Empresas públicas en el último lugar

El lastre que arrastra el país por la ineficiencia de las empresas públicas volvió a quedar en evidencia en un seminario del IEEM

El lastre que arrastra el país por la ineficiencia de la mayoría de las empresas públicas, una realidad que todos conocen aunque muchos prefieran cerrar los ojos, volvió a quedar en evidencia en un seminario del IEEM, la escuela de negocios de la Universidad de Montevideo. El experto chileno Domingo Cruzat explicó las ventajas del Sistema de Empresas Públicas (SEP) de su país, organismo que presidió hasta 2014 y que controla en forma directa y con severo criterio técnico la gestión de toda la estructura. Sugirió aplicarlo en Uruguay como forma de apuntalar el buen funcionamiento de las empresas del Estado. Pero es un plan improbable para un país donde el poderío sindical se combina con los nombramientos políticos sin mayor preocupación por la calidad de los servicios.

Esta claudicación fue confirmada en un lapidario informe presentado en el mismo encuentro por el Centro de Economía, Sociedad y Empresa del IEEM. Uruguay apareció último entre 12 países de la región en eficiencia de gobierno corporativo en las empresas públicas. Sobre un máximo de 10 puntos, nuestro país registró 2,8, a la cola de Perú, en el primer puesto, Colombia, Brasil, Panamá, Chile, México, Costa Rica y Argentina. Hasta los llamados países bolivarianos –Ecuador, Bolivia y la resquebrajada Venezuela– superan a Uruguay en el promedio de los cuatro indicadores que toma en cuenta el estudio. Son marco legal, transparencia informativa, conformación de los directorios y ejercicio de la propiedad en cada campo.

No todas las empresas públicas uruguayas funcionan de igual manera. Pero el mejor manejo en UTE y ANTEL no basta para evitar la pobre ubicación promedial uruguaya, determinada por los desastres que han caracterizado a ANCAP desde hace años, por la incapacidad de OSE en asegurar el suministro a largo plazo de agua potable o por la debacle de AFE. El informe del IEEM reveló además que entre 2002 y 2016 el 86% de los presidentes de los directorios de las empresas estatales carecía de estudios en dirección de empresas, exigencia elemental para el manejo exitoso de cualquier firma.

Cruzat explicó que el consejo directivo del SEP chileno controla en forma mensual la evolución presupuestal de las 21 empresas públicas de su país y se reúne separadamente, y en forma periódica, con el presidente y el gerente general de cada una para evaluar la marcha de cada proyecto o área de actividad. La base del éxito del sistema chileno es la exigencia de alta capacitación técnica al designar a las autoridades de cada empresa y en la integración del propio consejo del SEP, de nueve miembros. Y es aquí donde radican las flaquezas de la estructura empresarial del Estado uruguayo.

El SEP no es necesariamente trasplantable a nuestro país. Lo que se necesita es poner al frente de cada empresa, tanto en el directorio como en el sector gerencial, técnicos con sólida formación profesional, así provengan del partido gobernante, de la oposición o sean independientes. Recién cuando salieron a luz las gigantescas pérdidas de ANCAP por gestión incompetente, el gobierno optó por poner al frente de la empresa una persona elegida por su formación técnica y no por su peso partidario. Ya que las empresas del Estado y sus nocivos monopolios están para quedarse, y sin llegar al modelo chileno, al menos hay que generalizar la capacidad técnica y no las prebendas partidarias en todos sus cargos de dirección.


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