Elusiva credibilidad política

Las opciones que maneja el Frente Amplio para bajar los costos de las campañas son inadecuadas y afectan la libertad de comercio.

Los errores y excesos en la propaganda, el financiamiento sospechoso y algunas sombras de corrupción entorpecen los esfuerzos de los actores políticos por proyectar una imagen que atraiga respaldo ciudadano. Solventar con transparencia el alto costo de las campañas electorales es un viejo debate que se ha reavivado, aunque sin solución a la vista. Uruguay fue, en 1928, el primer país del mundo en otorgar un subsidio estatal de acuerdo al caudal de cada partido en la elección previa. Pero el sistema, más tarde adoptado en muchos países, no alcanza para cubrir los costos de las campañas, que se completan con donaciones individuales y de empresas. Ahí es donde se generan los entredichos.

La objeción mayor es la presunción de que muchos aportes esconden la esperanza de obtener contratos o cargos u otros beneficios del Estado cuando un partido llegue al gobierno. Estamos lejos del escándalo de Odebrecht, la gigantesca firma brasileña que ha aceptado pagar US$ 4.500 millones en multas como penitencia por las coimas millonarias regadas en 12 países para obtener de sus gobiernos contratos de obras. Aunque en escala mucho menor, el mismo concepto sobrevuela la vida política uruguaya. La forma de asegurar transparencia no es limitar los aportes sino imponer la declaración pública, identificada y comprobable de todas las donaciones mediante cotejo con los gastos, lo que permitirá establecer más tarde si alguien recibe favores indebidos.

Debilitan también la credibilidad los casos de dirigentes cuestionados por irregularidades, reales o presuntas, cometidas desde cargos públicos o en actividades partidarias. Estas situaciones se han dado bajo diferentes gobiernos desde el restablecimiento de la democracia y han generado a veces la creación o pedido de comisiones investigadoras del Parlamento, como sucede en estos días. Estas comisiones tienen un doble filo. Por un lado, conllevan el propósito legítimo de investigar posibles delitos. Pero por otro constituyen también un elemento de propaganda alejado de su función específica y dirigido a desacreditar adversarios.

Para bajar los costos de las campañas, el Frente Amplio maneja opciones inadecuadas porque afectan la libertad de comercio. Van desde eliminar la publicidad en televisión hasta que sea gratis o fijarle tarifas obligatorias. Esta tendencia se integra en las claudicaciones de una propaganda electoral que, en realidad, es permanente, más allá de los límites legales fijados a las campañas. Durante su tramo final, la ciudadanía soporta sonoras avalanchas publicitarias que convencen a pocos y hartan a muchos. Y pese a no estar en período formal de campaña, el gobierno frenteamplista, a diferencia de administraciones anteriores, ha caído en el error contraproducente de recurrir en exceso a las cadenas de radio y televisión. Un ejemplo reciente fue el bajo rating de audiencia que tuvo la última cadena del presidente Tabaré Vázquez, explicable porque 41 minutos de elogios de la propia gestión desalientan la atención del público. Hay tres frentes en los que un gobierno o un partido ganan prestigio y apoyo ciudadano. Uno es la transparencia financiera. Otro es castigar con decisión y sin tapujos las transgresiones de dirigentes propios, más efectivo que atacar a un rival. Y el último es hacer publicidad breve, equilibrada y precisa, en vez de los desvíos y desbordes que ahuyentan votantes en vez de atraerlos.


Acerca del autor

El Observador

El Observador