En Argentina el efecto López recién empieza

Con el correr de las horas, el "caso López" va dejando de parecerse a uno más en la larga saga de situaciones que afectan a funcionarios corruptos. Más bien, empieza a tomar las características de un "big bang" de consecuencias todavía impredecibles.

Por lo pronto, lo que ha quedado en evidencia tras el episodio de los casi US$ 9 millones guardados en los bolsos que se pretendía esconder en el ya célebre monasterio de General Rodríguez, es que hay un entramado de corrupción que excede las conductas individuales y que afecta a todo un sistema.
Es, probablemente, el único tema en el cual todos han mostrado acuerdo, desde Cristina Kirchner hasta el jefe de gabinete, Marcos Peña, y desde la Cámara de la Construcción hasta los medios de comunicación adictos al "proyecto K".

Por eso, la sensación que empieza a instalarse es la de que esta vez será difícil que los castigos recaigan exclusivamente sobre un funcionario, sino que puede afectar a todo el sistema, lo cual incluye no sólo a los políticos corruptos sino también a los empresarios que les pagan coimas para acceder a los jugosos contratos de obra pública.

Hacia allí apunta el intento de defensa de Cristina, porque la ex presidenta, ante la situación de "in fraganti" en que fue hallado López, no pudo ya recurrir a su tradicional argumento conspirativo. Y, puesta en la situación de tener que dar explicaciones, decidió enviar un mensaje claro a todo el ámbito político, empresarial y judicial: si se pretende castigar a un gobierno, habrá que castigar a todo el sistema.

Es el mensaje entrelíneas que se deja ver tras la frase: "El dinero que el ingeniero López tenía en su poder, alguiense lo dio. Y no fui yo (...) Que nadie se haga el distraído. Ni empresarios, ni jueces, ni periodistas, ni dirigentes. Cuando alguien recibe dinero en la función pública es porque otro se lo dio desde la parte privada. Esa es una de las matrices estructurales de la corrupción a lo largo y a lo ancho de nuestra historia y de la universal".

Obligada a ajustar el discurso

Las palabras de la expresidenta dejan en claro dos cosas: primero, la necesidad de satisfacer una demanda de la propia masa militante. En las últimas horas, connotados adherentes al proyecto K –incluyendo legisladores, artistas, comunicadores y tuiteros varios– se han mostrado abatidos como nunca, y en abierto reclamo de una autocrítica y "operación limpieza".

Y segundo, que los mismos argumentos exculpatorios de otros momentos ya no pueden utilizarse, de manera que no es imaginable otra vez una situación como la de hace dos meses, cuando gracias a su habilidad retórica para la autovictimización transformó su comparecencia ante un juzgado en un acto político de apoyo a su figura.

El 13 de abril, frente a los tribunales de Comodoro Py, donde tuvo que acudir para responder en la causa sobre la venta de dólar futuro, su argumento estaba servido en bandeja: se pretendía "enjuiciar" no a un grupo de funcionarios sino a todo un proyecto de país. Una de sus frases preferidas a lo largo de sus ocho años de presidencia es que al kirchnerismo se lo criticaba no por lo que hizo mal, sino por lo que hizo bien: desde ese punto de vista, vender dólar a futuro a $10 cuando en Wall Street cotizaba a $16 era una forma de defender el poder adquisitivo y la producción nacional.

"Me pueden citar veinte veces. Me pueden meter presa, pero no van a hacer que deje de decir lo que pienso", desafió Cristina, en cuyo discurso resultaba obvio que sólo con la persecución política y la distracción mediática que supone citarla a declarar se puede llevar adelante un programa económico de ajuste como el que impulsa Macri.

Pero ahora, en comparación con aquella ocasión, el argumento defensivo parece mucho más complicado. La situación "in fraganti" que vivió López hace que sea imposible hablar de persecución, ni de una causa judicial "armada", ni de una pantalla de humo destinada a sacar al tarifazo de la agenda pública.

Impredecibles consecuencias

Cristina tendrá que actuar con dos argumentos, uno de defensa y uno de contraataque.
El defensivo implica persuadir a la opinión pública –o al menos a la militancia K– de que López tenía una habilidad superlativa para pasar todos los controles y que guardaba todo el dinero mal habido para sí, sin compartirlo con nadie. No será fácil. Sobre todo cuando sus rivales políticos se proponen demostrar que la plata de López era de De Vido.

En ese marco, a Cristina le queda el argumento del ataque: el de recordar que siempre que hay un funcionario corrupto que recibe una coima, es porque del otro lado del mostrador hay empresarios que pagan. Y apostar a que la sola mención del tema genere en el gobierno y en el empresariado un temor de tal magnitud que los vuelva sus aliados a la hora de ponerle paños fríos al tema.

Es que es allí donde el temor deja de ser patrimonio exclusivo del kirchnerismo, para pasar a afectar a gran parte de los contratistas del Estado, que durante 12 años han aprendido a convivir con este esquema de obras públicas. Entre los empresarios más activos en ese rubro figura Ángelo Calcaterra, primo hermano de Macri, a quien le compró en cuotas la constructora Iecsa.

Con semejante marco, es apresurado decir que el gobierno está contento por la desgracia kirchnerista.
Está claro que en el corto plazo lo beneficia, porque recupera apoyo social en un momento en el que la economía no ayuda. Pero también tiene claro que los procesos de "mani pulite" no siempre salen como se espera.

Lo que empieza como la condena a un funcionario puede rápidamente mutar en la condena a todo un gobierno, y luego a toda la clase política y luego a todo un sistema. No está tan lejano el eco del "que se vayan todos" y, por cierto, ahí está el ejemplo cercano de Brasil para entender que la furia de la ciudadanía, una vez que se hartó del "roban pero hacen", ya no se satisface con un castigo ejemplar, sino que pide más.

Las claves

ATRAPADO. En la madrugada del martes la Policía atrapó in fraganti a José López, exviceministro de Obras Públicas de Argentina y actual diputado del Parlasur, tratando de esconder bolsas con casi 9 millones de dólares y relojes de lujo en un convento de la localidad de General Rodríguez, a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

Tribunales. El jueves fue llevado a declarar ante la Justicia, pero el exfuncionario se negó. Antes, se mostró perdido, se golpeó la cabeza contra la pared y pidió cocaína a los gritos a la Policía mientras estaba detenido. Está acusado de haber incrementado "de manera apreciable" su patrimonio "ilícita e injustificadamente".