En el FA alertan sobre costo político de cambiar o derogar abuso de funciones

En el Frente Amplio reconocen que la derogación del delito de abuso de funciones votado por sus legisladores en el Senado se ha convertido en un problema que amenaza con dividir una vez más a la coalición y con provocarle costos electorales de alcances inabarcables.

Es así que en un documento interno elaborado este sábado, al que tuvo acceso El Observador, la Mesa Política del Frente Amplio recabó los pros y los contras de las iniciativas de aquellos sectores que quieren apoyar a rajatabla lo ya votado por los senadores, y los que se oponen a una derogación lisa y llana del delito.

"Que nunca habrá un buen momento político para derogarlo por lo que el precio ya se pagó y más difícil sería hacerlo en la etapa electoral. Que no deja margen de duda en casos presentes ni en futuros de compañeros que injustamente puedan haber sido o ser procesados por este delito injusto", dice el escrito del FA resumiendo la postura de los que quieren derogar el delito.

También destaca que los senadores del FA ya votaron su derogación "y no hacerlo representaría desconocer lo planteado" por esos compañeros. Además, si la Cámara de Diputados modifica el proyecto deberá ser tratado nuevamente por la cámara alta. Por otra lado, la Mesa Política del FA señala algunos de los argumentos de aquellos que se oponen a la derogación y plantean otros caminos. "Que la oposición busca plantearlo como intención de salvar a nuestros compañeros en el gobierno y que la población no entienda o lo entienda como una salvaguarda de futuros problemas representando un alto costo político. (...) Que no existan los votos necesarios para aprobarlo y pagar un alto costo político", se señala en el documento.

Porque si bien los senadores del Frente Amplio votaron sin fisuras la derogación de este delito, en la Cámara de Diputados algunos sectores, como la Liga Federal y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), se manifestaron contrarios a ese camino y, en contrapartida, buscan modificarlo. El FA necesita contar con los 50 votos de sus legisladores para aprobar la derogación ya que ningún opositor tiene previsto respaldar ese camino.

Dentro de las modificaciones que plantearon desde el PVP –y que coinciden con la propuesta presentada en el 2014 por la bancada del FA en relación al proyecto del nuevo Código del Proceso Penal– se sugiere que el abuso de funciones solo proceda cuando haya violación de alguna ley, que se castigue solo cuando existe dolo y un daño económico a la administración pública o a un tercero.

Por otra parte, la Liga Federal –sector que según el texto presentó una fundamentación "profunda e importante"– planteó que se pueda aplicar el abuso de funciones aún cuando no se produzca un beneficio propio, considera al enriquecimiento patrimonial como un agravante, y precisa que no es necesario que se produzca dolo para que se pueda tipificar del delito.

Durante la reunión de este sábado de la Mesa Política del FA también se hizo referencia a la propuesta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que depende de Presidencia, y que prefiere una modificación de la ley a una derogación. Según señala el documento del FA, las objeciones que se plantearon tanto sobre la propuesta del PVP y de la Jutep es que en ambos casos el abuso de funciones continúa sin ser definido. Particularmente en el caso de la propuesta de la Jutep, integrantes de la Mesa Política plantearon como "principales objeciones que agrava el delito, mantiene lo difuso y agrega el daño moral, lo cual hace perder aún más garantías".

En el medio quedó la lista 711, del exvicepresidente Raúl Sendic, que propuso derogar la ley para cumplir con lo definido por los senadores, para luego analizar cuáles serían las modificaciones planteadas. Por el delito de abuso de funciones fueron procesados el exministro de Economía, Fernando Lorenzo y el expresidente del BROU, Fernando Calloia. En agosto, el fiscal del caso, Luis Pacheco, ratificó el pedido de condena contra ambos por su rol en el otorgamiento del aval "exprés" a la aerolínea española Cosmo para que participara en el remate de aviones de Pluna. Asimismo, en la causa por presuntas irregularidades en la gestión de ANCAP, Sendic también podría ser acusado de cometer abuso de funciones.