En adopciones "el sistema es lento e inconveniente"

El ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia opinó que la internación de menores en INAU atenta contra sus derechos y que la Justicia está colapsada
Más de 4.600 niños permanecían internados en hogares del Instituto del Niño y Adolescente (INAU) a la espera de que la Justicia resolviera si devolverlos con su familia de origen o asignarles una familia adoptiva a fines de 2016. De estos, 56% tenían entre 0 y 3 años y 29% entre 4 y 12 años. Se calcula que cada 100 mil habitantes 400 niños están internados en hogares, lo que posiciona a Uruguay como uno de los países de la región con mayor proporción de menores institucionalizados en relación a la población. La cifra es siete veces mayor que la de Brasil, cuatro veces más que la de Paraguay y tres veces más que la de Argentina, según el estudio Internados elaborado por Unicef en 2013.

En diálogo con El Observador el ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, Eduardo Cavalli, opinó que el sistema de justicia es "lento e inconveniente" en esta materia y además está "colapsado" por la falta de juzgados especializados en el tema. Asimismo, Cavalli criticó a la legislación por "centralizar" la resolución de estos casos en la figura del juez, sin contar con el respaldo de profesionales que le ayuden a discernir qué es lo mejor para el niño.

¿Por qué motivos los niños son internados en hogares de INAU? ¿Qué situaciones son más frecuentes?
Porque hay familias que no están en condiciones de atenderlos. Obviamente se da cuando la familia no cumple su rol o es tóxica respecto al niño. Muchas situaciones se plantean por tema de drogas, de muchachas que no pueden cumplir su rol materno porque no están capacitadas. Eso es permanente. Pero también hay casos de abandonos y padres ausentes.

Organismos internacionales como Unicef y ONU han afirmado que las institucionalización de niños en hogares y residencias tienen un impacto negativo en su desarrollo y atenta contra sus derechos humanos. ¿Está de acuerdo con esta apreciación?
Todos los seres humanos tenemos derecho a vivir en familia y particularmente los niños. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que la familia es el lugar fundamental y el indicado para la enseñanza de los niños. Por eso, cuando se da este tipo de situación, la ONU propone una serie de soluciones alternativas para que el niño ejerza ese derecho a vivir en familia aunque no sea en la suya de origen. La internación, que es una práctica que está consolidada en Uruguay desde hace décadas, supone una violación a ese derecho de vivir en familia. Como abogado no puedo decir cuáles son los efectos perniciosos, lo que sí digo es que hay una escala legal de soluciones para el niño. Primero se prefiere a la familia biológica, en segundo lugar a la familia extensa (otro miembro de la familia biológica que pueda hacerse cargo del niño), luego las familias amigas o cuidadoras y en el último escalón –cuando no haya otra posibilidad– la internación, siempre que sea por el menor tiempo posible. Eso significa que un niño internado tiene derecho a estar en una situación mejor. Hay muy buenos tratos, lugares confortables, está todo bien, pero un hogar de ese tipo no es el hogar naturalmente aceptable para un niño.

¿En Uruguay la internación de los niños en hogares es la última opción?
Creo que estamos en un momento de cambio pero realmente sigue siendo deficitario. El número de internados en Uruguay proporcionalmente es altísimo. ¿Por qué esto es así a pesar de que tenemos una ley que nos dice que la internación es el último recurso y por el menor tiempo posible? Supongo que son pautas culturales. Entendemos que el Estado, que INAU y un hogar nos aseguran que el niño no será vulnerado en otros derechos. Creo que hay una versión también muy adultocéntrica en el sentido que nos falta todavía ponernos en el lugar del niño. Hace unos años hubo un caso de violencia doméstica donde el padre quitó la vida a la madre de dos niños pequeños. Con la mejor buena intención la Justicia intentó que esos niños vivieran en el mismo hogar pero la resolución de ese asunto demoró 30 días y mientras tanto los niños permanecieron internados en el Hospital Pereira Rossell. Creo que es una falla clarísima del sistema de justicia pensar que si los mantenemos en el hospital van a estar cuidados, calefaccionados y demás; pero me pongo en el lugar de esos niños, lo que deberían haber sufrido y encima viviendo esa situación todo por un purismo procesal. Me parece que ese caso es demostrativo de que no asumimos que las decisiones de los grandes pueden lastimar a los niños si seguimos resolviendo las cosas como en el siglo XIX.

