En FA rechazan derogar abuso de funciones y proponen alternativas

La bancada oficialista creó una comisión para analizar el tema
Ante las diferencias internas en la izquierda luego de que el Senado votara la derogación del delito de abuso de funciones, la bancada de Diputados del Frente Amplio creó un grupo de trabajo especial para debatir sobre el tema. Entre los representantes oficialistas de la cámara baja hay quienes se oponen a derogarlo y gana espacio la idea de negociar una redacción alternativa.

El coordinador de la bancada de Diputados del Frente Amplio, Jorge Pozzi (Nuevo Espacio), informó a El Observador que "se va a formar un grupo de trabajo que va a hablar del asunto".

"Eso puede determinar que queda todo como está, que se modifica todo, o que no sale nada. Mil cosas pueden pasar ahí", sostuvo.

Pozzi integra el sector que impulsa la derogación del abuso de funciones, delito por el que fueron procesados el exministro de Economía e integrante del Nuevo Espacio, Fernando Lorenzo y el expresidente del BROU, Fernando Calloia.

Pese a la derogación votada en el Senado, en Diputados crece el rechazo a la resolución.
Al Frente Amplio le es imprescindible un acuerdo con la oposición porque desde este año quedó en minoría en Diputdos tras el alejamiento de Gonzalo Mujica.

Tanto la Liga Federal como el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), opuestos a la derogación, presentarán redacciones alternativas a la actual. Además el diputado astorista José Carlos Mahía impulsará la "regulación" del delito, pero no su derogación.

La redacción vigente del artículo 162 del Código Penal establece: "El funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría".

El PVP presentó este martes un proyecto de redacción alternativa: "El funcionario público, que mediante abuso de funciones dictare o ejecutare actos arbitrarios u omisiones de igual carácter, que sean contrarios a la Constitución, las leyes o las obligaciones establecidas anteriormente, que perjudiquen financiera o moralmente o al Estado o a terceros, aun sin beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado...", dice la propuesta que dejó a consideración posterior la pena.

El diputado del PVP, Carlos Coitiño, afirmó que en la reunión de la bancada oficialista "predominó la línea de rechazo a la derogación lisa y llana".

"La óptica de trabajo es ver si encontramos el acuerdo, que además va a ser una propuesta que tiene que aceptar también la bancada de senadores, porque si se modifica la decisión tomada vuelve al Senado. Estamos recorriendo el camino", dijo Coitiño a El Observador sobre la comisión conformada. En la misma línea a la del PVP, los asesores legales de la Liga Federal, sector liderado por el diputado Darío Pérez, preparan una alternativa.

El presidente de la Cámara de Diputados, Mahía, advirtió en una columna que "el camino posible hoy es la regulación" y "no la derogación".

"La Cámara de Diputados tiene ahora la oportunidad de la derogación pura y dura tal como viene del Senado o de lo contrario buscar un camino de la regulación, que focalice mejor el 'abuso de funciones': dar reales garantías para hacer Justicia. Quizás este camino pueda servir para lograr un acuerdo superior, que aleje la tentación de la demagogia", sostuvo.

Al Frente Amplio le es imprescindible un acuerdo con la oposición porque desde este año quedó en minoría en Diputdos tras el alejamiento de Gonzalo Mujica.

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