En China el sindicalismo se abre paso entre las fábricas y la cárcel

El Partido Comunista teme que estas actividades terminen en revueltas
La policía china irrumpió de madrugada en casa de Wu Rongpu para llevarse a su esposa, una militante sindical, dejando a su bebé de un año llorando desconsoladamente.

"Entraron en la habitación y rompieron todo lo que pudieron" en busca de pruebas sobre la implicación de su mujer, Zhu Xiaomei, en una pequeña organización local de defensa de los derechos de los trabajadores, cuenta Wu Rongpu en la provincia de Guangdong (sur), centro neurálgico de la agitación obrera del país.

La semana pasada, un mes después de su arresto, fue inculpada por "organización de concentraciones públicas para alterar el orden social", por lo que podría ser condenada a siete años de cárcel.

Esta china de 36 años de edad participó en los conflictos sociales de Panyu, un distrito del sur de Cantón, cuyos puertos y fábricas contribuyeron al despegue económico del país.

Pero la desaceleración del crecimiento y el cierre de fábricas dispararon el número de huelgas y manifestaciones: 2.774 en todo el país en 2015, o sea más que en los últimos cuatro años juntos.
Reclaman sobre todo el pago de salarios, afirma el China Labour Bulletin (CLB), un observatorio de los movimientos sociales en este país con sede en Hong Kong, que defiende la libertad sindical.
La provincia de Guangdong, conocida como el "taller del mundo", registró dos veces más huelgas y manifestaciones que las demás.

La pesadilla del Partido Comunista Chino (PCC) es que las huelgas se conviertan en revuelta política, mediante la intervención de sindicatos libres.

El espectro de Solidaridad

"La agitación obrera es lo que le quita el sueño al PCC", asegura Eli Friedman, experto en relaciones sociales en la universidad estadounidense de Cornell. El partido único chino –dice– siguió muy de cerca el fenómeno del sindicato Solidaridad en Polonia y su contribución a la caída del comunismo.
Para evitar un desempleo masivo, Pekín gastó centenares de millones de dólares para apoyar a empresas con apuros financieros, en tanto controlaba las redes sociales internautas, vectores de los llamamientos a manifestarse delante de una fábrica, o en la plaza Tiananmen.

La detención en diciembre de Zhu Xiaomei, junto con al menos otros cuatro miembros del "Centro de servicios para los trabajadores de Panyu", forma parte de una represión contra la sociedad civil que ya ha afectado a los abogados.

Zhu se limitaba a la defensa de los trabajadores, según su marido. Pero el Diario del Pueblo, órgano del PCC, considera que tanto ella como sus colegas "conspiraron entre bastidores para organizar y controlar las huelgas" que "alteraron gravemente el orden social", e iban dirigidas contra el gobierno por ser financiadas desde el extranjero, y en particular por el CLB.

Un empleado de la fábrica que trabajó con ella declaró, bajo anonimato, que les había "brindado conocimientos jurídicos y enseñado a no quebrantar la ley. Dio mucho y la sociedad se lo paga con este tipo de calumnias...".

Aparentemente, sin gran efecto disuasorio, en el país hubo más de 60 huelgas en la primera semana de enero.

Conflicto de intereses

Según Geoffrey Crothall, del CLB, los grupos como el de Zhu desempeñan en realidad un papel moderador animando a los empleados a defender sus reivindicaciones "razonables", es decir "exactamente lo contrario de lo que pretende el gobierno".

El sindicato oficial, la Federación de los Sindicatos de China (ACFTU), es el único autorizado a negociar. Pero muchos no se sienten "representados correctamente" por el mismo, estima Friedman.
"Es usual ver al responsable de recursos humanos ocupar el asiento sindical, lo que genera un conflicto de intereses evidente", dijo.

Wu Rongpu pudo visitar en prisión a su mujer, que estaba irreconocible. Se conocieron en la fábrica Hitachi Metals, en la que ella quiso crear un sindicato. La despidieron, una decisión que no hizo más que animarla aún más en su empeño.

"No te preocupes, no necesitas llamar a un abogado. Cuando les explique la situación (a los investigadores) no nos pondrán dificultades", escribe en una carta que le entregaron las autoridades.
Wu no le hizo caso y llamó a uno. El único problema es que la policía le niega el acceso para visitar a su defendida.

(AFP)


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