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El trago amargo del déficit fiscal
Acorralado en su afán de corregir las cuentas públicas, el gobierno resolvió hacer caja con los entes y eso le costó tener en contra a empresarios y al PIT-CNT
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15 de enero de 2016 a las 05:00
En una nota publicada por el sitio web de la Presidencia de la República el 28 de octubre de 2014, el por entonces ministro de Industria, Roberto Kreimerman, afirmó que el costo de producción de energía había bajado 25% a raíz del cambio de la matriz energética y señaló que el Poder Ejecutivo estudiaba rebajas de, al menos, 5% en la tarifa de UTE. Nadie presionó a Kreimerman para que dijera eso, sino todo lo contrario.
El tiempo pasó y la promesa no se cumplió. En enero de 2015 la rebaja en términos reales de la tarifa de energía eléctrica estuvo en el entorno de 1% y ahora, en el nuevo ajuste de 2016, el incremento superó en medio punto la inflación.
El incremento de 9,85% para todas las tarifas de energía eléctrica y el mantenimiento del precio de las naftas pese al descenso del precio internacional del petróleo ponen presión al gobierno que enfrenta críticas de la oposición, el empresariado, el PIT-CNT y varios economistas.
La coyuntura económica, el desempeño de las empresas públicas y la necesidad de hacer caja dejaron al gobierno acorralado para bajar el déficit fiscal.
Según economistas consultados por El Observador, las medidas demuestran que dentro de las metas macroeconómicas el gobierno priorizó reducir el déficit fiscal por sobre bajar la inflación.
Vázquez tomó el gobierno con un déficit fiscal de 3,5% del PIB y prometió bajarlo un punto para 2019. En tanto, en campaña prometió ubicar la inflación en 5% antes de los primeros 18 meses. Esa meta fue descartada por el Ministerio de Economía. La inflación cerró 2015 en 9,44%.
El escenario
El aumento anual de tarifas públicas que es tradicional al inicio en cada enero llegó este año en medio de un cóctel imprevisto para el Poder Ejecutivo, que admite una situación económica más deteriorada de la pronosticada durante la campaña electoral.
La cruzada por reducir un punto el déficit fiscal, un crecimiento hasta ahora menor al esperado, la necesidad de ajustar las inversiones de las empresas públicas e incluso tutelar a la petrolera ANCAP es el escenario que enfrenta el Poder Ejecutivo al arranque de 2016.
En tiempo de campaña electoral, varios economistas repitieron que sería necesario realizar un ajuste fiscal al inicio del nuevo período, pero tanto el presidente Tabaré Vázquez como el ministro de Economía, Danilo Astori, repitieron hasta el cansancio que descartaban esa media.
Aunque el oficialismo lo niega, tras las últimas resoluciones la oposición volvió a poner en la opinión pública la palabra "tarifazo".
La senadora socialista Mónica Xavier dijo el miércoles a canal 4 que "no hay afán recaudador".
Aunque el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, había anunciado un incremento por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC), el Ministerio de Economía le torció el brazo y promovió un aumento de las tarifas de energía eléctrica por encima de la inflación. Un mayor superávit en el ente permitirá a Economía reducir el déficit fiscal.
Otra de las tarifas de entes públicos que generó reclamos de la oposición es el precio del combustible. En medio de la recapitalización de la empresa por US$ 622 millones, el gobierno resolvió mantener el valor de la nafta pese a la caída del precio internacional del barril de petróleo.
En ANTEL el incremento de la telefonía fija fue de 9,4%, y en servicios de Internet de 10% hasta 26%, según pudo constatar El Observador.
En tanto, también sobre fin de año, Economía resolvió eliminar el ajuste por inflación en la liquidación de Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), siempre que el indicador esté debajo de 10%.
Las críticas
Más allá de las consideraciones político partidarias, tanto empresarios como sindicalistas cuestionaron el aumento de tarifas.
La central obrera se manifestó "en contra de la utilización" de las empresas públicas "como entes recaudadores". "Las dificultades fiscales que puedan existir se resuelven gravando más a los sectores más ricos de la sociedad y no desparramando los costos sobre la totalidad de la población", señaló un comunicado. También señaló un desfasaje entre la forma en que se aumentan las tarifas y las pautas salariales que entienden conservadoras.
El presidente de la Unión de Exportadores, Álvaro Queijo, dijo a El Observador que el gobierno lleva adelante "un ajuste fiscal a cara descubierta". El empresario indicó que el incremento de la tarifa de UTE "cayó muy mal" entre sus colegas.
Intendencia de Montevideo también precisa caja
Además de las resoluciones tomadas por el gobierno nacional para reducir el déficit fiscal, la administración frenteamplista de la Intendencia Municipal de Montevideo también impulsa medidas para hacer caja.
Durante la campaña electoral, el intendente socialista Daniel Martínez afirmó en reiteradas ocasiones que no se generarían nuevos tributos para paliar la falta de recursos y el déficit de US$ 421 millones acumulado por la comuna. Eso había sido advertido por el candidato del Partido Nacional, Álvaro Garcé. La administración de Martínez afirma de todos modos que buscarán "recursos sin más impuestos". El presupuesto presentado la semana pasada pone como metas reducir el tiempo de las actualizaciones de las bases de valores reales de los inmuebles con Catastro y revisar exoneraciones impositivas.
