Estafa a Fonasa costó al Estado hasta US$ 900 mil por año, según Junasa

Basso aseguró que se irá "hasta el fondo" de la intermediación lucrativa y que se evalúa eliminar la figura del promotor por lo que en diciembre se solicitó a las mutualistas que dieran a conocer los contratos con ese tipo de empresas. "Es un tema que nos preocupa", aseguró Basso. Afirmó que concurrirán a la comisión de Salud del Senado para dar cuenta del proceso.

El presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Arturo Echevarría, explicó que la maniobra junta dos tipos de delitos: la intermediación lucrativa y el registrar dentro del sistema a personas que no tenían un trabajo real.

La estafa involucra a unas 31.000 afiliaciones a lo largo de seis años. En promedio, el Fonasa paga a las mutualistas unos US$ 50 por cápita. Como máximo, aseguró el presidente de Junasa, los trabajadores pueden haber estado inscritos tres meses, porque luego el Banco de Previsión Social (BPS) los da de baja.

Según Echeverría, el Fonasa podría haber perdido por año US$ 930 mil.

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Por esta estafa, la Justicia citó a declarar a unas cinco mutualistas. Basso explicó que no se tienen elementos "para asegurar que estas personas hayan accedido a prestaciones en las mutualistas", lo que se conocerá una vez que avance la investigación.

Una de las directoras del Banco de Previsión Social, Rosario Oiz, afirmó que el BPS se enteró de la maniobra a través de la prensa. Explicó que "no hay empresas que puedan estar en el BPS durante cinco años sin haber pagado las contribuciones de seguridad social".

Sin embargo, la jerarca hizo hincapié en que el BPS comenzó a realizar denuncias penales por irregularidades con empresas desde 2009. Según Oiz, el caso que salió a la luz este martes podría estar vinculado a alguna de las denuncias de años anteriores. "Si responde a las sanciones judiciales en investigación respecto a las denuncias penales que nosotros hicimos, ninguna de esas empresas está vigente hoy", agregó.

Según el proceso que detalló, una vez que se recibe la inscripción de la empresa, se debe presentar la documentación necesaria y luego se da la actividad como iniciada. "Cuando no se hacen aportes durante un mes, allí se empiezan a hacer los controles. Si la empresa no aporta, la primera acción es comunicarse vía telefónica o vía mail", explicó Oiz. Durante 2014, se aseguró en la conferencia de prensa, el BPS realizó 14 denuncias penales por irregularidades.

La directora del BPS afirmó que cuando una empresa queda dada de alta, los trabajadores generan derechos y si bien hay un control, "no puede ser que eso signifique la pérdida de derechos para los que legítimamente los tienen ", aseguró.

Por otra parte, Oiz señaló que en este caso no es masivo sino que se trata de algunas situaciones puntuales.