El TCA, un karma para el gobierno

Las sentencias contra el Estado en aumento en los últimos tres años
Integrado por cinco ministros, contando con 84 funcionarios y rigiendo sus procesos por un anticuado modelo de juicio escrito regulado por su ley orgánica de 1984, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno que encabeza el presidente Tabaré Vázquez, ya que en los últimos meses ha revocado varias decisiones tomadas por la administración anterior de José Mujica.

La semana pasada, el TCA (que tiene un presupuesto anual de $ 6,6 millones) anuló un decreto de julio de 2013 que estableció una reforma organizativa en la Dirección Nacional de Aduanas en el marco de un proceso de modernización general del organismo para el que se pidió un crédito de US$ 22 millones al BID. La sentencia concluyó que el nuevo esquema no respeta el derecho de los funcionarios a desarrollar la carrera administrativa.

El mes pasado, tras un recurso promovido por la empresa Claro, el TCA anuló una decisión de abril de 2013 de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) que consideró ilegales los "telulares", que implican brindar servicios fijos en base a la red celular como forma de abaratar costos en centrales telefónicas.

Días antes, en otros dos fallos, el TCA revocó la reestructura del servicio jurídico de la Dirección General de Casinos decretada a fines de 2010 y anuló una disposición del 31 de diciembre de 2012 que limitó la cantidad de clientes que puede tener Directv.

Y en agosto de 2015, el TCA anuló el decreto reglamentario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, tras un recurso presentado por un grupo de cerca de 100 ginecólogos, cosa que obligó al Ministerio de Salud Pública modificar esa regulación.

Solvencia

El año pasado el TCA tuvo en trámite 791 expedientes y emitió 864 sentencias. Los fallos anulatorios de actos administrativos dictados por el Estado crecieron en los últimos tres años, pasando de 168 en 2013 a 250 en 2015.

De acuerdo con la Constitución, el TCA está equiparado a la Suprema Corte de Justicia y se integra por magistrados judiciales. Para llegar a presentar un recurso de nulidad ante este órgano creado en 1952 (donde los juicios duran no menos de dos años) el interesado primero debe agotar los mecanismos de impugnación ante la administración.

La variedad de asuntos que pueden llegar al TCA es muy amplia (y pueden ir desde una multa de tránsito hasta un reclamo de una empresa por una licitación internacional) pero buena parte del trabajo en los últimos años se ha centrado en asuntos tributarios contra la DGI y el BPS.

El TCA se limita a decidir si una decisión administrativa fue legítima o ilegítima. La segunda hipótesis abre al interesado la posibilidad de promover un reclamo civil contra el Estado.

El abogado Adrián Gutiérrez, experto en derecho administrativo y socio del estudio Rueda, Abadi & Pereira, dijo a El Observador que los ministros del TCA "tienen una solvencia técnica muy importante y eso se nota porque en los últimos tiempos han cambiado la jurisprudencia y también interpretaciones muy antiguas, lo que muestra que existen criterios que son más garantistas".

Gutiérrez afirmó que en el Estado hay dependencias que tienen personal técnico "preparado" y en otras existen "ciertas deficiencias", y eso hace que haya organismos que tengan mayor cantidad de juicios perdidos en el TCA.

Fallos recientes del TCA



  • Reforma de Aduanas. Revocó organización del organismo de 2013 al concluir que afecta la carrera administrativa de los funcionarios.
  • Claro y "telulares". Anuló el criterio de la Ursec que en abril de 2013 prohibió a Claro brindar servicios "telulares".
  • Reforma de Casinos. Consideró ilegal la reestructuración del servicio jurídico de la Dirección de Casinos realizada por decreto a fines de 2010.
  • Clientes de Directv. Dejó sin efecto un decreto de diciembre de 2012 que topeó en el 25% del total de hogares el máximo de clientes de puede tener esa empresa, disposición que consideró ilegal.
  • Decreto del aborto. Revocó el decreto reglamentario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo tras un recurso presentado por 100 ginecólogos, que plantearon que la norma violaba su derecho a ejercer la objeción de conciencia.

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