Esperan que Vázquez envíe ley para prohibir los slots barriales

El Poder Ejecutivo maneja la posibilidad de enviar al Parlamento un proyecto de ley en el que se prohíban las máquinas tragamonedas barriales, negocio que desde hace años se expandió en comercios de todo el país sin control ni regulación.

Según aseguró a El Observador Héctor Silvera, integrante del "Grupo de padres contra las malas costumbres" que se reunió días atrás con el secretario de la Presidencia Miguel Toma, el jerarca les adelantó que el presidente Tabaré Vázquez piensa imponer la idea de "erradicar" esos slots, que en su opinión operan sin autorización. Silvera informó que Toma explicó algunos detalles del texto oficial que prevé considerar "un delito" y no "una falta" ese tipo de actividad que mueve, según estimaciones oficiales, unos US$ 170 millones al año.

Silvera también le preguntó a Toma por los juegos de apuestas on line. Según aseguró, el jerarca de Presidencia le comentó que eso irá en un proyecto aparte en el que está trabajando el Ministerio de Economía. Según supo El Observador a través de operadores privados de casinos, el gobierno se inclina por "regular" ese tipo de apuestas por internet. Actualmente los casinos privados y los que operan con un régimen mixto, no tienen permisos para utilizar plataformas y recibir apuestas on line del mercado interno. Los uruguayos pueden apostar hoy en el exterior con tarjetas de crédito internacional.

En la Dirección de Casinos, el director Javier Chá, que responde a Astori, también es partidario de regular las tragamonedas e incluso redactó un proyecto con ese eje, donde se establecieron una serie de condiciones que debían cumplir los comercios que tengan maquinitas.

Ya en su primer gobierno (2005-2010), Vázquez intentó prohibirlas e incluso envió un proyecto al Parlamento pero no llegó a ser tratado. Cuando lo mandó, el ministro de Economía era Álvaro García, quien hoy está al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En el Frente Amplio –que en aquel momento tenía mayoría parlamentaria igual que ahora–no hay una posición unánime respecto a qué hacer con los slots. Eso implicará que para su aprobación se necesitará una negociación con la bancada oficialista o que sea aprobado con votos del Frente y de la oposición.

En este escenario, el diputado blanco Jorge Gandini (Alianza Nacional) presentó una enmienda al Código Penal referida a los juegos de azar. Según el texto al que accedió El Observador, en el artículo segundo se considera que quien no tenga autorización legal y explote juegos de azar, sin importar la magnitud del lucro que pueda obtener, "será sancionado con una multa de entre 50 y 200 unidades reajustables o prisión, o prestación de trabajo comunitario equivalente". En pesos, esa multa, a valores actuales, va de los $ 41.432 a $ 165.728.

Además, el artículo tres se propone castigar "con doce meses de prisión a tres años de penitenciaría" a quien opere juegos de azar sin autorización legal bajo determinadas circunstancias. Entre ellas, se menciona que la explotación la realice un tercero o cuando se utilice alguna forma asociativa o societaria; cuando se financie algunas o todas las actividades vinculadas al ilícito; cuando la conducta ilícita involucre a más de 10 unidades de juegos instaladas en uno o varios locales; cuando la actividad se financie a distancia a través del ofrecimiento o recepción de apuestas ya sean del territorio nacional o de origen extranjero; y cuando la conducta ilícita se realice en forma clandestina. Otras condiciones que podrán llevar a los operadores de estas tragamonedas a prisión, es cuando la "conducta ilícita" –dice la enmienda propuesta por Gandini– sea la actividad principal del autor; cuando se involucre a menores de edad o incapaces en la actividad, ya sea como operadores o como apostadores, y cuando el que incurriere en el ilícito previsto en la ley fuera un funcionario público.

El camino elegido por el diputado Gandini, de proponer una enmienda al Código Penal, "obliga al Parlamento a pronunciarse a favor o en contra de prohibir y sancionar el juego ilegal o mantener la actual situación", dice la exposición de motivos con la que defiende la propuesta.