energéticos? El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, había adelantado su intención de cortar el equivalente a 1,5 puntos del PBI a lo largo del año.

Pero esta medida no parece ser suficiente. Un análisis realizado por la fundación FIEL estima que el anuncio implica un recorte de US$ 3.400 millones, lo que daría 0,7 punto del PBI. Pero advierte que, si se considera el efecto de la reciente devaluación y el posible aumento en el precio del gas que pagan las generadoras eléctricas, ese ahorro se reduce a US$ 2.000 millones, o 0,4 punto del PBI.

Aunque falta por conocerse el resto del plan, los expertos ya empezaron a deslizar críticas. Por caso, FIEL dejó entrever sus dudas sobre el éxito del plan de estímulo para que los usuarios bajen sus niveles de consumo y hasta comparó el nuevo régimen con el que el kirchnerismo aplicó con poco éxito para el sector del gas.

"Constituye un error de diseño que lleva a un exceso de diferenciación tarifaria de dudosa efectividad respecto a sus objetivos (por la contingencia de los shocks de temperatura) y que agrega una innecesaria opacidad a los precios del sistema que efectivamente pagan los usuarios", sostiene el informe.

En cambio, sí elogió el programa "Tarifa Social" -que contempla la situación de hogares de bajos ingresos- como un avance, aunque señaló las dificultades que conlleva la metodología.

En lo político, la forma en que se implemente esa bonificación puede ser clave para saber si el "tarifazo" será exitoso o no. Por lo pronto, ya implica un costado negativo desde el impacto en los precios: según la estimación del economista Miguel Bein, hay que descontar nueve puntos extra de inflación como consecuencia de este shock.

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