Expertos difieren sobre legalidad de cambios en la caja militar

Unos dicen que es constitucional, otros que afecta derechos adquiridos
El Poder Ejecutivo parece decidido a llevar adelante una reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (SRPFFAA), más conocido como Caja Militar. Sin embargo, el exitoso pasaje por el Parlamento del polémico proyecto que impulsa el astorismo depende en gran medida de los consensos que se puedan alcanzar. Y, luego, de la necesidad de que la Justicia no impugne los cambios.

Uno de los puntos que más dividen las aguas en el Frente Amplio refiere al momento y a los sujetos sobre los que recaerá la transformación. El ministro de Economía, Danilo Astori, propone una reforma que se haga efectiva de inmediato y que se aplique a los militares que en actividad.

En tanto, el Movimiento de Participación Popular (MPP) alega que un cambio de esa naturaleza puede ser inconstitucional y que la transformación del régimen jubilatorio debería aplicarse solamente para aquellos que ingresen a las fuerzas con el nuevo sistema.

La distinción entre una y otra propuesta se traduce en decenas de años de diferencia para esperar que se corte con la sangría de US$ 450 millones que el Estado pierde anualmente con la Caja Militar, fin primero que el gobierno quiere lograr con dicha reforma.

La constitucionalidad de una reforma del régimen jubilatorio para quienes están en servicio activo concita diferentes opiniones por parte de constitucionalistas consultados por El Observador.

El abogado constitucionalista José Korzeniak no ve ningún inconveniente en que la reforma se aplique para quienes están activos. "No hay ninguna inconstitucionalidad", dijo el especialista a El Observador. Y argumentó: "si fuera así las reformas jubilatorias solo podrían regir para los que empiezan a trabajar o a generar derechos".

Korzeniak señaló que la "retroactividad" de las leyes es un instrumento mal usado en el país. "Una cosa es lo que conviene o lo que no conviene y otra cosa es lo que es constitucional e inconstitucional. En este caso no hay ninguna inconstitucionalidad", insistió.

El abogado Ruben Correa Freitas dijo a El Observador que la reforma se podrá aplicar a todos quienes estén en actividad en el momento de su aprobación. "El régimen jubilatorio por el que fueron amparados se puede modificar para el futuro. Así siempre se hicieron todas las reformas jubilatorias en Uruguay", dijo.

Sin embargo, Correa Freitas señaló que la reforma deberá contemplar un régimen de transición para aquellos militares que se encuentran próximos al momento de jubilación, como tradicionalmente se hizo en el país desde las reformas de la década del 40 a la última en 1996 .

Por su parte, el constitucionalista Martín Risso opinó que si la reforma de la Caja Militar alcanza a quienes están en servicio activo se estaría cometiendo una inconstitucionalidad. "A las personas que hoy son militares no se les puede modificar el régimen jubilatorio", dijo Risso a El Observador.

El abogado argumentó que esas personas tienen "derechos adquiridos" que no se les pueden quitar. Consultado acerca de si el cambio que se hizo en el sistema provisional a partir del régimen de Afaps no constituyó un cambio en las reglas del juego, Risso señaló que en ese caso no se "perjudicó a nadie", a excepción del escenario problemático de los cincuentones que "apareció ahora". "Si el cambio es para mejorar nadie se puede quejar", dijo.


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