Exigen resoluciones vinculantes para congreso de educación

La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), Elbia Pereira, dijo a El Observador que las experiencias de los dos congresos pasados (2006 y 2013) han demostrado que para que el congreso sea "real", sus resoluciones deben ser tomadas en cuenta. Además, reclaman que la participación sea "más amplia" y los sindicatos participen de su organización.

Ayer El Observador informó que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) resolvió aplazar la realización del congreso de educación previsto para este año. De esta manera, se incumple la ley General de Educación, que establece que el congreso debe realizarse el año posterior a la asunción del nuevo gobierno nacional.

Por el contrario, la ministra de Educación, María Julia Muñoz dijo a El Observador que el congreso se comenzará a preparar en las próximas semanas. "Se realizará en 2017 y probablemente termine en 2018", agregó.

Según la normativa, el congreso es el ámbito de discusión del Sistema Nacional de Educación, donde participan todos los actores del sector. Tiene carácter asesor y consultor. Esto es lo que quieren modificar los sindicatos.

Pocas consecuencias

El primer congreso de educación se realizó en 2006. Fue convocado Tabaré Vázquez en su primer gobierno y de él surgió la ley General de Educación (2008), que entre otras cosas reglamentó esos encuentros.

Sin embargo, Pereira recordó que muchas otras resoluciones que se tomaron en él no fueron tomadas en cuenta por el Poder Ejecutivo y quedaron en la nada. De hecho, en aquel entonces una de las resoluciones del plenario fue eliminar el Consejo Directivo Central (Codicen) de ANEP, algo que no sucedió.

Con la ley de 2008 ya vigente, el gobierno de José Mujica fue el primero en incumplirla, ya que la convocatoria para el congreso se realizó en 2013. En esa instancia, el eje fue la universalización de la educación media, la generalización de la educación terciaria técnica y tecnológica, la formación docentes y el sistema nacional de educación.

Sin embargo, los reclamos gremiales impidieron que se tomaran decisiones concretas e incluso no se pudieron tratar temas previstos.

A su vez, a participación fue bastante menor respectoo a la de 2006. Mientras que en la primera edición el congreso contó con 1.700 delegados y 713 asambleas territoriales, en 2013 participaron 500 delegados y 256 asambleas.

Al respecto, Pereira manifestó que "se necesita que el congreso sea real". Es decir, que tenga "la más amplia participación posible" y que algunas de "sus resoluciones sean tomadas en cuenta para definir políticas educativas".

La dirigente sindical resaltó que los sindicatos "apuestan a este congreso".

Por esa razón señaló que más allá de las fechas, lo que importa es que esté bien organizado. "No es que estemos de acuerdo con que se haga en 2017, sino que somos conscientes de que para que un congreso tenga importancia en lo que resuelva, tiene que estar bien organizado", expresó.