Excombatientes y militares darán protección a los jefes de las FARC

Los líderes de la guerrilla colombiana de las FARC serán protegidos por unidades conformadas por rebeldes desmovilizados y efectivos de las Fuerzas Armadas después de que se firme la paz y cumplan con los requisitos para hacer política, dijo ayer el ministro de Defensa.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) esperan llegar este año a un acuerdo para acabar con más de cinco décadas de conflicto, lo que le permitiría a la guerrilla formar un partido político y entrar en la sociedad civil.

La seguridad para los rebeldes desmovilizados es un tema sensible en la negociación de paz que se inició a fines del 2012 en Cuba con el objetivo de acabar el conflicto que ha dejado 220.000 muertos.

"No podemos permitir que la política en Colombia se siga haciendo con armas, ni de las FARC, ni contra las FARC", dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en una entrevista con Reuters, precisando que la seguridad de los rebeldes aún se está discutiendo en las conversaciones de La Habana.

"Como fue en el caso del M-19 habrá participación inicial en sus esquemas de seguridad (de rebeldes desmovilizados)", agregó.

La Unión Patriótica, un grupo político de izquierda surgido en 1985 de un fallido acuerdo de paz con las FARC, fue diezmada por escuadrones paramilitares de derecha que asesinaron a 5.000 de sus dirigentes y partidarios, incluidos dos candidatos presidenciales.

Carlos Pizarro, candidato presidencial de la desmovilizada guerrilla del M-19, también murió en 1990 en un ataque de paramilitares que penetraron su esquema de seguridad, conformado por integrantes de la desaparecida policía secreta.

Pero después el gobierno entrenó e incorporó a guerrilleros desmovilizados del M-19 a los esquemas de protección de los dirigentes del grupo, en una estrategia que funcionó.

Los líderes de las FARC acusados de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad como asesinatos, masacres y secuestros deberán confesar ante un tribunal para recibir una restricción efectiva de la libertad de entre cinco y ocho años, pero no cárcel. Después quedarían habilitados para participar en política.

Expertos en seguridad ven como una amenaza para el posconflicto posibles atentados contra dirigentes de las FARC.

A pesar de que los grupos paramilitares se desmovilizaron en un acuerdo de paz, muchos de sus miembros regresaron a la clandestinidad y engrosaron las filas de bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas y la minería ilegal. Las FARC ven en esas bandas un riesgo para su seguridad cuando se reúnan los combatientes en regiones pactadas con el gobierno antes de entregar las armas. En ese momento, la protección de los guerrilleros también estará a cargo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

El ministro sostuvo que lograr una paz absoluta podría demorar 20 años tras la firma de los acuerdos con la guerrilla.