Estatales quieren impugnar decreto del gobierno

Los funcionarios estatales incrementarán la presión respecto a la aplicación del decreto 401 del año 2008. Esa norma fue la que aplicó ANCAP la semana pasada para concretar descuentos a los trabajadores que, sin realizar paros, tomaron medidas distorsivas que impidieron el normal cumplimiento de los servicios.

“El decreto es inamovible”, declaró anoche a El Observador el presidente de ANCAP, Raúl Sendic.

Además de la coordinación de paros, ahora con el respaldo de la central obrera, el sindicato de los públicos (COFE) recurrirá la norma ante la Justicia y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según lo dijo ayer a El Observador el dirigente Luis Bazzano. Mañana COFE recurrirá por vía administrativa la resolución del director de la Biblioteca Nacional, que invocó el decreto 401 para aplicar descuentos de 50%.

En el Poder Ejecutivo hay tranquilidad respecto a la intervención de la OIT. Brenta señaló que “el decreto de 2008 podrá haber sido cuestionado pero nunca fue motivo de ningún reclamo formal ni ante la Justicia ni ante la OIT ni ante nada. En realidad establece una proporcionalidad cuando se dan paros distorsivos y está establecido en innumerables decisiones del comité de libertad sindical y demás. O sea que si fueran a la OIT mucho peor les iría como les pasó a los públicos, que se clavaron de cabeza”.

La situación planteada ocurre con el telón de la reforma del estatuto del funcionario público que el gobierno impulsa y los gremios resisten. El caso que disparó este enfrentamiento fue el de la refinería de La Teja donde los funcionarios decidieron no descargar un barco gasero lo que puso en riesgo el suministro de supergas. La movilización fue en reclamo de medidas de seguridad. Sin embargo, una vez conocida la decisión de las autoridades de descontar jornales por el decreto 401, el foco del conflicto cambió. Los funcionarios hicieron un paro el viernes, que provocó desabastecimiento de combustible en las estaciones de servicio de todo el país durante el fin de semana. Tras eso, el conflicto se expandió a las demás empresas estatales.

Lejos de dar marcha atrás, Mujica decidió incluso extender ese decreto –pensado para la Administración Central– a todas las unidades estatales.

Voceros sindicales consultados por El Observador están dispuestos a esperar hasta mañana jueves para ver qué pasa con la negociación de ANCAP. A partir de allí, de no arribarse a una solución que satisfaga a los Entes que buscan su derogación, el camino estará despejado para tomar otras medidas. Entre ellas está pedirle al PIT-CNT lanzar un paro de 24 horas contra el decreto 401; recurrir a la Suprema Corte para denunciar su inconstitucionalidad y también está el camino de la OIT. El lunes, un comunicado de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados afirmó que enfrentarán la norma que “reprime la libertad sindical”. Además su mantenimiento llevará a todos los Entes a declararse en conflicto, lo que tensará aún más las relaciones con el gobierno.