Enfoque desviado sobre inflación

Los "controles" sindicales sobre los precios de alimentos y otros productos de consumo masivo no solo vulneran la libertad de comercio

Los “controles” sindicales en supermercados y medidas gubernamentales para controlar precios de alimentos y otros productos de consumo masivo no solo vulneran la libertad de comercio. Aunque se pregonan como acciones para combatir la inflación, son inefectivas porque poco y nada tienen que ver con sus causas básicas. El Índice de Precios al Consumo (IPC) no sube porque algunos proveedores privados de bienes y servicios no monopólicos puedan excederse en remarcar lo que venden. En ese caso, los consumidores tienen la opción de no comprar donde está más caro y hacerlo en cambio en otros comercios o en las diarias ferias vecinales.

Pero en un fenómeno de origen monetario, la demanda dispara los precios por el escaso resultado de la política restrictiva del Banco Central a través del aumento de los encajes que los bancos deben inmovilizar como instrumento para restringir los créditos y retirar del circuito dinero que vaya al consumo. Y colaboran activamente en acrecer el IPC, el gasto público, la política salarial y las altas tarifas dispuestas por el gobierno, con fines exclusivamente recaudatorios, en servicios públicos monopólicos. En esta última área y a diferencia de la oportunidad de elección que ofrece la competencia en el sector privado, el golpe es ineludible para un público cautivo que no puede prescindir de los combustibles, la electricidad o el agua que le suministra un único proveedor estatal.

Sobre los proveedores privados, el gobierno toma medidas de justificación despareja. Puede ser de utilidad la aplicación para celulares que permita a los consumidores comparar precios en diferentes comercios. Pero el anuncio de que se vigilarán casos de aumentos considerados excesivos no es más que una presión intimidatoria, ya que nada puede hacer a menos que se reinstale un formal control de precios. Igual sentido tiene la creación en el Ministerio de Economía de un registro de comercios con información de precios. El PIT-CNT comparte con el gobierno el premio mayor en la intentada restricción a la libertad de comercio, pese a estar consagrada en el artículo 36 de la Constitución. Establece que solo puede limitarse por ley, que ciertamente no es el caso en la actual ofensiva síndico-oficial.

Primero, la central sindical anunció piquetes, eufemísticamente llamados “brigadas”, en las puertas de supermercados. Su presidente, Fernando Pereira, ha bajado algo la agresividad de esa actitud al asegurar que se tratará de volanteadas y altoparlantes para tratar de disuadir a clientes de ingresar a comercios donde se considera que existen precios abusivos, pero que no se instalarán en sus puertas de acceso. Pero el otro referente principal del PIT-CNT, su secretario general Marcelo Abdala, admitió a El Observador la existencia de “el caso del control de precios”, con intervención de la gremial a través de “denunciar, difundir, hacer propaganda”. Toda forma de control de precios fracasa, como ya ha ocurrido en el pasado, porque conduce inevitablemente al desabastecimiento y al florecimiento de un mercado negro. La actual inflación por encima del 10% y el acrecido déficit fiscal son los mayores problemas actuales para la estabilidad económica y bienestar de la gente. Y ambos son responsabilidad directa del gobierno, por más que, en el caso de la inflación, se le quiera pasar artificialmente el fardo a los proveedores privados del consumo.


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