¿Cuál es el tiempo promedio que pueden estar internados los niños?
La inmensa mayoría de los casos se resuelven rápidamente. Hay muchos casos que demoran más pero la razón de la demora no es una mera desatención judicial o un error, sino que muchas veces viene por un conflicto de derechos. Por ejemplo, hay una madre que eventualmente podría estar en condición de hacerse cargo de su hijo pero tiene un consumo problemático de drogas. Siempre el juez se pone en el lugar del niño y en ese caso podría ser que el niño quiere que su madre se recupere para vivir con ella aunque sea en la pobreza. Se desata entonces toda una cuestión allí para procurar que esa madre desarrolle herramientas como para mantener a ese niño: si consigue vivienda, si garantiza que el niño va a estar correctamente atendido en sus necesidades. A veces es necesario también un periodo de observación. Esa labor de intentar integrar al niño con su madre, con su familia biológica, puede demandar meses y entonces vemos ese fenómeno. en vez de dos meses capaz que pasaron seis, siete u ocho porque para la Justicia hay una luz de esperanza de que la madre pueda hacerse cargo del niño.

Pero la ley establece un plazo de 45 días para que el juez resuelva el destino del niño. ¿Esto significa que es imposible cumplir la norma?
En la mayoría de los casos se resuelve mucho antes de los 45 días pero nos quedan otros casos donde no. Esta muy bien lo de 45 días pero a veces es imposible cumplir lo que previó el legislador. Con la mejor buena voluntad, no se puede. Hay que pensar también que ha fallado la herramienta procesal porque los juicios por definición suponen el respeto a una serie de garantías: el juez toma una resolución, antes de cumplirla debe esperar que pase el tiempo por si alguna parte quiere recurrirla, luego debe comunicar esta resolución para el cumplimiento... no es un trámite administrativo. Un juicio de por sí es complicado porque está INAU velando por los niños, hay un defensor de ese niño, está la fiscalía, el ministerio público, hay una madre, un padre, abuelo, tíos, gente que forma parte de ese juicio y en general lo que está bien es que todos procuremos lo mejor para el niño.

¿Existe algún plazo mejor?
Es muy difícil establecerlo porque depende de cada caso. Pero la trascendencia no es menor. He trabajado en el Poder Judicial en una comisión que ayuda a personas a encontrar sus vínculos. Hemos detectado por el contacto con estas personas que una vez que conocen cuál es su situación llevan una búsqueda desesperada por ubicar a la madre y los hermanos. Me llama poderosamente la atención que todos dicen lo mismo: "Me hubieran dejado con mi madre". Eso nos da un panorama que nos alienta a trabajar con el mayor cuidado para no irrumpir en ese proceso y tratar de rescatar si es posible ese vinculo. A veces no con la devolución de ese niño a la familia biológica, de pronto es necesario una familia adoptiva, pero la ley uruguaya garantiza que si el niño quiere tener contacto con su familia biológica lo va a tener.

¿Cuál sería el camino a seguir para que los plazos de la Justicia no sean tan largos en materia de adopciones?
Los juzgados que se encargan de esta temática (juzgados de Familia Especializada) están absolutamente desbordados de trabajo. Me consta que los jueces que asumen estos casos trabajan con la mayor diligencia pero es imposible atender estas situaciones porque a cada asunto se suman otros sobre violencia domestica, amenaza o violación de derechos, más allá del derecho a vivir en familia. Los jueces asumen todos estos casos en un número que ronda los 1.500 anuales y entre ellos se puede mezclar una situación de un niño que está separado de su familia biológica. El juez trabaja como puede. No es que tenga una tarde o dos o tres para ocuparse de ese caso, interrogar testigos, ver a los vecinos, a la familia ampliada y a la biológica.

