El valor de la instituciones

Pero aquí empiezan los problemas, que son básicamente dos. Uno, que el precio de extracción en Uruguay sea superior al precio internacional y que, sin embargo, sigamos extrayéndolo porque “es nuestro”, porque “da trabajo”, por “ahorro de divisas”, por razones “medioambientales” como las que esgrimió Raúl Sendic en el caso de los biocombustibles donde expresamente pidió no fijarse exclusivamente en el precio, o por razones de cualquier tipo y con amplia carga de subjetividad que puede esgrimir el gobierno de turno (por ejemplo, las tristemente célebres “necesidades fiscales” que impiden bajar los precios de los combustibles). En este escenario, Uruguay no estaría siendo eficiente en la asignación de los recursos e introduciría una cuota de subjetividad política en las decisiones energéticas que no parece conveniente a la luz de lo que ha sido la gestión de ANCAP y la posterior acción de usar las tarifas de los entes públicos para fines fiscales.

El segundo problema que podría generarse, aunque menos probable, es que el precio internacional fuera superior al precio uruguayo y esto le otorgara al gobierno de turno una “renta”. Qué se haría con esa renta es la pregunta clave. ¿Se usaría para incrementar gastos corrientes del presupuesto nacional, como se ha hecho en los últimos 10 años con la recaudación impositiva adicional por circunstancias externas favorables? ¿Se guardaría con prudencia el excedente monetario para cuando esas circunstancias cambiaran? ¿Se haría un fondo de estabilización como hizo Chile con el cobre, cuando su precio internacional superó el precio de equilibrio de largo plazo? ¿Se haría un fondo especial para necesidades especiales como hizo Noruega, uno de los pocos países que supo manejar adecuadamente el descubrimiento de petróleo y el boom de precios?

Son preguntas para las que hoy no hay más respuestas que las que surgen de las políticas aplicadas recientemente. Y son respuestas muy poco alentadoras por lo que muestra la gestión de ANCAP, por lo que muestra la gestión de las finanzas públicas en una época de muy singular bonanza internacional y que han dado como resultado un déficit alto, y por lo que muestra el manejo de la tarifas públicas, que se mueven al son de las necesidades fiscales y no al son de los costos operativos de las empresas públicas.
Pero son preguntas que tendrían respuestas sensatas y, más que respuestas, acciones gubernamentales sensatas si hubiera un marco institucional que redujera la discrecionalidad política en el manejo de tarifas públicas. En una anterior columna argumenté que muchas veces la abundancia de recursos naturales es una maldición para el país que la tienen porque los gobiernos, con fines demagógicos, tienden a usar las rentas que se generan sin mayor esfuerzo en su propio beneficio de corto plazo, que suele ser meramente electoral.

Por tanto, el descubrimiento y eventual extracción de petróleo solo serían beneficiosos para el país si hubiera una “regla institucional” muy clara y no fácilmente modificable, sobre cómo se operaría en función de los diversos contextos de precios internacionales, altos o bajos, que pueden darse en el futuro.
Y de ahí, la importancia que tiene para el desarrollo de los países un fuerte tejido institucional que proteja los intereses de largo plazo y que impida movimientos orientados al corto plazo. Argentina es quizá un caso paradigmático: dotado de enormes recursos, carece de un marco institucional y del respeto de las normas y tratados que firma. Por eso, teniendo gas y petróleo, se ha convertido en importador neto de energía a causa de falta de inversiones en esas áreas. Uruguay, estando mejor que Argentina en materia institucional, está todavía en pañales para administrar bonanzas económicas y descubrimientos petroleros. Debemos hacer muchos deberes antes que celebrar el hallazgo de petróleo. Debemos, ante todo, mejorar nuestro marco institucional, algo de mucho más valor que el petróleo que podamos hallar.