¿Es una anomalía que América Latina sea tan insegura?

Para el nivel de ingreso per cápita hay una tasa de homicidios mucho más alta que en el resto del mundo

América Latina y el Caribe es la región más insegura del mundo. La violencia y el miedo están en su punto más alto de los últimos diez años. Una pregunta relevante es si esto es normal, dadas las características de la región, o si es una situación anómala.

De acuerdo con las cifras más recientes, en 2012 en el mundo ocurrieron 437,000 homicidios dolosos, lo que equivale a una tasa mundial de 6.2 homicidios por cada 100,000 habitantes (UNODC). Pese a que alberga a menos del 9% de la población del planeta, el 33% de los homicidios ocurrieron en América Latina y el Caribe. Si bien la tasa de homicidios es sólo una dimensión a través de la que se manifiesta el problema de la violencia, es el indicador más confiable por ser un acto que en general se reporta, en comparación con los hurtos, secuestros, violencia doméstica y otras ofensas, que con frecuencia no son denunciadas y cuyas definiciones no están estandarizadas. Aun así, la información disponible sugiere que la ocurrencia de estos actos en América Latina es también desproporcionadamente elevada y en promedio ha crecido significativamente en las últimas dos décadas.

Hay una anomalía latinoamericana que salta a la vista: para su nivel de ingreso per cápita, los países tienen una tasa de homicidios mucho más alta que el resto del mundo (Gráfico 1). La noción generalmente aceptada es que a mayor nivel de riqueza, menor es la incidencia de la violencia. La línea roja indica la posición en la que cada país tendría que ubicar su tasa de homicidios según su ingreso (controlando por la tasa de pobreza y la desigualdad medida por el coeficiente de Gini). Casi todos los países de la región están muy por encima de la línea roja (línea de valores ajustados), es decir, la situación de América Latina y el Caribe es significativamente peor de lo que debería ser para sus niveles de ingreso (y ello no se explica porque estos países sean relativamente más desiguales, ni más pobres).

Un fenómeno similar se presenta en el Gráfico 2, que refleja la relación (parcial, controlando por el logaritmo del PIB per cápita y el coeficiente de desigualdad) entre la tasa de homicidios y la incidencia de la pobreza. Claramente, pese a que la proporción de pobres en nuestra región es relativamente baja, los niveles de violencia son sorprendentemente altos. En cambio, como muestra el Gráfico 3, América Latina y el Caribe es una región con elevados índices de desigualdad. La mayor desigualdad suele estar asociada con mayores tasas de crímenes ya que hay una mayor concentración de víctimas potenciales a las que se les puede extraer bienes valiosos en relación al costo de oportunidad de los delincuentes (Chiu y Madden 1998, Soares 2004). La región además tiende a tener mayores niveles de crimen de los esperados, dada su tasa de desigualdad (controlando por el logaritmo del PIB per cápita y la tasa de pobreza).

Sin dudas, una causa fundamental detrás de este excepcionalismo latinoamericano es el accionar narcotráfico en la región. Sin embargo, creemos que hay más que ello. La región también aparece como un outlier respecto de la incidencia de los crímenes contra las personas y la propiedad, un fenómeno que se observa en muchas ciudades en las que no hay presencia del crimen organizado y del narcotráfico.

Edward Glaeser habla del triunfo de la ciudad, pero las políticas de planeación urbana (o, propiamente dicho, la ausencia de ellas) hicieron de América Latina una de las regiones más urbanizadas del mundo en relativamente poco tiempo. El Gráfico 4 también muestra que América Latina es una región anómala en esta dimensión. Si bien los beneficios de las aglomeraciones son reconocidos, el desarrollo urbano desordenado contribuyó a la emergencia de una abundancia de asentamientos irregulares, segmentación en el acceso a servicios básicos y abandono de la infraestructura pública, entre otros elementos situacionales que podrían facilitar la propagación de actos delictivos.

Dentro de los factores que afectan el costo esperado de cometer delitos está sin dudas el accionar de las fuerzas de seguridad y del sistema de justicia criminal penal. La región parece también ser anómala en estas dimensiones. Aunque la tasa de homicidios ha venido creciendo, la tasa de condenas ha descendido de manera sostenida desde 2007. Según las cifras más recientes de la UNODC, mientras que a nivel mundial 43 de cada 100 homicidios fueron esclarecidos en 2011, en Europa la cifra ascendió a 80, y en América Latina apenas rondó los 20, un tercio menos que apenas cuatro años atrás. Paradójicamente, América Latina y el Caribe también es un outlier en el número de policías que conforman sus fuerzas, con alrededor de 300 policías cada 100,000 habitantes superando ampliamente a los Estados Unidos (200 policías cada 100,000 habitantes). Estas cifras sugieren que hay muchas deficiencias en la región en cuanto al potencial de la policía de disuadir el crimen y de contribuir en las investigaciones de las actividades delictivas.

El sistema penitenciario podría a su vez reducir el retorno económico de la violencia para los que egresan, mediante la readaptación de los individuos a través de intervenciones cognitivas que promueven el autocontrol, la tolerancia y la empatía (ver este post). La realidad no podría ser más distinta: la sobrepoblación de los centros penitenciarios reduce cualquier posibilidad de readaptación y expone a los reclusos a reglas de convivencia interna disfuncionales.

Otro problema en la región es la gran proporción de reclusos sin condena. Esto produce que los internos de bajo riesgo tengan acceso continuo a criminales de alta peligrosidad, lo que puede favorecer una rápida profesionalización delictiva. En ambos casos, el sistema penitenciario sienta las bases para una exitosa carrera criminal e incrementa, en vez de disminuir, la utilidad derivada de cometer actos ilícitos. En efecto, junto con África subsahariana, América Latina, con un 63%, es la región con mayor sobrepoblación en sus cárceles, seguida por América del Norte (51%), Medio Oriente y África del Norte (18%), Asia Oriental (17%), Asia del Sur (12%) y Europa y Asia Central (<1%).

En conclusión, dado su nivel de ingreso per cápita, desigualdad y pobreza, las tasas de crímenes contra las personas y la propiedad son desproporcionadamente altas en América Latina y el Caribe. La región también es diferente en términos de los recursos y su efectividad para reducir el crimen: las cifras muestran, por ejemplo, fuerzas policiales de gran tamaño y pocos esclarecimientos de delitos, y además superpoblación en las cárceles con un alto porcentaje de reclusos sin sentencia (ver además este reporte reciente de la CAF).

Las soluciones son complejas y requieren cambios profundos en el sistema de “incentivos”, definido de una manera bien amplia, a las actividades legales e ilegales (ver este post sobre política racional para combatir el crimen). Es fundamental empezar a construir evidencia sobre qué políticas funcionan y cuáles no funcionan en la región ya que esta evidencia es casi inexistente. La generación de estadísticas confiables y periódicas es fundamental para mejorar el diseño de las políticas y la rendición de cuentas. Invertir en monitoreo y evaluación de las iniciativas es clave para construir este cuerpo de evidencia de buenas prácticas que permita mitigar el crimen y la violencia, los cuales constituyen una clara amenaza al desarrollo de la región.

Autores:

Laura Jaitman, coordinadora del área de investigación en Seguridad Ciudadana y Justicia del BID.

Sebastián Galiani, PhD en Economía (Oxford University), profesor de economía en la Universidad de Maryland y profesor visitante de la Universidad Torcuato Di Tella, en Argentina.


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