¿La carencia está en que no hay juzgados especializados en temas de infancia y adopción?
En esta temática no hay, el juzgado está especializado en muchísimas cosas. Entonces a veces los casos de infancia tienen que resolver en minutos por el volumen de casos que hay anualmente. Sobre todo creo que el gran error de la legislación uruguaya es que sigue centralizando todo en la figura del juez. El juez es el que recibe la denuncia de la situación, el que arma el expediente, el responsable de conseguir las pruebas adecuadas y luego resolverlo. Desde siempre propongo que a cada niño se le asigne una defensa que se encargue de conseguir todo este material y se lo lleve al juez para que resuelva, porque creo que esto es más natural a la forma que tienen de resolverse los juicios. No solo es un sistema lento sino que es altamente inconveniente porque la cantidad de asuntos que tiene para resolver hacen que el sistema colapse. Realmente el sistema está colapsado. Hay muchas personas que de repente no pueden acceder adecuadamente al sistema de justicia por ese volumen de casos y sobre todo por la forma de ser de los juicios donde al juez se lo responsabiliza todo.

¿En qué ámbitos planteó esta falla del sistema? ¿Se está evaluando hacer cambios en la forma de proceder?
Durante una reunión con la comisión de población, desarrollo e inclusión del Senado y la Asociación de Magistrados semanas atrás planteamos estos mismos números y la dificultad del acceso a la Justicia ya que la ley para la protección integral de la mujer contra todo tipo de violencia va a generar una demanda extra cuando el sistema judicial ya está absolutamente colapsado. Incluso tenemos temor de que el sistema de niñez se vea también bastante afectado porque van a haber recursos que se van a destinar a la cuestión género y no hay aparentemente ningún ambiente presupuestal. Cuando se previó la ley de violencia doméstica en el año 2002 los jueces supuestamente iban a actuar cada uno con un equipo de peritos. Esos equipos de peritos, que son fundamentales para la resolución de los casos, están absolutamente diezmados y atrasados en su trabajo. Las cosas que tienen que hacer en diez días después las hacen en cuatro meses porque el número de asuntos los supera a ellos también y el Poder Judicial no ha tenido en las últimas instancias judiciales reconocimiento a estas necesidades.

¿Cuál sería entonces la mejor solución?
Hay dos líneas de trabajo que creo que tenemos que resolver. Una es determinar la cantidad de recursos necesarios para mantener una respuesta del sistema judicial adecuada. Con la demanda que hay y los recursos queda mucha gente sin acceder a la justicia. A veces hay resoluciones telefónicas y la gente no puede ni siquiera llegar al tribunal porque los jueces tienen que ir viendo entre los casos que llegan qué es lo más importante y a qué se le da prioridad. En segundo lugar, es fundamental cambiar la mentalidad que tenemos de mantener estos procesos que son propios del Medioevo, porque el sistema funciona mucho mejor si es un sistema. En definitiva lo que precisamos es un abogado y un equipo técnico que lo ayude. Eso aceleraría muchísimo este tipo de juicios y no tengo dudas de que la respuesta sería mucho mejor. Los jueces no nos formamos en estas cuestiones lo suficiente. La resolución de qué es lo mejor para un niño tiene que ser resorte de trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras en base a trabajar y lograr rápidamente que en una semana se vea todo el panorama del caso.

Oficina de búsqueda de orígenes

La Suprema Corte de Justicia encargó la elaboración de un reglamento para que las personas que buscan sus orígenes puedan tener acceso a sus partidas de nacimiento y toda información referente a su familia biológica y su adopción. Asimismo, el Poder Judicial está diseñando la apertura de una nueva oficina donde se atiendan estas solicitudes y se brinde asesoramiento. La idea, contó Cavalli, es que la Justicia pueda facilitar a los adoptados el acceso a los documentos donde se constata la adopción pero que suelen estar dispersos en varios organismos y muchas veces requieren una autorización judicial previa para su acceso.

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