El terremoto del intendente Lima

El nuevo jefe comunal enfrentó inundaciones, líos políticos, reclamos sindicales y enfermedades
En apenas nueve meses de gestión al intendente de Salto, Andrés Lima, casi que no le queda ninguna otra crisis por atravesar. Ni bien empezó su mandato los problemas del departamento empezaron a relucir a tal punto que apenas una situación parecía normalizarse, otra saltaba por otro lado.

Faltaban dos semanas para que asumiera cuando los funcionarios municipales realizaron un paro de diez días en reclamo por el pago de sus salarios.

La acumulación de toneladas de basura en las calles hizo que el presidente Tabaré Vázquez pidiera a las autoridades del departamento que iniciaran un relevamiento para analizar el estado sanitario de la ciudad.

Una vez levantada la medida sindical, el gobierno tuvo que enfrentarse a las deudas que mantenía con sus funcionarios.

Como no tenía dinero suficiente para pagar los salarios y empezó a aflorar la posibilidad de recortar la plantilla, cerca de 100 empleados abordaron a Lima en la puerta del edificio municipal para increparlo.

Finalmente terminó por concretar el despido de más de 200 trabajadores.

No había pasado un mes de gobierno cuando la intendencia recibió una llamada desde la embajada de Japón preguntando por la construcción de un banco materno para la cual la delegación nipona había brindado US$ 61 mil, lo que llevó al gobierno departamental a empezar una investigación para ver dónde se había gastado.

Después llegaron las fiestas de fin de año que, en los hechos, poco tuvieron de celebración. Las crecidas del río Uruguay y de los arroyos Ceibal y Sauzal provocaron inundaciones como no se habían visto en los últimos 40 años en el departamento, y casi 1.600 personas tuvieron que dejar sus casas por miedo a que el agua los alcanzara.

Ya para Reyes el agua empezaba a desaparecer de las calles, pero en cambio llegaron las víboras, las ratas y los mosquitos. Entonces apareció la leishmaniasis, una enfermedad en perros sobre la cual hasta el momento se había escuchado poco.

El Ministerio de Salud Pública esta vez sí decretó la emergencia sanitaria y varios perros tuvieron que ser sacrificados.

Ahora, la aparición de ocho facturas adulteradas presentadas por ediles y una denuncia penal en trámite parecen indicar que lo de Salto es un tema de nunca acabar.

Recortes

La situación financiera de Salto ya se venía anunciando desde el último tramo del gobierno colorado, cuando la falta de cobro de salarios llevó a los funcionarios a realizar un paro que se extendió durante diez días.

El problema inicial se resolvió con el pedido de una línea de crédito al Banco República, pero luego afloraron otras medidas de recorte para paliar el problema de caja al que se enfrentaba la intendencia.
Ni bien asumió Lima anunció la suba del precio del boleto de $ 6 a $ 10 y propuso despedir a 350 trabajadores. Sin embargo, luego de negociaciones con el sindicato de empleados municipales, fueron cerca de 200 los que quedaron afuera de la comuna.

Inundaciones

Sobre fin de año las crecidas de ríos y afluentes provocaron inundaciones en el norte del país y más de 5.000 personas tuvieron que mudarse a refugios.

Salto fue uno de los departamentos más afectados: el nivel del río Uruguay alcanzó casi 17 metros y muchos vieron por primera vez cómo el agua llegaba a ciertas calles de la ciudad que en más de 40 años habían vivido sin amenaza.

Cuando el agua empezó a bajar los salteños empezaron el retorno a sus casas, a pesar del riesgo que eso implicaba.

La humedad y la basura desparramada llevaron a Salto mosquitos, víboras y ratas, por lo que la aparición de enfermedades era cuestión de tiempo.

El Ministerio de Salud Pública decretó la alerta sanitaria en el departamento y el presidente Tabaré Vázquez resolvió enviar a militares para que colaboraran con la limpieza. En total fueron 120 efectivos militares con 10 camiones recolectores para acelerar el operativo.

Banco de leche

En marzo de 2015 la embajada de Japón había llegado a un acuerdo con el entonces intendente de Salto, el colorado Manuel Barreiro, en el que la delegación dio al gobierno departamental casi US$ 61 mil a cambio del compromiso de la comuna de concretar un centro de recolección de leche humana en menos de un año.

Cuando la embajada de Japón se contactó con la administración de Lima para preguntarle en qué había quedado la concreción del banco de leche, la intendencia se encontró con que el dinero no estaba en la cuenta.

Cuando se le preguntó al exintendente qué era lo que había pasado, Barreiro fue contundente: "La gasté. Había que pagar salarios y a veces hay que tomar decisiones heroicas".

El episodio derivó en un enredo diplomático, dado que la embajada japonesa puso en suspenso futuras colaboraciones con Uruguay hasta tanto el dinero no fuera devuelto a la cuenta y se concretara la construcción del centro.

En la comuna se inició una investigación administrativa y se presentó una denuncia penal bajo la sospecha de que hubo desviación de fondos.

Leishmaniasis

A principios de año en Salto se registró un brote de leishmaniasis en perros, que son el principal reservorio de la enfermedad. Uno de los mayores miedos era que el parásito fuera transmitido a humanos, ya que podía convertirse en mortal en el 90% de los casos si no se llegaba a detectar a tiempo y no se indicaba medicación. Ante esta situación se analizaron 1.500 perros del departamento.

El parásito se detectó en 63, y casi la mitad tuvieron que ser sacrificados, lo que si bien algunas personas tomaron con naturalidad, otras aseguraron que lo hicieron porque se sintieron obligadas.

El documento presentado por la Comisión Departamental de Zoonosis y firmado por dueños de mascotas manifestaba que debía aplicarse la eutanasia en un plazo de cinco días al perro con leishmaniasis y señalaba que en caso de que el procedimiento no se realizara dentro del tiempo estipulado el tema pasaría al Poder Judicial.

Boletas truchas

La Intendencia de Salto se encontró en marzo con que ocho facturas presentadas por ediles para justificar gastos fueron adulteradas.

Estas diferencias llevaron a la administración a presentar una denuncia penal contra los tres firmantes de las boletas: Martín Pertuzzati, presidente de la Junta Departamental, y los ediles Eduardo Godoy y Daiana Añasco.

Los ediles son integrantes del Frente Amplio y hasta el momento formaban parte de la Agrupación Humanista Armando Aguirre, la misma que integra el intendente Andrés Lima. Esto provocó revuelo en la interna de la fuerza política y se llegó a pedir la renuncia de los tres implicados, quienes decidieron alejarse del sector pero mantenerse en sus bancas.

En paralelo la Junta de Salto decidió conformar una comisión para iniciar una investigación que incluya todas las rendiciones de cuentas presentadas por los ediles desde que empezó el quinquenio.



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