Enfriamiento de inversión de Aratirí calienta el debate político

La congelación de la millonaria inversión de la minera Aratirí causó “decepción” e “incertidumbre” en el gobierno, que aún no tiene otros interesados en explotar hierro en Uruguay en caso de que la compañía de origen indio se retire definitivamente del país, según supo El Observador.

En ese marco, el gobierno acusó este martes a la oposición de provocar el repliegue de Aratirí debido a los cuestionamientos políticos que hicieron blancos y colorados.

Los principales dirigentes de los partidos históricos respondieron que ejercieron su derecho a obtener información del megaproyecto minero. Además, advirtieron que el anuncio de postergación que hizo en forma sorpresiva el gerente general de Aratirí, Fernando Puntigliano, fue un ejercicio de “presión” sobre el gobierno y el sistema político.
Puntigliano informó ayer que Aratirí decidió “desacelerar” la inversión prevista en Uruguay y que “reorientará” recursos a otros proyectos en Asia .

El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, dijo ayer que el presidente José Mujica recibió con “decepción” la noticia de que para Aratirí la inversión en Uruguay dejaba de ser prioridad.

“Lo conversamos con el presidente y la reacción es de cierta decepción porque a todos nos interesa un proyecto que implica buenas posibilidades para el país a través de los impuestos, de los valores que se pueden captar cuando se extrae un mineral, se procesa y se exporta. Es una inversión muy importante y pensamos que era interesante”, dijo Kreimerman


El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, señaló que la actitud de la oposición generó “incertidumbre jurídica”. Consultado por El Observador, el jerarca cuestionó la triple interpelación que hizo el Partido Nacional y el proyecto de ley del senador colorado Pedro Bordaberry para prohibir la minería a cielo abierto, como la de Aratirí.
“Todos los esfuerzos que hace el gobierno se ven desvanecidos por las acciones del sistema político. Son señales que inquietan a los inversores”, advirtió.

El secretario de la Presidencia señaló que el costo de la decisión de Aratirí “lo tendrán que asumir quienes cuestionaron cada paso que dio el gobierno”. “Se está jugando a la política menor y acá estamos con un gran problema”, sentenció Breccia.

La primera senadora del Frente Amplio y esposa del presidente Mujica, Lucía Topolansky, también la emprendió contra la oposición. Dijo que el “cacareo político” provocó “dudas” en los bancos que financian a la minera.

“Hubo una interpelación temprana cuando el proyecto no estaba todavía ni aprobado, que no se justificó. Fue un cacareo. Y bueno cuando se cacarea… Espero que el proyecto siga adelante aunque sea prioridad cuatro”, expresó Topolansky.

Además de cuestionamientos ambientales y pedidos de nacionalización del hierro, a partir de un planteo efectuado por el diputado nacionalista José Carlos Cardoso, comenzó a crecer entre los blancos la idea de subir el canon a la minera, propuesta que germinó en el gobierno.

El senador colorado José Amorín retrucó y dijo que “las dudas” de Aratirí “responden a las idas y venidas de un gobierno que no sabe si quiere o no esa inversión”.

El senador blanco Jorge Larrañaga, en tanto, dijo que el gobierno “no tiene rumbo” y defendió la interpelación a los ministros de Industria, Vivienda y Turismo. “El Partido Nacional buscaba transparencia en la información, es nuestro derecho”, dijo.

Larrañaga también criticó las declaraciones de Puntigliano. “Son inadmisibles e improcedentes porque buscan presionar sobre el gobierno y el sistema político”, preguntó. El presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Luis Alberto Lacalle Pou, reivindicó la decisión de Aratirí como una consecuencia de los planteos ambientalistas en su contra.

El senador blanco, Jorge Saravia dijo estar en contra del “país minero”. Y dijo: “No vendría mal que Aratirí se fuera del país”, concluyó.