Error penal que debe corregirse

Detrás de las discrepancias están los casos del extitular de Economía, Fernando Lorenzo, y del expresidente del BROU, Fernando Calloia, ambos procesados por responsabilidad en uno de los muchos tropezones de la administración Mujica en su desprolijo manejo del cierre de Pluna. Si el delito se mantiene, ambos dirigentes pueden ser condenados. Si se lo deroga, se librarían de la amenaza penal, lo que preocupa al Frente Amplio por posible pérdida de votos, ya que la oposición acusaría a la alianza de izquierda de indebida protección amiguista. Este tipo de cálculos campea igualmente en filas de los partidos opositores, pese a que en el pasado han sido víctimas también de las injusticias que genera la amplia vaguedad del texto del delito de marras.

Todas estas especulaciones, específicamente reflejadas en el documento de la Mesa Política, son comprensibles pero secundarias. Por un lado, es imposible medir el costo electoral de una pronta derogación del abuso de funciones, ya que falta algo más de dos años para los próximos comicios. Y por otro, ese costo presunto e indefinido, sea cual fuere su posible magnitud, no justifica la reticencia de ningún dirigente o sector político en eliminar una norma penal que nunca debió incluirse en el código.

Es lógico que los partidos políticos sopesen los alcances de hechos delictivos o éticamente censurables que involucren a alguno de sus dirigentes. Lo han vivido los tres partidos mayores. El Colorado hace poco con el escándalo de Cambio Nelson. El Nacional en estos días con las tribulaciones financieras de un intendente y el caso de un diputado que atropelló a una mujer cuando conducía alcoholizado su automóvil. Y el Frente Amplio con la situación de Lorenzo y Calloia y, más recientemente, del exvicepresidente Raúl Sendic. Cada una de estas situaciones ha sido o es manejada por las autoridades partidarias y judiciales, según corresponda.

Pero los cálculos de cualquier partido derivados de casos de este tipo no deben incidir o ser tomados en cuenta al momento de enmendar el grave error de mantener vigente el delito de abuso de funciones. No solo es innecesario porque existen otras disposiciones penales más específicas que permiten castigar cualquier transgresión. Es además improcedente porque abre el camino a la violación arbitraria de los derechos de las personas, cuya protección debe ser obligación prioritaria de todo el sistema político, al margen de banderías o difusas estimaciones electorales.