El Uruguay democrático defraudado

Desde hace años Uruguay es complaciente con el régimen de Maduro. Pero este último hecho en Argentina, por la forma y la coyuntura en que se dio, hizo que la complacencia se transforme en complicidad. Por eso, la actitud que tomó el gobierno uruguayo en la pasada cumbre del Mercosur abre una herida importante en la tradición democrática del país.

En primer lugar, la noción de “no intervención” que resalta el presidente es un principio que Uruguay siempre defendió pero el cual tiene una frontera bien definida. El pragmatismo de la no intervención en asuntos internos termina cuando pasa a jugar el concepto de la “responsabilidad de proteger”. La piedra angular de este concepto, asumido en 2005 como compromiso de los países de Naciones Unidas, se basa en entender que la soberanía no solo le da a un Estado el derecho de controlar sus asuntos, sino que le confiere la responsabilidad de proteger a la población dentro de sus fronteras. Esto hace que cuando un Estado persistentemente da señales de no proteger a su población, ya sea por falta de voluntad o capacidad, la comunidad internacional debe asumir esa responsabilidad al menos a través de la denuncia y condena. Busca dar respuesta a una pregunta central que el gobierno uruguayo parece estar dejando de lado: ¿quién es responsable de proteger a una población de los atropellos de un gobierno que usa el poder militar para limitar las libertades de los ciudadanos?

Hay un segundo aspecto llamativo de la postura que ha tomado el gobierno uruguayo. Prácticamente ya van casi dos años desde que el gobierno de Vázquez comenzó a respaldar declaraciones en las que se pide al gobierno de Maduro el “restablecimiento del orden institucional” y “liberación de los presos políticos”. Pero por otra parte, no ha estado dispuesto a expulsar a Venezuela del Mercosur por no respetar la cláusula democrática del bloque. Es decir, sigue considerando a Venezuela como una democracia activa. La incoherencia se justifica en realizarnos una pregunta básica: ¿cómo es posible considerar como democracia a un país al que hace dos años se le pide que restablezca el orden institucional y libere a presos políticos?

El gobierno uruguayo parece no terminar de entender la estrategia táctica que utilizan regímenes como los de Maduro. Estamos hablando de personas que están dispuestas a utilizar cualquier instrumento para mantenerse en el poder. Es un régimen que sabe muy bien que al entregar o perder el poder, tendrán largos años de recorridas por tribunales internacionales para explicar las violaciones cometidas. Por tanto, lejos de perjudicarlo, fortalece inmensamente seguir hablándole de diálogo a un régimen que a la fecha supera los 300 presos políticos (la cifra más alta desde el año 1958, según datos del Foro Penal Venezolano), que lleva 102 manifestantes asesinados (con una edad promedio de 28 años) y que sin ningún escrúpulo dice que “si fracasa la revolución” habrá que prepararse para un tiempo de “masacre y muerte” (tal como resaltara en un discurso Maduro semanas atrás). ¿Alguien puede imaginar que quien lleva adelante esta “revolución” estaría dispuesto al diálogo respetuoso que pide el gobierno uruguayo?

La actitud que ha tomado el gobierno con respecto a este tema nos termina afectando a todos los uruguayos por igual. Sucede que la incoherencia ya no es la excepción, sino que cada vez más la regla: el mismo presidente que el 20 de julio recibía un doctorado honoris causa por la defensa de “los principios democráticos” y los “derechos humanos” (según indica el portal de Presidencia de la República), al otro día se transformaba en la voz que lideró el pedido de no ser “confrontativo” con un gobierno que prometió una masacre si salía del poder.

Es entendible que el gobierno reciba órdenes de su partido. Lo que no podemos permitir jamás es que esas órdenes se pongan por encima de valores históricos de nuestro país.

Quizá Vázquez crea que el Uruguay de los valores democráticos es un estatus que dura para siempre. Que tras años de crisis democrática, una vez nos curamos y que por tanto nuestras instituciones serán por siempre sanas. Pero se equivoca de diagnóstico. Las sistemáticas señales antidemocráticas que da un gobierno a través de su complicidad con un régimen dictatorial terminan dañando a un país de forma lenta pero profunda. Esto no es una hipótesis. Es una historia que los uruguayos conocemos bien.