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Escollos al presupuesto municipal
El presupuesto de la Intendencia de Montevideo para el quinquenio procura atenuar el déficit de US$ 421 millones dejado por la pobre administración de Ana Olivera y a emprender las obras y mejoras que los anteriores gobiernos departamentales no supieron sacar adelante en los temas más críticos. Las medidas propuestas son en general razonables excepto por un aumento en la carga tributaria, ya excesiva porque la población paga por servicios que no recibe. La viabilidad del proyecto, de todos modos, es incierta, ya que depende no solo de que se obtengan los recursos previstos sino también de un sindicato que, en forma recurrente, traba la gestión de los gobiernos municipales de cualquier signo y color para imponer sus interminables protestas y demandas. Son obstáculos difíciles de sortear, que pondrán a prueba la capacidad de Martínez por un lado para negociar y por otro para no claudicar en el ejercicio de su autoridad.
Además de más impuestos, ahorros en algunos rubros y reasignación de recursos en otros, el intendente confía en dos fuentes de financiamiento voluminoso para empezar a reducir el gigantesco déficit que heredó de su antecesora. Una es asegurar créditos de organismos internacionales, lo que supone incrementar el endeudamiento público. La otra es el proyectado Fondo Capital. El pedido de Martínez de este fideicomiso por US$ 250 millones fue rechazado por la Junta Departamental. Poco después alcanzó un sorpresivo acuerdo con Edgardo Novick para que los ediles de la Concertación aprueben un primer tramo del Fondo Capital por US$ 92 millones. Esta suma será invertida mayoritariamente en los críticos problemas de la basura y el tránsito, bajo control de una comisión en la que la oposición tendrá mayoría. Pero está aún por verse si el acuerdo con Novick se extiende más adelante al resto del total proyectado para el Fondo Capital.
Si todos los cálculos y gestiones financieras le salen bien, Martínez confía contar con US$ 900 millones en el quinquenio para cumplir el doble objetivo de mejorar la recolección de residuos y ordenar el caótico tránsito actual, entre otras obras, y empezar a reducir el déficit heredado. No es menuda tarea conciliar ambas metas en una ciudad degradada por ineficaces gobiernos departamentales. Pero los cálculos contenidos en el proyecto de presupuesto no parecen incluir previsiones sobre la pesadilla de lidiar con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom). Este sindicato está habituado a doblarles el brazo a los intendentes con paros y hasta prepotencia física, actitud que se traduce frecuentemente en suspender la recolección de residuos, agravando la calamitosa acumulación de basurales por toda la ciudad.
Martínez ya ha anunciado que no hay recursos para atender las constantes reclamaciones de Adeom por mejoras salariales y mantuvo para el quinquenio las mismas partidas presupuestales del período previo para este rubro. Esto significa que el personal municipal seguiría percibiendo el mismo salario real que en el período anterior. Que Adeom reconozca y acepte la realidad financiera de la comuna sería una actitud de responsabilidad sindical beneficiosa para la población. Pero los antecedentes del comportamiento de este gremio tornan improbable esa grata sorpresa, lo que multiplica las dificultades que enfrentará Martínez para sacar adelante un proyecto erizado de escollos.
